El Tribunal Supremo no dejará salir a Jordi Sánchez para ser candidato

El juez Llarena cree que persiste el riesgo de que la excarcelación del líder soberanista provoque problemas de orden público y rechaza el precedente del etarra Yoldi.

Junts per Catalunya (JxCat) no ceja en su intento de que el fugado Carles Puigdemont vuelva a ser quien realmente tenga «mando en plaza» en la Generalitat, aunque no figure como presidente y este cargo sea ocupado por un «hombre de paja» de su plena confianza. En este sentido, como ya avanzó LA RAZÓN, el nombre que habría sido elegido es el del líder soberanista Jordi Sánchez, ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC).

Sánchez se encuentra en prisión provisional desde el pasado 16 de octubre por orden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, una situación de privación de libertad que posteriormente ratificó el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena y confirmó la Sala de Apelaciones del Alto Tribunal. Sin embargo, si los grupos secesionistas confían en ver la foto de Jordi Sánchez en la bancada del Parlament pronunciando el discurso de investidura es más que probable que se lleven una seria decepción.

Y es que para que pudiese acudir a esa sesión parlamentaria, o a cualquier otra, necesitaría la autorización del magistrado del Supremo que instruye la causa contra los principales responsables del «procés», Pablo Llarena. Y, en principio, el Alto Tribunal no está por la labor de conceder esa autorización, al igual que denegó a Oriol Junqueras, Joaquim Forn y al propio Jordi Sánchez la petición de acudir a la Cámara catalana para que acudiesen a votar y dejó en manos de la Mesa la fórmula para que pudiesen delegar su voto.

El mismo criterio es el que prevé seguir el Tribunal Supremo si, finalmente, se propone como candidato a Sánchez, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes jurídicas. Y ello porque se entiende que los argumentos aplicados para no acceder a las peticiones de Junqueras, Forn y el propio Sánchez seguirían siendo plenamente válidos ahora de producirse finalmente esa opción, como todo indica.

Extendido apoyo social

En este sentido, se considera que permitir que pudiese acudir al Parlament podría, entre otros motivos, ocasionar problemas de orden público, ya que es prácticamente seguro que en las inmediaciones de la Cámara catalana se congregarían no pocos miles de personas en apoyo no sólo al candidato, sino a quienes se encuentran presos por la causa secesionista.

Tampoco el antecedente de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco permitiese en 1987 a un miembro en prisión preventiva acusado de pertenencia a ETA acudir al Parlamento para pronunciar su discurso de investidura tendría la más mínima influencia en este caso. «Un tribunal superior no va a marcar lo que debe o no debe hacer el Supremo», incidieron al respecto las fuentes consultadas.

El extendido apoyo social a los investigados que han huido, en referencia a Puigdemont y los cuatro ex consejeros que se encuentran en Bruselas –a los que habría ahora que añadir a la dirigente de la CUP Anna Gabriel tras su escapada a Suiza– y las movilizaciones impulsadas de decenas de miles de ciudadanos que rechazan explícitamente las medidas cautelares adoptadas en este proceso, son un factor relevante para denegar, si se produjese, la petición de salida de Sánchez.

Tal como señaló Llarena en la anterior ocasión, «con estos precedentes y con estas condiciones actuales, afrontar unas conducciones de salida y de retorno del centro penitenciario, en fecha y horas determinadas, con un punto de destino y de regreso bien conocido», presenta riesgo, incidía Llarena, «de grave enfrentamiento ciudadano». El instructor veía ese permiso de salida de la cárcel «inconciliable» con el riesgo de reiteración delictiva dada su «actuación social y política».

Evitar una «reacción violenta»

De acceder a esa solicitud, explicaba Llarena en esa ocasión, se asumiría el riesgo de que el «liderazgo» de Jordi Sánchez entre los independentistas volviera a manifestarse «con movilizaciones ciudadanas colectivas y enfrentadas al marco legal de nuestra convivencia».

En una resolución posterior del pasado día 6, el magistrado rechazaba dejar en libertad a Sánchez al apreciar riesgo de que su salida de prisión provoque «movilizaciones multitudinarias» como las que «favorecieron un estallido social». Una reiteración delictiva que podría ocasionar, advertía, «una irreparable reacción violenta contra la convivencia y contra la organización territorial del Estado».

El líder soberanista, recordaba Llarena, no sólo no ha renunciado a una actividad pública que «ha servido de instrumento» para la ejecución del plan soberanista, sino que ha formado parte de una candidatura «que proclama el objetivo de restablecer la dinámica política» que derivó en las conductas ahora investigadas por ser constitutivas de un supuesto delito de rebelión o de sedición.

Ante este panorama, los partidos secesionistas tendrían que buscar un nuevo candidato u optar por la rocambolesca situación de que el principal responsable de la Generalitat se encuentre en prisión. Y, además, se trataría de un presidente «más que provisional», ya que –junto a Oriol Junqueras– va a ser inhabilitado de forma temporal previsiblemente a finales del próximo mes de abril, si se confirma el auto de procesamiento que el juez Llarena prevé dictar a finales de marzo.