El Gobierno recurre al TC para suspender la política exterior de Artur Mas

Anula también la apertura de nuevas embajadas de la Generalitat.

Nuevo paso del Gobierno para poner coto al proceso de construcción soberanista en el que sigue trabajando la Generalitat. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, confirmó ayer la decisión del Consejo de Ministros de impugnar ante el Tribunal Constitucional (TC) algunos preceptos de la Ley de Acción Exterior catalana con el objetivo de que el Alto Tribunal declare su suspensión por vulnerar las competencias exclusivas del Estado en esta materia. En concreto, se recurren 17 artículos de la norma catalana, cuatro del Título Preliminar y otros trece del resto de la ley.

Esto va ligado también a la suspensión del decreto de apertura de las nuevas delegaciones de la Generalitat en Roma y en Viena mediante el correspondiente recurso contencioso administrativo que el Ejecutivo eleva ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Estas «embajadas» se sumaban a las que la Generalitat ya tiene en Washington, Londres, París, Berlín y Bruselas, y se enmarcan en el plan de Artur Mas para reforzar su proceso soberanista en el exterior.

La vicepresidenta explicó que el nuevo recurso ante el TSJC fundamenta en que la ley catalana vulnera el artículo 149.1 de la Constitución, donde se distinguen las competencias exclusivas del Estado y aquellas que son atribuibles a las comunidades autónomas, así como el artículo 97, que establece que el Gobierno de la nación es el encargado de dirigir la política exterior.

Las comunidades autónomas, y, por tanto, la Generalitat tienen capacidad para promover determinadas acciones en el exterior, pero coordinadas con la política del Estado y dentro del respeto a la competencia exclusiva de éste en su dirección. Sáenz de Santamaría explicó que el presidente de la Generalitat está aprovechando la citada ley catalana de Acción Exterior para dar cobertura a actuaciones que no se ajustan a derecho, entre ellas la apertura de las delegaciones recurridas. De acuerdo con la norma estatal en esta materia, impulsada en la presente Legislatura por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, la apertura de estas delegaciones autonómicas tiene que cumplir unos trámites que se han desatendido, como el de que el Gobierno central emita un informe que valide su puesta en marcha. Para que se aprueben deben respetar el criterio de que se preserve el principio de unidad de acción en el exterior y que Hacienda considere que cumplen con el principio de eficiencia en la gestión de recursos públicos y de reparto competencial.

El Consejo de Estado emitió un informe el pasado 4 de marzo en el que respaldó el recurso ante el Tribunal Constitucional por entender que la Generalitat no puede interferir en la acción exterior que compete al Estado y que las decisiones recurridas vulneran ese citado principio de unidad de acción exterior. Una vez que el Tribunal Constitucional admita a trámite el recurso, como es lo habitual, acordará de inmediato la suspensión de la ley en cumplimiento del artículo 161.2 de la Carga Magna. Esa suspensión estará en vigor durante cinco meses. Antes de esa fecha deberá decidir si prorroga la suspensión o la levanta. Y la Generalitat puede también recurrir la suspensión de su ley.