El plan contra la corrupción obligará a los partidos a tener las cuentas en un registro público

El Gobierno seguirá adelante con sus reformas «en cualquier caso» aunque la negociación con el PSOE no prospere

El pasado 13 de marzo la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, encargó a los ministerios de Justicia, Hacienda y Administraciones Públicas e Interior que preparasen los informes necesarios para poner en marcha el plan de regeneración democrática que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció en el Debate del Estado de la Nación que se celebró a finales de febrero. El anteproyecto de ley incluirá una nueva regulación de la contratación por parte de todos los partidos políticos y la obligación de depósito de la contabilidad en un registro público.

Todos los ministerios han terminado su trabajo y los «papeles» están en Moncloa. Por tanto, se entra ya en la fase de redacción de las leyes que el Ejecutivo se comprometió a aprobar para endurecer los controles contra la corrupción. En concreto, ese compromiso se materializó en una propuesta de resolución, aprobada por la mayoría de la Cámara, que contenía medidas políticas y jurídicas para establecer más límites, más control y más transparencia sobre la actividad pública. En la votación sólo se abstuvieron el PSOE e Izquierda Plural.

Entonces, aquel anuncio se interpretó como una estrategia dirigida a poner sordina al ruido y al desgaste provocado por el «caso Bárcenas», y en buena parte así fue. Pero al margen de la intencionalidad política, la realidad es que sí ha empezado a avanzar el proceso para que los anuncios se concreten en cambios legislativos y no pasen al cajón en el que se han guardado tantas promesas y resoluciones aprobadas en otros Debates del Estado de la Nación con otros gobiernos.

En la agenda, primero tendrá que ver la luz la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, en tramitación ya en el Parlamento y que pretenden que llegue al Senado antes del verano. Y después seguirá la reforma del Código Penal, que está pendiente de informe del Consejo de Estado. En cuanto este órgano consultivo valore la propuesta, será aprobada por el Consejo de Ministros. A partir de ahí entrará en juego el segundo paquete, que es el que coordina la vicepresidenta, y que el Gobierno quiere pactar con el PSOE. Las primeras sensaciones, según Moncloa, es que el PSOE no está en disposición de acuerdos por la crisis interna que atraviesa y que le ha llevado, de momento, a «radicalizarse» y «abandonar el centro» para competir con Izquierda Unida. Ahora bien, «si no quieren pactar, el paquete de reformas lo aprobaremos en cualquier caso», advierten desde el Gobierno.

Moncloa tiene las bases para redactar la Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos Políticos; reformar la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas; reformar la Ley de Contratos del Sector Público; y establecer una nueva Ley reguladora del ejercicio de las Funciones Políticas.

En cuanto a la reforma del Código Penal, el Gobierno ha estudiado cómo endurecer las penas vinculadas con la corrupción y un nuevo tratamiento penal para la prevaricación, el cohecho, la apropiación indebida, la malversación de caudales públicos, el tráfico de influencias, los delitos urbanísticos, la omisión o falsedad deliberada por parte de los partidos de sus cuentas y patrimonio social, la financiación ilegal y el enriquecimiento injustificado de los cargos públicos efectivos.

Este paquete de reformas para la regeneración democrática tiene bastante complejidad jurídica y política porque afecta al funcionamiento de los partidos y de los cargos públicos. En teoría, de todos: de los nacionales, de las minorías y también de las formaciones nacionalistas. Habrá que ver, por ejemplo, hasta qué punto PNV y CiU están dispuestos a que su tesorero comparezca ante la sede de la soberanía nacional para dar cuentas cada año de su balance de ingresos y de gastos. Y hasta dónde llega la disposición de todos a desnudar de verdad sus dineros.