Torra gana el primer pulso: el TSJC aplaza el juicio a noviembre

Las tres recusaciones planteadas por la defensa del president impiden al tribunal celebrar la vista oral los próximos días 25 y 26, como estaba previsto.

Quim Torra no tendrá que sentarse en el banquillo la próxima semana por negarse a retirar los lazos amarillos durante la última campaña electoral. Pero no porque el presidente de la Generalitat cumpla finalmente su amenaza de no acudir a la vista oral, sino porque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha decidido –según han confirmado a LA RAZÓN fuentes jurídicas– aplazar la celebración del juicio ante la imposibilidad de resolver la recusaciones en cadena planteadas por Torra para apartar de la Sala a dos de los tres magistrados que la integran y al juez encargado de instruir esos incidentes.

En una resolución con fecha de hoy, el TSJC indica que "resulta materialmente imposible que la Sala que debe resolver las recusaciones presentadas sea convocada y pueda resolver el incidente el próximo 25 de septiembre".

Por ello, el alto tribunal acuerda suspender las sesiones del juicio, previstas para los próximos días 25 y 26 de septiembre, y fija como nueva fecha para la celebración de la vista oral el día 18 de noviembre.

Tras recusar la defensa de Torra al presidente del tribunal, Jesús Barrientos, y a la magistrada MercedesArmas, la intención del tribunal era retrasar el comienzo del juicio contra Torra –que se enfrenta a una petición de condena de la Fiscalía de 20 meses de inhabilitación, que Vox, que ejerce la acusación popular, eleva a dos años– a la primera quincena de octubre. Pero la decisión del presidente de la Generalitat de recurrir también al magistrado Carlos Ramos el pasado miércoles obliga a la Sala a retrasar esa previsión. Ramos fue designado instructor del incidente de recusación contra sus compañeros y la defensa de Torra, que ejercen los letrados Isabel Elbal y Gonzalo Boye, impugnó también su designación alegando que fue nombrado magistrado del TSJ catalán a propuesta del Parlament y a instancia del PSC, a quien achacan haber«destacado enormemente por su interés» en que el president renuncie o convoque elecciones.

Pero el verdadero objetivo procesal de la defensa de Torra es apartar del tribunal tanto a su presidente,Barreiro, como a la magistrada Armas, a quienes atribuye una supuesta falta de imparcialidad por haber acordado la admisión a trámite de la denuncia de la Fiscalía contra el presidente de la Generalitat, avalando la «apariencia delictiva» de la negativa de Torra a retirar los lazos amarillos de laGeneralitat y otros edificios públicos desoyendo las sucesivas órdenes de la Junta Electoral Central (JEC).

La artillería procesal contra Barrientos es de más pesado calibre, porque los abogados de Torra reprochan además al presidente del tribunal que se haya pronunciado públicamente en contra de la colocación de los lazos amarillos en edificios públicos y a favor de su retirada y que abandonara un acto en el que el presidente del Parlament, Roger Torrent, se refirió a los políticos independentistas en prisión preventiva por la causa del «procés» como «presos políticos».Algo que en opinión de Torra constata su «absoluta falta de imparcialidad».

Torra ya amagó con no presentarse al juicio dado que la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé que el juicio se celebre pese a la ausencia del acusado si se enfrenta, como es su caso, a menos de dos años de prisión o a otra pena (inhabilitación, entre otras) que no exceda de los seis años.