Rajoy revisará el delito sexual

El Gobierno acata la sentencia a La Manada, pero pretende determinar si la actual regulación es insuficiente. PSOE, Podemos y Cs también apoyan cambios legislativos ante la presión social.

El polémico fallo de la Audiencia Provincial de Navarra contra los integrantes de «La Manada» ha provocado hasta la reacción inmediata del Gobierno. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, presentó ayer al Consejo de Ministros un informe sobre la sentencia y contactó también con la Sala Penal de la Comisión General de Codificación para analizar los posibles cambios a introducir para que no se repita una situación que ha generado alarma social y ha vuelto a sacar a las mujeres a la calle. Éste es el órgano competente para analizar el marco legislativo actual, que data de la etapa de Felipe González, de 1995, y el Ejecutivo quiere que valore si es necesario introducir alguna modificación para que no haya margen para que los jueces vuelvan a hacer una interpretación como la que se ha producido en el caso de la agresión de los cinco integrantes de «La Manada» contra la joven C. en los Sanfermines de 2016.

La sociedad ha evolucionado y cada vez está más asentada la tolerancia cero con estas agresiones. La clave en este caso ha sido que el fallo judicial se ha escudado en que no se había dado la violencia e intimidación necesaria, según la interpretación que han hecho del Código Penal, para que pueda hablarse de violación. Algo incomprensible con la simple lectura de los hechos probados, y que desde ámbitos jurídicos contrasta también con el hecho de que si la situación hubiera sido que la joven había sido acompañada por cinco hombres al portal de su casa, y una vez dentro le hubieran pedido su bolso, no habría duda en calificar lo ocurrido de robo con intimidación. Si la Comisión de Codificación entiende que tiene sentido plantear la reforma, el Gobierno abrirá la negociación con los demás grupos, que se han mostrado también muy críticos con el fallo judicial.

Desde el obligado «respeto» a las decisiones judiciales hasta el Gobierno se sumó ayer a la ola de indignación contra la sentencia. La decisión no es aún firme, y en ello insistió también el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, para resaltar que no daban por terminado el proceso. «El Gobierno acata las sentencias judiciales, pero también recalca que la sentencia no es firme y que caben recursos como los que han anunciado la Fiscalía y las partes».

Méndez de Vigo tachó de «deleznable» la agresión sufrida por la víctima. Y aclaró que el Gobierno entiende que no basta con revisar el Código Penal sino que también hay que incidir en la educación y sensibilización.

A través de un mensaje en twitter, el ministro Catalá afirmó que «una víctima jamás tiene la culpa». El ministro emplazó el pasado jueves a los grupos políticos a una reforma del Código Penal «si es conveniente».

Las reacciones de los partidos políticos a la sentencia de La Manada continuaron sucediéndose ayer. Los principales partidos en la Oposición: PSOE, Cs y Unidos Podemos coincidieron ayer en solicitar la convocatoria de la Comisión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para afrontar cambios legislativos. El presidente de la formación naranja ya manifestó en su cuenta de Twitter su respeto a las decisiones judiciales, «pero reconozco que como ciudadano y como padre me cuesta asumir la sentencia». Unidos Podemos y sus confluencias también registró la medida en el Congreso, y tanto Iglesias, como Errejón, mostraron su rechazo a la sentencia judicial. «Es absolutamente escandaloso que el tribunal no vea violencia e intimidación», dijo Iglesias en rueda de prensa en la Cámara Baja, mientras que el aspirante a las primarias de la Comunidad de Madrid de la formación morada directamente arremetió contra el juez que emitió el voto particular, asegurando a los periodistas tras su primera reunión de equipo que «se le tendría que caer la cara de vergüenza» y que su posición «es aberrante».

Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, se mostró partidiaria de revisar el Código Penal para que se clarifiquen los casos de violación, para que no haya «interpretaciones» que conduzcan a la repetición de una sentencia, a su juicio, «indignante». Por su parte, el secretario general socialista, publicó en su cuenta de Twitter: «Ella dijo no. Te creímos y seguimos creyendo». La presidenta de la Junta andaluza, Susana Díaz, tampoco quiso que su opinión no quedara patente, y mostró su confianza en que «las próximas resoluciones sean más acordes a esa tolerancia cero que tenemos que tener todos en todos los ámbitos de la vida contra la violencia sexual». El caso ha suscitado tanta polémica que hasta el partido independentista catalán JxCat solicitó que el parlamento catalán hiciera una declaración institucional para rechazar la resolución judicial.