El juez que concedió el último permiso al etarra Lasarte se justifica ante las víctimas

Covite exige al Gobierno que desarrolle la Ley de Víctimas, que acumula un año de retraso

La Razón
La RazónLa Razón

El juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro, asegura que se vio empujado a conceder el último permiso al etarra Valentín Lasarte tras no poder «desvincularse» de la Sala de lo Penal de la Audiencia, que dictó el auto.

El último permiso concedido al etarra Valentín Lasarte ha centrado la reunión mantenida hoy entre el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) y el juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro. Una decisión que, según explicó el propio magistrado, tuvo que adoptar tras no poder «desvincularse» de la Sala de lo Penal de la Audiencia, que dictó el auto. Durante la reunión, a la que asistió la presidenta del Colectivo, Consuelo Ordóñez, el juez se comprometió a mantener un contacto más fluido con Covite para garantizar que «los damnificados de ETA estén informados en todo momento» del curso de las actuaciones relacionadas con el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

Pero ésta no fue el único encuentro que mantuvieron en Madrid los representantes de Covite, tal y como explican a través de un comunicado. Tras su reunión con el juez De Castro, los representantes del Colectivo de Víctimas del País Vasco acudieron a su cita con la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, a la que pidieron «con carácter urgente» la publicación del reglamento que desarrolla la Ley de Víctimas 29/2011. El texto legislativo, que debía haberse publicado en marzo de 2012, se encuentra «vacío de contenido».

Una exigencia que Becerril dijo haber tomado en consideración y por ello instará «de inmediato» al Ministerio del Interior y al de Justicia para que publiquen, como es su obligación, el reglamento de la Ley de Víctimas.

Desigualdades

Finalmente, desde el Colectivo han hecho hincapié en la necesidad de igualar a las víctimas en materia de indemnizaciones, sin distinguir entre las que tienen sentencia y las que no. Y es que, a su juicio, las víctimas cuyos casos han sido juzgados y tienen sentencia firme, reciben una indemnización mayor que aquellas cuyos casos aún no han sido juzgados. Por ello, según explican desde el Defensor del Pueblo, han pedido que se establezca una misma indemnización para todos.

Es el caso del capitán José Antonio Bernal, cuyo hijo, José Antonio Bernal Gómez, fue el primer agente secreto español muerto en Irak, en octubre de 2003. El capitán Bernal ha explicado Becerril que las muertes de su hijo y de sus compañeros nunca van a ser juzgadas y que la indemnización recibida como militares muertos en acción es mucho menor de lo que corresponde a las víctimas del terrorismo.