El hombre de los 60.000 euros

El empresario Arturo Fernández fue adjudicatario de dos concursos de la Comunidad de Madrid dos meses después de la aportación

El empresario vinculado al mundo de la restauración, Arturo Fernández, era uno de los que figuraban en la lista de «aportaciones especiales» encontradas en uno de los archivos dentro de un pendrive incautado al ex gerente del Partido Popular de Madrid Beltrán Gutiérrez, con una «donación» de 60.000 euros, además de otros 100.000 euros aportados por la Confederación Empresarios Madrileños, de la que entonces era vicepresidente, todo ello para sufragar la campaña electoral de los populares en los comicios de 2007. En su comparecencia el pasado 21 de abril en la comisión de investigación sobre corrupción política de la Asamblea de Madrid reconoció que solo hizo esa donación de 60.000 euros a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), que fue «legal» y «a cambio de nada».

Sin embargo, los datos localizados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil al analizar esos archivos y ponerlos en relación otros hechos sucedidos en fechas próximas arrojan resultados cuanto menos signficativos, según consta en un informe aportado al sumario de la «operación Púnica», al que ha tenido acceso LA RAZÓN. En ese sentido, se considera al mencionado Arturo Fernández como «uno de los empresarios cuyas aportaciones son más notorias» y de cómo resultó posteriormente adjudicatario de determinadas adjudicaciones de contratos públicos «a favor de empresas de su grupo, en procesos de licitación en los que habrían participado personas vinculadas directamente con el patronato de Fundescam y con el Partido Popular de Madrid cuando se efectuaron las aportaciones del empresario».

Así, resulta llamativo que el 25 de mayo de 2007, es decir apenas dos meses después de efectuarse la aportación de 60.000 euros a la fundación vinculada al Partido Popular de Madrid, su empresa resultó adjudicataria de dos lotes de un contrato público licitado por la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid por un importe total –sumados ambos–de 245.836,50 euros. En esas fechas era titular de la citada consejería Juan José Güemes, el cual también era, a su vez, patrono de Fundescam.

Pero, además, los investigadores localizaron otros tres procesos de licitación en los que también resultaron adjudicatarias empresas vinculadas con el Grupo Cantoblanco y con el empresario Arturo Fernández, propietario de esa empresa, en los años 2009, 2011 y 2013 de la Asamblea de Madrid por un total de 528.971,00 euros, «donde se han detectado –a tenor de la exigua documentación que ha podido ser obtenida a través del Perfil del Contratante de la Asamblea de Madrid–, la inclusión de elementos que serían contrarios a derecho –a juicio policial– que serían determinantes para adjudicar los contratos, y que podrían haber sido utilizados para decidir de antemano la adjudicación de los mismo». Junto a ello, el informe de la UCO destaca al respecto el hecho de que determinadas personas que formaban parte del órgano de contratación y de las Mesas de contratación de los citados procesos de licitación, también pertenecían a la Fundación Fundescam y al Partido Popular de Madrid, cuando el citado empresario efectuó las referidas aportaciones».

«Rentabilidad» del 1.200%

De esta forma, Arturo Fernández, a través de sus empresas, habría logrado un total de cinco adjudicaciones por parte de la Comunidad de Madrid por un importe total de 774.807 euros, y todo ello tras la «donación» en el año 2007 de 60.000 euros. Es decir, habría obtenido una «rentabilidad» de algo más del 1.200% en apenas seis años. Si se toma en consideración que la aportación real fue de 160.000 euros –los mencionados 60.000 y los 10.000 entregados por CEIM–, que tuvieron como destino final sufragar gastos electorales de varios comicios, los «beneficios» bajarían «a un 484 por ciento en esos años.

Eso sí, el mencionado informe policial no alude en ningún momento responsabilidad alguna del empresario. En otro informe es donde alude a que en una de las adjudicaciones, Cristina Cifuentes, que entonces era presidenta de la Mesa de Contratación, formó parte de las valoraciones que acabaron con ajudicaciones de concursos al grupo de Arturo Fernández.