El Gobierno quiere que se investigue hasta el final

Sáenz de Santamaría afirma que el Ejecutivo está «sorprendido e indignado». Niega que la «amnistía fiscal» se usase para beneficiar al ex tesorero popular

Soraya Sáenz de Santamaría y Pedro Morené en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros
Soraya Sáenz de Santamaría y Pedro Morené en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros

El Gobierno deja en manos de la dirección del PP las explicaciones y la respuesta a las polémicas novedades que han salido a la luz pública en relación al ex tesorero y ex senador del PP Luis Bárcenas. Con una precisión: que se llegue hasta el final en la investigación y en la depuración de responsabilidades. Desde la oposición y otros sectores ya han empezado a reclamar directamente al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, que dé explicaciones y adopte nuevas medidas para aclarar los hechos denunciados y el origen del dinero que se le ha encontrado a Bárcenas en una cuenta en Suiza.

La postura del Gobierno la marcó ayer la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, quien circunscribió el caso al partido y situó también en Génova el origen de las explicaciones a las preguntas sobre las actuaciones de Bárcenas como gerente y tesorero del PP o sobre si hasta ahora seguía disponiendo de parking, teléfono con secretaria y entraba y salía con normalidad de la sede central. Sáenz de Santamaría defendió el principio de que se aplique la Ley con todas sus consecuencias y que se investigue todo hasta el final. «Los principales interesados en que se depuren responsabilidades somos los que estamos dentro del partido», precisó, subrayando, al tiempo, que es al PP al que le corresponde dar explicaciones, no al Gobierno. Alegó en defensa de esta argumentación que siempre ha diferenciado entre uno y otro desde la silla en la que comparece cada viernes en La Moncloa.

Hecha esta precisión, la vicepresidenta desvió hacia la dirección actual del PP el resto de interrogantes que acompañan al caso Bárcenas, tanto sobre el dinero que se le ha encontrado en Suiza como respecto a otras informaciones como la que publicaba ayer el diario «El Mundo» sobre el supuesto pago de sobresueldos en dinero B a dirigentes del PP durante su etapa de gestión de las finanzas de la organización política. «Si eso se confirmase, sería también la confirmación de nuestra indignación», puntualizó.

Al respecto, aclaró que los ministros habían aprovechado su cita en La Moncloa para intercambiar impresiones sobre el controvertido «caso Bárcenas» y que ella había podido constatar la sorpresa y el estupor por las informaciones publicadas.

A ninguno de ellos le consta –indicó– que haya habido pagos de dinero en B dentro el «aparato» del partido. A ella, que en aquella época era secretaria de Organización Territorial del PP, tampoco. ¿Le consta si tenía otras actividades de dónde pudiese salir el dinero?, se le preguntó. «No estaba al tanto de las actividades del tesorero del PP. No sé lo que hacía ni si tenía otras actividades. Por mis ocupaciones, no trabajaba con él habitualmente», indicó. También dijo que nunca vio sobres de dinero ni se le ofrecieron, y que, por supuesto, «no los habría aceptado».

Preguntada por si pondría la mano en el fuego por toda la cúpula del Partido Popular, indicó que «son las garantías procesales del derecho las que llevan a que nadie tenga que poner la mano en el fuego por nadie hasta que haya una sentencia en un procedimiento judicial» y reclamó que se respetase el trabajo de los tribunales.

En una rueda de prensa monopolizada por el nombre del ex tesorero, la vicepresidenta aprovechó para negar categóricamente que la «amnistía fiscal» que abrió el Gobierno en 2012 tuviese como objetivo ser utilizada como tapadera por Bárcenas, como sostiene el Partido Socialista. El fin era buscar una vía extraordinaria de ingresos para tapar el agujero del déficit público sin tener que hacer más recortes, según manifestó.

En cualquier caso, incidió en que Hacienda le dará toda la información de que disponga sobre la existencia de cuentas en Suiza y la posibilidad de que parte de ese dinero haya vuelto a España y haya sido regularizado. «A la Agencia Tributaria se le han requerido determinadas informaciones, seguirá colaborando en todo lo que el juez, la Fiscalía y las partes estimen oportuno», aseveró

En relación con esta polémica, Sáenz de Santamaría quiso recordar «con toda la prudencia» que el Partido Socialista también llevó a cabo una regularización fiscal y remarcó que este tipo de procesos «nunca se hacen por nadie en concreto».