El prior del Valle de los Caídos denuncia que no le dejan entrar en la basílica

Delegación del Gobierno vetó el acceso el domingo. «Se ha perdido la custodia del cadáver», lamenta la familia

Santiago Cantera, prior de la Abadía Benedictina del Valle de los Caídos, ha presentado ante el Juzgado de Guardia de San Lorenzo de El Escorial una denuncia después de que este fin de semana se impidiera a los religiosos de Cuelgamuros el paso a la basílica, a pesar de que Cantera advirtió en una reunión a la Delegación del Gobierno de que el templo «es un lugar de culto y no se puede impedir el acceso a los monjes custodios del lugar».

Según fuentes de la familia Franco, «este domingo han entrado ocho [monjes] y es que les paraba la Guardia Civil», aseguran en referencia al grupo de religiosos que se habría saltado la prohibición de acceso a la basílica que había decretado la Delegación del Gobierno en Madrid a partir de las 14:00 horas de ese día, y que grabaron imágenes con sus teléfonos móviles. Después de hablar con los monjes y advertirles de que no podrían circular libremente por el lugar hasta que lleve a cabo la exhumación, los agentes colocaron una cadena con candado en la puerta de acceso para impedir que vuelvan a saltarse la prohibición, tal y como muestra una imagen que han presentado como prueba en la demanda.

«No le dejan al prior, que es el titular de la abadía, y no les permiten acceder al altar mayor, a la zona de la basílica donde está enterrado nuestro abuelo. Se ha perdido la custodia del cadáver», lamentan desde la familia Martínez-Bordiú Franco sobre este suceso, y además dan cuenta del «delicado estado de salud en que se encuentra estos días el padre Cantera».

La denuncia se presentó al día siguiente, lunes, por «acceso inconsentido de la Guardia Civil» tanto a la abadía como al interior de la basílica. En el escrito, al que ha tenido acceso «Vida Nueva», Santiago Cantera también denuncia cómo se ha impedido la entrada tanto a los monjes como a estudiantes, familiares y fieles «para asistir a misas y oficios religiosos» sin tener en cuenta «ninguna lógica ni criterio alguno».

El prior insta al juez a iniciar una investigación –«y en su caso, el enjuiciamiento»–, además de solicitar que se permita el acceso a la basílica «para realizar los actos de culto y vigilar que no se lleven a cabo conductas inapropiadas de un lugar sagrado».

Cantera expone al titular del juzgado que en las ceremonias religiosas «ha habido guardias civiles armados» con la argumentación de evitar que realizaran grabaciones cuando el Gobierno solo prohíbe realizarlo «en el momento de la exhumación y de la inhumación». El prior reconoce sin embargo el «trato exquisito» recibido por parte de los agentes.

Afirma Cantera que los acuerdos del Consejo de Ministros recogían que durante el proceso se respetaría tanto «la intimidad y la libertad religiosa de los afectados» como «el cumplimiento de la normativa que rige el acceso a los lugares de culto».