El Supremo avalaría exhumar a Franco pero discrepa sobre el traslado a la Almudena

Reunión en el Supremo el 24-S: Decidirá si accede a la exhumación y si avala el veto del Gobierno al traslado de los restos a la catedral madrileña por razones «de orden público»

El Tribunal Supremo (TS) ya tiene fecha para hacer pública su resolución sobre el traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Más de seis meses después de que el Gobierno de Pedro Sánchez fijara, el pasado 15 de marzo, el 10 de junio como el «día D» para proceder a la exhumación, la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal dilucidará el próximo 24 si avala la decisión del Ejecutivo socialista, que ha hecho del traslado de los restos del dictador una de sus medidas estrella. Los magistrados se reunirán a deliberar y, según fuentes del Supremo, lo normal es que ese mismo día se dé a conocer el fallo. Según esas mismas fuentes, «lo más complicado» será avalar por unanimidad el veto del Gobierno socialista a la decisión de la familia Franco de trasladar los restos a la catedral de la Almudena, donde disponen de un panteón en propiedad, y no al cementerio de Mingorrubio, en El Pardo, como pretende el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

«La decisión no tiene que ser necesariamente por unanimidad», apuntan las fuentes consultadas, que precisan que hasta que se proceda a la deliberación de la resolución del ponente, el magistrado Pablo Lucas, «es imposible saber» si el pronunciamiento de la Sala contará con algún voto particular de algún magistrado que no ve claro que pueda impedirse a los nietos de Franco trasladar a la Almudena los restos de su abuelo invocando, como hace el Gobierno, razones de «seguridad y de orden público».

Hasta el momento, los magistrados que deben tomar la decisión –que previsiblemente avalará la exhumación de los restos de Franco– solo han mantenido «conversaciones informales», apuntan fuentes del Alto Tribunal, pero aún no disponen de un borrador de la resolución, un texto que esperan recibir en los próximos días para facilitar la deliberación. «Aún no hemos abierto el melón», aseguran haciendo hincapié en que el principal escollo es «si se le puede negar a la familia el derecho a reinhumar los restos en la catedral de la Almudena».

El visto bueno al traslado parece menos peliagudo, aunque la Sala tendrá que avalar el mecanismo utilizado por el Gobierno para poner ordenar la exhumación: un decreto ley amparado en razones de «extraordinaria y urgente necesidad» que la familia no aprecia en ningún caso.

A puerta cerrada

Los magistrados deliberarán a puerta cerrada a partir de las diez de la mañana del próximo 24, un día después de que concluya el plazo legal para formar Gobierno. El Ejecutivo pretendía haber llevado a cabo la exhumación el pasado 10 de junio, pero el Supremo atendió el recurso de la familia Franco y paralizó cautelarmente la medida para evitar perjuicios irreparables en caso de que, una vez trasladados los restos, el Alto Tribunal resolviese en contra de la petición del Gobierno y hubiese que reinhumarlos en el Valle de los Caídos. En ese supuesto, concluían los magistrados, los intereses públicos «encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales» se verían «gravemente afectados» y, además, se causaría un perjuicio a la familia del dictador.

El pasado mayo se llevaron a cabo obras de acondicionamiento en el nicho del cementerio de El Pardo donde el Gobierno quiere trasladar los restos de Franco. Allí está enterrada su esposa, Carmen Polo. Los terrenos pertenecían a Patrimonio Nacional, pero el pasado 26 de abril el Consejo de Ministros avaló el cambio de titularidad de la cripta, desde entonces adscrita a la Administración del Estado, el último escollo para llevar a cabo el traslado de los restos del dictador.

Mientras, la familia Franco confía en que el Supremo paralice la exhumación y, en caso de que los magistrados avalen la medida, les permitan enterrar los restos de su abuelo en el panteón que poseen en la cripta de la catedral de la Almudena.

Las claves

Siempre ha criticado las «prisas» del Ejecutivo para llevar a cabo la exhumación mediante un real decreto ley cuando, a su juicio, este no es un «caso de extraordinaria y urgente necesidad».

La decisión encaja en la legalidad y no vulnera derechos de la familia, por lo que debe tramitarse en cumplimento de la Ley de Memoria Histórica.