El TS no cambiará la situación de los presos por el nuevo Govern

Llarena puso de relieve que JxC pretende «revalidar la dinámica política que condujo» al «procés».

El desbloqueo institucional y la formación de un Govern limpio de causas judiciales no allanará, previsiblemente, la situación procesal del ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los otros ocho responsables del «procés» actualmente en prisión provisional, entre ellos la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell y los líderes soberanistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, «los Jordis». Según las fuentes consultadas, la exclusión del nuevo Ejecutivo catalán de todos los encarcelados llevará a sus defensas a reclamar de nuevo su puesta en libertad argumentando que, al desaparecer de la primera línea política, el riesgo de reiteración delictiva esgrimido por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena se reduce considerablemente. No obstante, esas mismas fuentes se muestran muy pesimistas sobre la posibilidad de que el magistrado acceda finalmente a dejar sin efecto las órdenes de prisión. «Una petición así pone a Llarena en la peor de las tesituras. Si pides su libertad invocando que ya se ha formado el Gobierno le estás arrinconando porque, de acceder a esa petición estaría admitiendo implícitamente que los ha mantenido en prisión para que no fueran candidatos». Fuentes próximas a los políticos encarcelados asumen, por tanto, que «no van a salir y seguirán en la cárcel hasta que

se resuelva todo». Con una excepción. «El único que podría abandonar la prisión por motivos de salud es Forn», lo que llevó a la Fiscalía a pedir su libertad bajo fianza de 100.000 euros, que el Tribunal Supremo rechazó.

De esta forma, el hecho de que Quim Torra sea elegido hoy nuevo presidente de la Generalitat e integre en su Gobierno a quienes no han tenido ningún problema judicial no supondrá una bolsa de oxígeno para que los procesados por el «procés» en prisión puedan ver cambiada su situación; y máxime después de que en su discurso de investidura del sábado asumiera el legado de Puigdemont, con proclamas tales como «seremos leales al mandato del 1-O y lucharemos por alcanzar el Estado independiente en forma de república». Está por ver si lanza un órdago al Estado de Derecho y reedita algunas de las «leyes de desconexión» que están suspendidas por el Tribunal Constitucional, porque, a la vista de los precedentes, en ningún caso le saldría gratis ese desafío. Lo que sí podría hacer legalmente es nombrar consejeros a algunos de los presos, ya que éstos no se encuentran inhabilitados, toda vez que no han sido condenados, aunque tendrían que «ejercer» desde la cárcel, ya que el Supremo, como se constató con las candidaturas de Sánchez y Cuixart a president, no permitiría que estuviesen en sus despachos oficiales.

En este sentido, fuentes jurídicas de toda solvencia destacaron a LA RAZÓN que la situación de los nueve procesados que están actualmente en prisión no se modificará por la formación del nuevo Govern. «Las decisiones judiciales no tienen en cuenta el tiempo político o un nuevo escenario político en Cataluña». De hecho, la previsión que se maneja en el Tribunal Supremo es que al juicio se llegue en la misma situación actual, es decir, con nueve procesados en prisión y ocho en libertad -–el pasado viernes el juez Llarena abrió siete piezas separadas para que puedan ser juzgados los otro siete procesados que están huidos de la Justicia– .

Junto a lo anterior, las mismas fuentes incidieron que otro hecho que vendría a avalar mantener la situación actual de esos procesados, el relativo a que están procesados «por uno de los delitos más graves que existe en el ordenamiento jurídico español, o quizás se podría decir que el más grave, como es el de rebelión».

En cambio, el hecho de que Quim Torra se haya presentado como fiel seguidor de los postulados rupturistas del prófugo Puigdemont y figurase en su candidatura podría tener, en todo caso, un efecto negativo. Y ello porque el propio instructor ya puso de manifiesto que haber formado parte de Junts per Cataluña era una circunstancia que debía valorarse a los efectos de una posible reincidencia delictiva. Así, por ejemplo, Llarena era tajante sobre esa posibilidad en el auto del pasado 6 de marzo donde confirmó la prisión provisional de Jordi Sánchez: «Ha revalidado su compromiso integrándose en una candidatura que proclama el objetivo de restablecer la dinámica política que condujo a las actuaciones de las que nacen las responsabilidades que este proceso penal contempla y que desembocó en la aplicación del artículo 155 de la CE».