El sustituto de Ruz llega a la Audiencia tras no lograr ser vocal del CGPJ

Considerado próximo al PSOE, todos alaban su gran capacidad de trabajo

Gaditano de 53 años, licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz y diplomado en Ciencias Económicas y Empresariales, miembro de las carreras judicial y fiscal, ex letrado del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional; ex director general de Modernización del Ministerio de Justicia con Francisco Caamaño, el último titular de Justicia de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, y hasta ahora magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid. Éste es, a grandes rasgos, el currículum vitae de las últimas décadas José de la Mata, un nombre que comenzará a adquirir una relevancia pública notable cuando dentro de unas semanas se incorpore como al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, donde sustituirá a Pablo Ruz. Ingresó en la carrera judicial por oposición en 1987. A ese destino llegará porque en la última renovación del CGPJ, a la que presentó su candidatura, no obtuvo el aval de los grupos parlamentarios para ser designado consejero de una institución que conoce desde hace muchos años.

De un claro marcado carácter «progresista», quienes le conocen personalmente o han tenido con él algún tipo de relación profesional no dudan en destacar de él su gran capacidad de trabajo. «Es una persona muy inteligente, competente y creativa», asegura de él alguien que compartió destino en algunos de sus trabajos anteriores. También existe coincidencia en considerarle una persona muy próxima al PSOE y a los actuales dirigentes socialistas de Andalucía, «aunque puede que más que por ideología sea por sus relaciones personales de amistad con quienes sí están vinculados al partido», especifica al respecto otro de sus conocidos. De hecho, uno de sus «mentores» es Juan Carlos Campo, ex vocal del CGPJ a propuesta del PSOE y posteriormente secretario de Estado de Justicia con Caamaño como ministro. Fue Campo quien, precisamente, «tiró» de José de la Mata para que se incorporara al citado ministerio en el 2009 –el magistrado del TC García-Calvo, con quien trabajaba como letrado, falleció el año anterior– como director general de Modernización.

Con Juan Carlos Campo su relación comenzó ya en la propia universidad de Cádiz, donde ambos coincidieron en los estudios de Derecho; una relación de amistad que se ha acentuado con el paso de los años.

Sus primeros destinos como juez estuvieron en Las Palmas de Gran Canaria y en su ciudad natal, Cádiz. Sin embargo, en la década de los 90 decidió «colgar» temporalmente la toga, tras aceptar ser letrado del Consejo General del Poder Judicial, donde estuvo desde 1993 a 2001. En esa época, siempre mantuvo una relación muy estrecha con vocales elegidos a propuesta del PSOE. En una primera etapa, con María Teresa Fernández de la Vega, y, posteriormente, con Luis López Guerra. En el CGPJ estuvo destinado en el área de Formación en Relaciones Internacionales, donde llevó a cabo una importante labor en el área de modernización de diferentes países, especialmente en algunos de los del Este de Europa. «Era un buen gestor y con ideas muy aprovechables», señala al respecto uno de los que coincidió con él en el CGPJ.

Muchos años sin instruir

Desde que cesó en el Ministerio de Justicia, con la llegada del actual Gobierno del PP, en 2011, De la Mata se reincorporó a su destino, una de las secciones de la Audiencia Provincial de Madrid. Sus compañeros de audiencia destacan su «obsesión» por el trabajo. Esta circunstancia le hubiese impedido optar a una plaza de magistrado de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, ya que para ello es requisito ineludible haber los últimos seis años en el jurisdicción penal, lo que no cumplía.

Quizás por esa trayectoria ha llamado la atención que haya optado a una plaza con una marcada proyección pública, y donde su labor será la de instruir las causas, «algo que no hace desde hace casi 20 años», especifica al respecto otro de los consultados: «Ha sido toda una sorpresa por ese doble motivo, por ir a un juzgado con notable exposición mediática, y por volver a instrucción después de muchos años».

En todo caso, nadie duda de que el carácter progresista o el hecho de que tenga una ideología política próxima al PSOE y que haya sido un alto cargo en el último Ejecutivo socialista, vaya a influir lo más mínimo en su independencia judicial. Así lo reconoció el pasado jueves el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y así se considera también tanto desde la «conservadora» Asociación Profesional de la Magistratura (APM) como de la «progresista» Jueces para la Democracia (JpD), aunque ambas mantienen posturas distintas sobre si el criterio de antigüedad –que es por el que ha sido elegido De la Mata para ocupar la citada plaza en la Audiencia – debe ser el único y exclusivo para la realización de determinados nombramientos judiciales.

Aval de las asociaciones

Así, Pablo Llanera, portavoz de la APM, no tiene dudas de que cualquier juez siempre tiene en su mente desempeñar su trabajo «desde la más absoluta responsabilidad e independencia profesional», y que el haber ocupado un alto cargo con un Gobierno no tiene que afectar a ello. «Cualquier juez que se precie trata de abordar con absoluta objetividad, rigor y criterio técnico» las cuestiones a él sometidas, «y todo ello prima sobre otros compromisos anteriores» que haya tenido, afirmó al respecto el portavoz de la asociación mayoritaria.

Una opinión coincidentes en líneas generales se mantiene desde JpD. Su portavoz, Joaquim Bosch, tras destacar que el nombramiento de De la Mata se produjo de acuerdo al criterio establecido, destacó que es un juez conocido por su trayectoria profesional y con amplios conocimientos. El haber sido director general de Modernización con el PSOE tampoco cree Bosch que le pueda afectar lo más mínimo en su independencia: «Que un juez tenga ideología no supone que ello tenga que perturbar su independencia, y sería desproporcionado prohibir a magistrados que han ocupado cargos públicos que puedan acceder a determinados órganos judiciales».