El Senado aborda mañana la polémica de la mezquita

Izquierda Unida (IU) llevará mañana al Senado la polémica que rodea a la mezquita-catedral de Córdoba semanas después de que se haya iniciado una campaña para lograr la titularidad pública de este monumento, Patrimonio Mundial de la Unesco. El Cabildo de la catedral ha calificado los intentos de expropiar a la Iglesia de este templo como una «campaña orquestada» con significativa repercusión en medios de comunicación fuera de nuestras fronteras.

Esta nueva etapa, ya a nivel institucional, de la campaña para expropiar a la Iglesia de un templo en el que lleva celebrándose el culto católico desde el siglo XIII –cuando fue cedida la antigua mezquita al obispo de Córdoba por Fernando III el Santo– se escenificará con una pregunta al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que atañe a aspectos fundamentales del ordenamiento jurídico español que permitieron a la diócesis de Córdoba en 2006 inmatricular (inscribir por primera vez) bienes inmuebles que posee desde tiempo inmemorial en el Registro de la Propiedad, entre ellos la actual Catedral, antigua Mezquita. En concreto, la pregunta presentada en el Senado el pasado 14 de abril inquirirá «sobre si el Gobierno se ha planteado revisar la legislación hipotecaria para suprimir el privilegio que se otorga a los obispos de la Iglesia católica de actuar como fedatarios públicos para emitir certificaciones de dominio sobre bienes inmuebles para adueñarse de ellos mediante su inmatriculación en el Registro de la Propiedad». El encargado de formular la pregunta en el Pleno de mañana será José Manuel Mariscal Cifuentes, de IU. La relación de la pregunta con la campaña de expropiación de la mezquita-catedral queda atestiguada no sólo por el tema jurídico que toca, sino también por el hecho de que Mariscal Cifuentes conoce de primera mano todo lo relacionado con el asunto al tratarse de un militante comunista que desempeño el cargo de asesor de Cultura de la diputación de Córdoba entre los años 2001 y 2003.

Sea como fuere la respuesta del titular de Justicia es fácilmente previsible. Se da la curiosa circunstancia de que, precisamente a propuesta del departamento dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón, el último consejo de ministros antes de Semana Santa –el 11 de abril, tres días antes de que IU presentara la pregunta– el Gobierno aprobó el anteproyecto de reforma de la ley hipotecaria. Esta reforma, cuyo fin principal es facilitar el intercambio seguro de datos entre el Registro de la Propiedad y el Catastro para evitar informaciones contradictorias y facilitar la interoperatividad entre ambas instituciones, también afectará al estatus que actualmente tiene en este tema la Iglesia, ya que, cuando entre en vigor, ésta pasará a equipararse al resto de la sociedad y las inscripciones en el Registro se realizarán mediante el proceso normal de inmatriculación.

Fácil respuesta

La pregunta que IU presentará al Senado tiene, por tanto, fácil respuesta y el hecho de que vaya a ser planteada en el Pleno de mañana solo puede entenderse como una maniobra para elevar la campaña de expropiación a un nivel institucional y nacional. Actualmente, la Ley Hipotecaria permite a la Iglesia Católica un sistema especial para inmatricular en el Registro de la Propiedad bienes en su posesión. En concreto, el artículo 206 regula este procedimiento especial, que es el mismo que la Ley otorga a las Administraciones Públicas. Este sistema de inscripción es más sencillo y se regula en el artículo anterior, el 205. Basta con que se aporte una certificación de inventario donde se recoja el bien. Este régimen especial, que IU califica en la pregunta de Mariscal Cifuentes como «privilegio», tenía su razón de ser por las circunstancias históricas del momento, vinculadas a la legislación desamortizadora. Efectivamente, la mayoría de los bienes de la Iglesia proceden de donaciones de fieles y en la inmensa mayoría de los casos se carece de título alguno, ya que, aunque muchos fueron puestos a la venta a causa de las Leyes Desamortizadoras, hubo muchas excepciones (por ejemplo la práctica totalidad de los templos parroquiales) y las posteriores devoluciones carecieron la mayoría de las veces de documentación. Además, el Reglamento Hipotecario (artículo 5) prohibía la inscripción en el Registro de los templos destinados al culto católico (se consideraba entonces que estaban, por decirlo de alguna manera, fuera del «comercio de los hombres»). Sólo en la reforma de 1998 se eliminó esta restricción y se permitió a la Iglesia inscribir a su nombre en el Registro los bienes inmobiliarios en su posesión bajo el régimen especial simplificado al que se ha hecho referencia antes.

Sin embargo, el Gobierno considera que las circunstancias históricas y sociológicas han ido desapareciendo paulatinamente. También ha habido tiempo suficiente desde 1998 para que la Iglesia vaya inscribiendo sus inmuebles. Todo ello ha llevado al Gobierno a equiparar a la Iglesia al resto de la sociedad, por lo que en tiempos pasados tenía su justificación puede empezar a ser considerado ya en nuestros tiempos como lo que nunca fue: un privilegio, tal y como da ha entender el relato del que IU se hace eco en su pregunta de mañana en el Senado.