El nuevo PSOE limitará el poder del secretario general

Tras la experiencia de Sánchez, quien dirija el partido en el futuro tendrá las manos atadas y limitado el uso de las consultas a las bases sin contar con el aval del Comité Federal

En la memoria de los barones que orbitan en torno a la gestora capitaneada por Javier Fernández está grabada la intentona de Pedro Sánchez de blindarse ante los órganos del PSOE con el concurso de las bases. Escudarse en una consulta a los militantes era una escapatoria que trató de llevar a cabo el ex secretario general para descargar su responsabilidad en las dos derrotas en las que liquidó los suelos electorales de su partido. El motín de los «coroneles» con mando en plaza, con Susana Díaz al frente, terminó con un líder refugiado en un círculo reducido de leales y resuelto a aferrarse al sillón de cualquier manera.

Cierto es que, a fuerza de revolver a la militancia, los críticos han forzado a los oficialistas a renunciar a cualquier tipo de maniobra que suponga cuestionar el proceso de primarias para elegir al próximo secretario general. Esa condición resulta indiscutible en uno u otro bando. Ya se considera imposible volver al tradicional sistema de delegados. A no ser, claro está, que se vaya a un proceso sin alternativa, con Díaz como única candidata avalada por aclamación. Todo puede ser. Pero Fernández y sus más fieles aliados están impulsando la introducción de cambios en los estatutos para reforzar el modelo «representativo» frente a la deriva «asamblearia» de Sánchez. El grupo encargado de armar el esqueleto de la ponencia que irá al 39º Congreso Federal del partido trabaja en un reequilibrio que deje en el Comité Federal la ratificación de los pasos más significativos del secretario general. En otras palabras, quien dirija el PSOE en el futuro tendrá las manos más atadas y, por tanto, limitado el uso de las consultas a las bases y, en todo caso, deberá contar siempre con el máximo órgano del partido, que agrupa a cerca de 300 delegados.

De esta manera, el PSOE desactivará hipotéticas amenazas como la protagonizada por Sánchez: apoyarse en la militancia para reforzarse ante aquellos barones que consideraban una locura imposible gobernar con 85 escaños en un pacto con Podemos y los independentistas. Esa consulta a las bases, de haberse llevado a cabo, hubiera dejado a las federaciones andaluza, extremeña, castellanomanchega, aragonesa o asturiana sin capacidad de acción, igual que no pudieron actuar cuando Sánchez firmó el acuerdo con Albert Rivera. El entonces secretario general ni siquiera pasó su iniciativa por la Ejecutiva y, desde luego, se saltó la tutela de los dirigentes territoriales, los mismos que habían condicionado con sus líneas rojas los pactos.

Sánchez desequilibró la legitimidad de los órganos de dirección para tomar decisiones frente a una militancia que ya se había pronunciado. Creó un precedente que, en apenas seis meses, pretende quedar restringido mediante el refuerzo de los controles internos. Bien está. Porque convocar a lo loco a las bases –mucho más escoradas a la izquierda que sus cuadros dirigentes– «casi lleva al PSOE al suicidio político», remachan en la cúpula interina socialista. Las mitificadas consultas resultan, en manos de los aparatos, cualquier cosa menos un acto de garantía democrática: si acaso, suelen responder a decisiones tácticas de «agit–prop» interno, para promoción del líder político de turno, a quien convierten casi en una especie de rey absoluto sin contrapesos por parte de los órganos colegiados de los partidos. Javier Lambán, presidente de Aragón, llegó a comparar esos movimientos de Sánchez con «los círculos» de Podemos, partido gracias al cual él gobierna su comunidad. Los socialistas han llegado a caer en la «podemización» (de lo que ahora reniegan casi todos los dirigentes con poder territorial), siendo así que la mayoría sociológica del país no comulga con ideas extremistas.

Paso a paso, el nuevo PSOE empieza a abrazar sin complejos la socialdemocracia y la moderación frente a la radicalización del partido morado, con el que se disputa el espacio político de la izquierda. Saben que ahora les toca una etapa de oposición «útil». La pasada semana, en Jaén, José Luis Rodríguez Zapatero insistía en seguir esta senda «inteligente»: «Hemos parado la Lomce, la reválida y hemos subido el salario mínimo. Nos hacemos cargo del país y del interés general, ya sea en el Gobierno o en la oposición». En Ferraz son conscientes, y en ello están, de que deben afrontar un Congreso Federal tranquilo en el que se pase de las declaraciones de principios (a menudo demasiado vagas incluso para contrarrestar desafíos tales como el reto independentista en Cataluña) a los hechos concretos, con planes y propuestas claros que apuntalen al partido como «única» alternativa real al centro derecha.