El Gobierno sostiene que la Junta malcopia su plan antidesahucio

El Gobierno respondió ayer al polémico decreto-ley de expropiaciones presentado por la Junta de Andalucía comparándolo con su política antidesahucios para concluir que copia algunas de sus medidas y, además, da menos protección a las familias que el Real Decreto-Ley aprobado por el Consejo de Ministros y que está en tramitación de las Cortes.

En vez de entrar por el camino de cuestionar su legalidad, el Ejecutivo prefirió poner en valor que lo que ofrece la consejera comunista de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, está presentado de manera más ruidosa y más propagandística, pero que se queda por detrás de la protección que ofrece el Gobierno de la nación a los colectivos en riesgo de exclusión social.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, sostuvo que en virtud del Real-Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros, ya han quedado suspendidos durante dos años los lanzamientos de familias en situación más vulnerable. Que los requisitos para reconocerlas como tal que establece esa iniciativa aprobada por el Gobierno son los mismos, o incluso en algún aspecto más generosos, que los que establece la Junta, y que además la protección se da sin exigir a cambio que la familia con problemas tenga que pagar nada a cambio. Aludía así al justiprecio que en el caso de las «expropiaciones» andaluzas deberán pagar los ciudadanos en riesgo de exclusión social para mantener su vivienda.

El Gobierno dispone de un primer informe de la Abogacía del Estado que apunta a la inutilidad de las medidas anunciadas por la consejera comunista andaluza. Bien porque esas medidas ya están en vigor, bien porque al entrar en juego el proceso de «expropiación» incluso se ralentiza la solución. Según la Abogacía, la expropiación forzosa afecta al derecho de propiedad, sin que sea necesario llegar tan lejos para garantizar el status quo de los que se pueden ver afectados por el lanzamiento de su vivienda habitual. También denuncia que el Real Decreto andaluz no contiene una descripción detallada ni objetiva de los colectivos vulnerables.