El trabajador despedido por UGT: «Me han cogido de cabeza de turco»

SEVILLA- La caza de brujas emprendida por UGT-A ya se ha cobrado la primera víctima. El sindicato ha sancionado con «despido disciplinario» al secretario general de la sección sindical de Sevilla, Laureano Conde, acusándole de haber procedido a un supuesto borrado de 1.756 archivos contables, una acción que, como ya dejó claro este periódico el pasado miércoles, es imposible ya que la herramienta informática encargada de la contabilidad lo impide. Este paso se produce seis días después de que el secretario general de UGT-A, Francisco Fernández, dimitiera, acorralado por las informaciones que apuntan a graves irregularidades y a una posible financiación ilegal del sindicato.

La persecución interna de UGT-A se redobló en el mes de septiembre. Encargó a la empresa Forest Digital Evidence que investigara quién había procedido a la supuesta copia de archivos contables para filtrarlos a los medios de comunicación. Se procedió al duplicado de varios discos duros para su análisis con la supervisión de un notario. El 6 de noviembre UGT dio un paso más en sus amenazas al comunicar a tres empleados, uno de ellos Laureano Conde la apertura de expedientes disciplinarios.

El sindicato imputa a Laureano Conde «el borrado de 1.756 ficheros con el programa CCleaner, de lo que deducen que el trabajador en cuestión «ha procedido a eliminar importante y voluminosa documentación e información de la entidad, utilizando para ello un programa informático que impide identificar cuál ha sido la documentación concreta borrada», recoge un comunicado de la Sección Sindical de UGT Andalucía.

Los argumentos de UGT no se sostienen. En primer lugar, porque, como avanzó este periódico el miércoles, los dos últimos programas contables que ha tenido el sindicato –TRAZA primero y ahora Spyro– impiden que una información sea borrada una vez que está contabilizada. Ningún trabajador del departamento de administración, del que formaba parte el empleado despedido, tiene acceso directo al servidor, de ahí que sea imposible que los archivos borrados tengan naturaleza contable, como ha esgrimido el sindicato para justificar una traba a la hora de remitir información a la Junta. En segundo lugar, CCleaner es un programa de uso prácticamente doméstico que, en todo caso, permite numerosas vías de rescate de información una vez que se ha procedido a un borrado. No se trata de una sofisticada herramienta informática diseñada para no dejar huella, como aseguró en una reciente comparecencia pública el secretario de Organización de UGT-A, Manuel Ferrer. De hecho, muchos otros empleados del sindicato lo tienen instalado en sus ordenadores.

El aspecto diferencial de Laureano Conde es que no ha sido antes ni ahora una persona cómoda dentro de la organización. Ha criticado decisiones internas y ha interpuesto tres demandas por la decisión del sindicato de no reconocer en el censo electoral a trabajadores que no contaban con un despido en firme, al tener éste recurrido. Se da la circunstancia de que otra de las personas a las que abrieron expediente en noviembre también tenía un cargo de representación laboral como presidenta del comité de empresa. «Lo que quieren es poner una mordaza», asegura Laureano Conde en declaraciones a este periódico. «Me han cogido como cabeza de turco», desliza. No se va a quedar de brazos cruzados: «No estoy dispuesto a que esto se quede así. No voy a permitir que me manchen mi honor y mi honestidad. Voy a llevar a quien tenga que llevar donde haga falta». Al tratarse de un despido objetivo y disciplinario, no le correspondería ni un euro pese a llevar tres décadas trabajando en el sindicato.

UGT-A, que como sindicato presume de velar por los derechos de trabajadores, lo que aplica en este caso es una política de tierra quemada. Los escándalos destapados por LA RAZÓN y otros medios de comunicación están llevando al sindicato al abismo. La Junta, de momento, ya ha declarado nulos dos expedientes que se elevan a 1,8 millones de euros y tiene en carga otros 15 que superan los siete millones de euros. Todo apunta a que la juez Mercedes Alaya activará muy pronto la instrucción judicial sobre el presunto desvío de fondos. El desgaste que está sufriendo el sindicato es severo.

El despido es un aviso a navegantes, dirigido al personal que intente cualquier tipo de movimiento díscolo. Este despido se une a un ERE que ha afectado a 159 trabajadores y a un ERTE que alcanzó a otros 57.

Un «búnker» y 500 excusas

El secretario de Organización de UGT-A, Manuel Ferrer, que salva hasta el comité previsto para el 9 de enero la interinidad producida por la dimisión de Fernández Sevilla, denunció el martes la destrucción de más de 1.756 archivos contables que había sufrido el sindicato. Esto, según Ferrer, está dificultando la auditoría interna. Este periódico publicó al día siguiente que no sólo el programa contable de UGT-A –Spyro– evitaba el borrado, sino que el sindicato tenía toda la documentación en papel en un archivo en Córdoba y en lo que los trabajadores llaman el «búnker» de la sed de Sevilla.