El «país fallido» para la Justicia española

Mucho tendría que cambiar la situación en Venezuela y de sus dirigentes respecto a los miembros de la banda terrorista ETA que se encuentran allí refugiados y al cobijo de la protección del Gobierno del moribundo Hugo Chávez para que el prófugo Iñaki de Juana Chaos, de cuyo paradero en ese país informó en exclusiva LA RAZÓN el pasado viernes, pueda ser entregado a España, siempre que se inste su extradición.

Y es que los antecedentes no invitan, precisamente, al optimismo en este supuesto, ya que hasta ahora todas las reclamaciones solicitadas para que los asesinos de ETA ocultos en el país caribeño pudiesen responder ante la Justicia española han resultado inútiles, ni las solicitadas por nuestro país en la década de los años 90, ni las pedida a finales de 2010 de Arturo Cubillas, quien trabaja en el Ministerio de Agricultura y goza de la nacionalidad venezolana. La colaboración de este país caribeño con la Justicia española es prácticamente nula. «Es un Estado fallido», resume al respecto las fuentes jurídicas consultadas sobre este aspecto, pese a tener perfectamente localizados a distintos etarras, «siempre acaban por ocultarse o perderse».

Desde el punto de vista legal, no habría ningún inconveniente para que De Juana, una vez localizado, fuese detenido, ya que pesa sobre él una orden de detención internacional, y se iniciase los trámites de extradición. En este sentido, el ex etarra del «comando Madrid» ni es venezolano, como esgrimió el Ejecutivo de Chávez en el caso de Cubillas, ni se le imputa un delito «político», sino uno relacionado con apología del terrorismo. Además, el que tuviese un hijo con su pareja en Venezuela tampoco sería obstáculo para su entrega, ya que el «Derecho de suelo» que rige en ese país, afectaría, en su caso, a su vástago, pero en ningún caso a De Juana. Entre las extradiciones de etarras más sanguinarios, «localizados, con direcciones concretas en las que vivían», se encuentran las de Eugenio Barrutiabengoa Zabarte, Jesús Ricardo Urteaga Repullés, José Ramón Ayestarán, todos ellos a finales de los años 90, y, más recientemente, la de Ignacio Echeverría Landazábal, en 2009, y Arturo Cubillas, en 2010. En ningún caso, el Gobierno venezolano accedió a las entregas. Barrutiabengoa estaba procesado por cinco asesinatos, en algunos de los cuales estaba implicado también Urteaga, mientras que a Ayestarán se le acusaba del atentado que costó la vida a varios guardias civiles en el cuartel de Salvatierra (Álava). Echeverría fue liberado por el Tribunal Supremo, al igual que Luis María Olalde, acusado de la muerte de tres guardias civiles.