El juez que investiga los ERE seguirá al menos otros seis meses

La Comisión Permanente del CGPJ prorrogó ayer por otros seis meses la comisión de servicios durante otros seis meses para el magistrado Álvaro Martín Gómez, quien, de esa forma, podrá seguir dedicándose en exclusiva al fraude vinculado al «caso de los ERE».

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial prorrogó ayer por otros seis meses la comisión de servicios durante otros seis meses para el magistrado Álvaro Martín Gómez, quien, de esa forma, podrá seguir dedicándose en exclusiva al fraude vinculado al «caso de los ERE». Esta decisión ha sido adoptada por el órgano de gobierno de los jueces y magistrados tras la petición realizada en ese sentido por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

La medida se justifica por la carga de trabajo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que supera los indicadores fijados por el CGPJ,y porque en el mismo se instruyen varias causas de gran complejidad. Entre esos asuntos se encuentran, además de los ERE, el relacionado también con el presunto fraude de los cursos de formación o los avales concedidas por el Instituto de Desarrollo Empresarial de Andalucía (Idea), dependiente de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.

Con esta resolución, Martín González y la titular del juzgado, María de los Ángeles Bolaños, desempeñarán su labor de acuerdo con la distribución de cometidos que ratificó el CGPJ el pasado mes de enero.

El citado acuerdo ratificó la distribución de cometidos diseñado conjuntamente por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, para que sea el juez de refuerzo de este órgano, Alvaro Martín, quien instruya las seis primeras piezas del «caso de los ERE» irregulares, entre las que se encuentra la del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas abierta contra 51 ex altos cargos, entre ellos los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

De esta forma, Álvaro Martín se ocupará de las seis primeras piezas en las que se ha dividido el «caso de los ERE», entre ellas la que afecta a 51 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, como los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Esas piezas se refieren al procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas, las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilaciones, las empresas Acyco, Surcolor y Surcolor Optica S.A., y Cenforpre, y las ayudas a los empresarios de la Sierra Norte de Sevilla José Enrique Rosendo –fallecido recientemente– y José María Sayago.

Por su parte, a titular del juzgado, María Núñez Bolaños, que sustituyó en junio del 2015 a Alaya, seguirá con el caso de los cursos de formación, los avales de Idea y el resto del «caso de los ERE», todos ellos relativos a la gestión de la Junta de Andalucía.

El «caso de los ERE», cuya investigación la comenzó la jueza Mercedes Alaya, investiga una presunta trama de corrupción en el seno de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. En concreto, se habría malversado fondos públicos durante una década, en la que Andalucía estuvo gobernada por Manuel Chaves y José Antonio Griñán, mediante un sistema que eludía los controles para «favorecer a familiares, amigos y personas del entorno» de «altos cargos de la Junta o el PSOE», según señaló en su momento la citada magistrada.

Recientemente, ambos ex presidentes andaluces se negaron a declarar ante el juez Álvaro Martín, quien los citó en calidad de investigados, limitándose a ratificar las declaraciones que prestaron ante el Tribunal Supremo, donde rechazaron cualquier responsabilidad.