El TC lleva más de ocho años para resolver el recurso

Fue en junio del año 2010 cuando 50 diputados del PP anunciaron la presentación ante el Tribunal Constitucional (TC) de un recurso de amparo en contra de la Ley del aborto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, es decir, la denominada Ley de Plazos de 2010, la cual se encuentra en vigor a día de hoy. Y pese a que han pasado ya más de ocho años y medio, el Alto Tribunal todavía no ha tomado una decisión al respecto ni se espera una resolución en el corto plazo.

Sin embargo, aunque el retraso es considerable, los inicios de esa tramitación fueron en cierto modo rápidos, pues a finales de ese mes de junio de 2010 el TC admitió a trámite el recurso de los populares y se designó al juez Andrés Ollero como ponente. En concreto, el PP señalaba en su recurso que fijar unos determinados plazos para poder abortar supone un ataque al derecho fundamental a la vida, tal y como reconoce la propia Constitución española.

Poco a poco comenzaron a cumplirse los diferentes trámites necesarios, como la presentación de los diferentes informes, entre los que se incluía el de la Abogacía del Estado, que se mostró partidaria de desestimar la impugnación.

Sin fecha para el debate

Hasta ahí, todo parecía avanzar en tiempo y no se presagiaban problemas, pero fue pasando el tiempo y el proceso se ha ido, en cierto modo, estancando, hasta el punto de que no hay una previsión sobre cuándo se quiere debatir en el Pleno del TC.

El motivo de esta falta de decisión sobre un tema tan polémico es exactamente ese, lo controvertido del asunto y la falta de consenso en el seno del Alto Tribunal que ha de tomar la difícil decisión.

El pasado mes de noviembre, al respecto, la vicepresidenta del TC, Encarnación Roca, restaba importancia al asunto del retraso y se limitaba a ensalzar la «prudencia» y la «oportunidad» con la que los jueces, en general, y el Constitucional, en particular, tomaban sus decisiones, apuntando que es un tema que «ya discutiremos».

Desde el Constitucional aseguran que ni siquiera se ha hablado de cuándo podría debatirse la ponencia de Ollero, básicamente por esa más que previsible falta de consenso, sobre todo entre los jueces de la mayoría conservadora. Así que, lo que parece querer evitar el tribunal como sea es el dar una imagen de notable fractura en su seno, algo que no sería positivo para la institución.

Una de las dudas que surgen al respecto es si el recurso tiene una fecha de caducidad. En principio, no, aunque podría llegar a su fin en dos supuestos. Por un lado, si decae el objeto del litigio, es decir, que pierda su fundamento y no haya ya necesidad de resolverlo. Y, por otro, que los 50 diputados del PP que presentaron hace más de ocho años el recurso de inconstitucionalidad den marcha atrás y lo retiren, porque han de ser ellos y no el partido quienes lo hagan.