El juez español que votó en contra, siempre «a la sombra» del PSOE

Madrid- Su nombramiento como magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en febrero de 2008, no fue lo que se dice pacífico del todo y bien recibido por los distintos sectores judiciales. Luis López Guerra, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Carlos III, siempre ha sido un jurista vinculado directamente al PSOE. Su designación fue recurrida ante el Tribunal Supremo por la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, recurso que fue desestimado, al entender que los cargos que desempeñó, auspiciado por el PSOE, «no le priva de una alta consideración moral ni compromete su independencia e imparcialidad en el ejercicio de la potestad jurisdiccional» en el TEDH.

Y es que la trayectoria de López Guerra en cargos «públicos» es suficientemente explicativa por sí misma. En 1986 fue designado magistrado del Tribunal Constitucional directamente por el Gobierno que presidía Felipe González. Años después, ascendía a la vicepresidencia del Alto Tribunal, hasta que cesó en 1995, tras cumplir su mandato. Sin embargo, iba a pasar poco tiempo en el «limbo» judicial. En 1996, también a propuesta del PSOE, traslada su despacho hasta la calle Marqués de la Ensenada, donde tiene su sede el Consejo General del Poder Judicial. Allí ocupó la vicepresidencia de ese órgano hasta 2001. Ese año gobernaba el Partido Popular y no había «cargos disponibles», por lo que, en buena forma, se vio obligado a retomar su actividad docente, incorporándose como profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Carlos III de Madrid. Fue un tránsito que apenas duró dos años, al menos en lo que se refiere a dedicación exclusiva a la docencia, ya que en 2003 concurrió en las listas del PSOE a las elecciones autonómicas. Fue elegido diputado, en unos comicios donde Esperanza Aguirre obtuvo una holgada mayoría absoluta. Sin embargo, ocupó poco tiempo ese escaño en la oposición, ya que, tras las elecciones de 2004, con la victoria del PSOE, fue nombrado secretario de Estado del Ministerio de Justicia, cuando al frente del mismo se situó Juan Fernando López Aguilar. Como secretario de Estado tuvo que ver cómo el CGPJ le reprochaba las misivas que dirigió a los tribunales superiores de Justicia de Asturias y Castilla y León, por haber adoptado acuerdos críticos con los planes del Ejecutivo de crear consejos autonómicos de Justicia y poner en marcha los jueces de proximidad. La Comisión Permanente del Consejo le recordaba que no debía dirigirse, como lo hizo, a los presidentes de esos tribunales, sino, en todo caso, al CGPJ.

Fue uno de los principales defensores de la designación parlamentaria de los vocales del Consejo, y no ahorró críticas al PP por el retraso en la renovación del anterior órgano de gobierno de los jueces y magistrados. Lo decía en 2007: «Todo parece indicar que el acuerdo final para renovar el CGPJ se dilatará en el tiempo ante la resistencia del PP a perder su mayoría en su órgano más afín». Pero su intensa relación con el PSOE llegaría a su cénit en septiembre de 2007, cuando el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero le consideró la persona más idónea para ocupar una plaza de magistrado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El pasado mes de julio votó a favor de una doctrina que dejaría en libertad a 54 etarras y a otros 23 criminales.