El Tribunal de Cuentas pide reforzar la fiscalización de las fundaciones de partidos

El Tribunal de Cuentas considera que debería evaluarse la conveniencia de someter las cuentas anuales de las fundaciones vinculadas a los partidos a los procedimientos de fiscalización, así como restablecer el límite de 100.000 euros para las donaciones que puedan percibir, que se eliminó en 2012.

Esta recomendación se incluye en el informe de fiscalización de la contabilidad de los partidos políticos y las donaciones recibidas por las fundaciones en 2008, que hoy ha presentado el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ante la Comisión Mixta Congreso-Senado.

La reforma de 2012 de la Ley de Financiación de Partidos eliminó el tope de 100.000 euros para las donaciones que podían percibir las fundaciones, un límite que según el Tribunal de Cuentas "sería conveniente restablecer".

También considera que la ley debería establecer las obligaciones contables a las que deben someterse las fundaciones y aplicarles la limitación respecto a las donaciones de empresas privadas que presten servicios para la administración.

Según el informe, durante 2008 las donaciones a fundaciones vinculadas a partidos políticos supusieron un total de 9,1 millones de euros, la mayor parte procedentes de donativos directos de personas físicas o jurídicas.

La mayor parte de los incumplimientos de los requisitos legales por parte de las fundaciones han consistido en la ausencia de cuentas específicas para donaciones o la superación del límite que contempla la ley para estas aportaciones.

En su comparecencia, Álvarez de Miranda también se ha referido a la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal que el Gobierno ha planteado dentro del plan de medidas de regeneración democrática.

Álvarez de Miranda cree que las modificaciones anunciadas podrían solventar algunas de las dudas y dificultades que se plantean en la fiscalización de partidos políticos.

Entre ellas, ha citado las medidas coercitivas por la no rendición de cuentas, que hasta ahora el tribunal no ha aplicado al entender que eran propias del ámbito del sector público y que se planteaban dudas de que fueran aplicables a los partidos.

Unas dudas -ha dicho- que podrían solventarse con la modificación anunciada de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas que incorporará la fiscalización de los partidos como uno de los cometidos del organismo regulados dentro de su régimen orgánico.

El presidente del órgano fiscalizador ha recordado que desde que nació la fiscalización de partidos en 1988, el tribunal, que tiene encomendada esa labor, ha avisado de las insuficiencias de la legislación que no establecía límites claros para las donaciones o no regulaba algunas situaciones que quedaban al margen de la financiación de partidos.

No obstante, ha admitido que las reformas de 2007 y 2012 en la Ley de Financiación de Partidos, aunque solo se aplicarán para ejercicios posteriores, han solucionado algunas de esas deficiencias, como la regulación de las donaciones.

Hay ámbitos de la ley como el régimen sancionador en los que el Tribunal de Cuentas ve insuficiencias, ya que, según ha dicho Álvarez de Miranda, "abre unas expectativas de difícil aplicación"e introduce "gran confusión"respecto a los plazos de prescripción.

La reforma de 2012 fijó un periodo de prescripción de cuatro años, pero solo aplicable para ejercicios posteriores.

De esta forma, para los ejercicios anteriores el plazo de prescripción que debería contar es el más corto, que sería de 6 meses desde cometida la infracción.

Una de las recomendaciones lanzadas por el presidente del Tribunal de Cuentas es que los expedientes sancionadores queden interrumpidos por el inicio del procedimiento fiscalizador y no por el sancionador y que la fiscalización fuera "elemento suficiente"para paralizar las prescripciones asociadas a esos ejercicios.

Sería, en su opinión, una mejora importante que podrían tener en cuenta los grupos parlamentarios en su labor legislativa.