El Tribunal de Cuentas aclara que no quiere fiscalizar a familiares de políticos

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha asegurado que el Plan de contabilidad adaptado a las formaciones políticas "en ningún modo implica atribuir"al tribunal competencias fiscalizadoras sobre los familiares de los dirigentes políticos.

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha asegurado hoy que el Plan de contabilidad adaptado a las formaciones políticas "en ningún modo implica atribuir"al tribunal competencias fiscalizadoras sobre los familiares de los dirigentes políticos.

Álvarez de Miranda ha salido así al paso en el Senado de las informaciones que a su juicio "han malinterpretado"el proyecto, que hoy se estudiaba en la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal Cuentas, al afirmar que plantea fiscalizar a los familiares "próximos de los miembros de los órganos máximos de dirección"de los partidos.

En su comparecencia ante la comisión, Álvarez de Miranda ha aclarado que el plan lo que hace es definir los sujetos y entidades que tienen la consideración de "partes vinculadas"con las formaciones políticas, a las que resulta de aplicación el plan.

Así, se menciona entre dichos sujetos expresamente a los miembros de los órganos de dirección de los partidos y se incluye a sus familiares próximos, pero como una mención más entre las de "aquellos que podrían ejercer influencia, o ser influidos por esa persona, en sus decisiones relacionadas con la formación política".

Según el presidente del Tribunal de Cuentas, dicha definición de las "partes vinculadas"se realiza de forma similar a la del Plan General de Contabilidad de 2007, que, como en el proyecto que ahora se debate, también incluye entre los aspectos a indicar en la memoria de los partidos información específica sobre operaciones con partes vinculadas.

Ha explicado que el que los partidos deban informar sobre sus operaciones con partes vinculadas, es decir que puedan influirles, ya sean empresas, familiares u otro tipo de personas, "en ningún modo implica atribuir al Tribunal de Cuentas competencias fiscalizadoras sobre los familiares de los miembros de los órganos de dirección".

Por el contrario, Álvarez de Miranda ha insistido en que se trata de la información que deben aportar los partidos y que la "atribución de tales competencias fiscalizadoras"sólo corresponde efectuarse en el marco de la legislación aplicable al tribunal.

En todo caso, ha recordado que la aprobación definitiva del proyecto del Plan de contabilidad adaptado a las formaciones políticas, corresponde al pleno del Tribunal de Cuentas, una vez que la Comisión Mixta Congreso-Senado apruebe sus propuestas y resoluciones correspondientes.

Con esta explicación, Álvarez de Miranda ha respondido a algunos de los portavoces que hoy han intervenido en la comisión, entre ellos el del PP, el diputado Eloy Suárez, que le ha recordado que el Tribunal de Cuentas no tiene encomendada la fiscalización de particulares.

"Debe dejarse constancia clara de que lo fiscalizable por el tribunal no son los familiares, sino posibles entidades vinculadas a una formación y que estén dirigidas por allegados", ha dicho el diputado popular, que ha expresado la conveniencia de que el se afine y precise la redacción del proyecto antes de aprobarlo

También el senador de CiU Ferran Bel ha coincidido con este argumento y ha considerado que al definir las "partes vinculadas"se comete un "exceso que podría llegar a la incongruencia".