El Gobierno reformará 57 organismos públicos y pide eliminar 90 observatorios

Las autonomías tienen en fase de liquidación hasta 535 empresas públicas y el objetivo es llegar a las 700

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado este jueves que, en el marco de la reforma de las administraciones públicas, abordarán la reforma de 57 organismos públicos en el ámbito del Estado y propondrán la supresión de "hasta 90 observatorios", aunque no ha detallado cuáles serán.

Así lo ha asegurando durante su participación en el foro de análisis del informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas que se celebra en el Palacio de la Moncloa y que también contará con las intervenciones del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y el ministro de Industria, José Manuel Soria.

Dentro de este capítulo de racionalización de los organismos públicos, Sáenz de Santamaría ha destacado el esfuerzo que están realizando las comunidades autónomas porque, según ha revelado ya están en fase de liquidación o cerradas hasta 535 empresas públicas de las autonomías y se plantean ser "más ambiciosas", superando las 700.

La portavoz del Ejecutivo ha señalado que en las próximas semanas el Ejecutivo aprobará el anteproyecto de ley de factura electrónica que supone "el fin de las facturas en el cajón". "Lo que está en un registro en Internet, ya nadie lo puede meter en los cajones", ha proclamado.

Además ha dicho que la reforma plantea una nueva "cultura de cooperación y colaboración"entra administraciones, que a partir de ahora tendrán que plantearse "trabajar y planificar juntos". "Todos tendremos que dar explicaciones de por qué no hacemos las cosas de otra manera si podemos hacerlo juntos", ha exclamado, para preguntarse "¿por qué no compartimos medios que cuestan mucho dinero al ciudadano?"

Sáenz de Santamaría también ha apelado al consenso ante la reforma de las administraciones públicas y ha instado para ello a eliminar "cualquier apriorismo de naturaleza territorial o ideológica"porque el objetivo es la racionalización y una mayor eficacia.

"En esto somos todos compañeros y estamos llamados a superarnos", ha señalado la vicepresidenta en su llamada al entendimiento realizada a los partidos y las comunidades.

Para ella, la reforma que se prevé abordar es un motor de crecimiento y de bienestar social, y ha recalcado que no hay prevista ninguna medida que afecte a los servicios públicos esenciales a no ser que sea para mejorarlos.

"Reformar las administraciones públicas es dar confianza, es dar seguridad en lo que te vas a encontrar en la administración, en lo que te puede decir y en cómo van a ser las relaciones con ellas", ha añadido.

Saénz de Santamaría ha recordado que el informe de la CORA (que asumirá mañana formalmente el Gobierno) contiene 217 medidas que van a conllevar una tarea ingente para trabajar de forma inmediata en las medidas que puede llevar a cabo la Administración General del Estado y para lograr un entendimiento y coordinación entre todas las administraciones.

La vicepresidenta ha puesto énfasis en los cuatro objetivos esenciales de la reforma: implantar una nueva cultura de colaboración entre administraciones, gestionar mejor, simplificar los trámites administrativos y lograr una gestión coordinada de los servicios.

En el desarrollo de esas grandes líneas ha insistido en que hay que analizar qué administración puede desarrollar mejor cada competencia.

Ha subrayado que hay que determinar, por ejemplo, si son necesarias tantas agencias de protección de datos, juntas consultivas de contratación administrativa, tribunales administrativos de recursos contractuales o distintos órganos de inspección de aeropuertos.

También si se debe mantener el número de observatorios que existe en la actualidad (ha informado de que se propone la supresión de noventa) y si se pueden crear instituciones para todo el sector público.

En ese sentido, ha planteado la conveniencia de compartir medios que cuestan mucho dinero al ciudadano, como los relativos a la conservación de carreteras.

Ha abogado igualmente por una racionalización de organismos públicos, momento en el que ha agradecido el esfuerzo que ya han realizado todas las administraciones.

Un esfuerzo que cree demostrado con el proceso de reestructuración del sector público empresarial, que afecta a 86 entidades del Estado mientras que las comunidades se pusieron el objetivo de extinguir en un año 515 empresas públicas.

Ese objetivo se ha sobrepasado, ya que ha recordado que, según los datos hechos públicos a principios de este mes, ya están cerradas o en fase de liquidación 535 y se planea elevar esa cifra a 718.

También ha recordado que, tal y como dijo ayer Rajoy, el Gobierno aprobará en breve un anteproyecto de ley de factura electrónica que supondrá el fin de "las facturas en el cajón".