El virus de la corrupción se extiende al PSC

Dos días después de se conseguir los peores resultados de su historia en unos comicios autonómicos, un torpedo explotó en la línea de flotación del PSC. Una operación dirigida por el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Sabadell y la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona destapó unas supuestas irregularidades por corrupción urbanística, por la que están imputados el hasta ayer secretario de Organización y número dos del partido, Daniel Fernández, y el alcalde de este municipio y presidente de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC), Manuel Bustos. Los Mossos d'Esquadra detuvieron ayer a doce personas e imputaron a otras 26, entre ellas la también alcaldesa socialista de Montcada i Reixac, María Elena Pérez. La Policía Autonómica registró incluso la sede del PSC en Barcelona.

Los Mossos también registraron del Ayuntamiento de Sabadell, además de 41 empresas y sociedades y una quincena de domicilios particulares. La «operación Mercurio» comenzó en 2010 y explotó ayer, aunque, según ha podido saber LA RAZÓN, estaba lista antes de comenzar la campaña electoral. Fernández renunció temporalmente a sus cargos dentro del PSC, hasta que se clarifique su implicación en el caso, mientras que Bustos dejó su cargo de secretario de Política Municipal de los socialistas catalanes. No obstante, Bustos seguirá de momento como alcalde de Sabadell, mientras que Fernández continuará como diputado en el Congreso a la espera de entrar en el Parlament (era el número 6 de la lista). Según la investigación, la imputación de Fernández se basa en una llamada que hizo a la alcaldesa de Montcada solicitando trabajo para una tercera persona.

La Fiscalía investiga una «trama político-empresarial» dentro del Ayuntamiento de Sabadell, en la que estarían implicados empresarios y miembros del PSC. Según el Ministerio Público, los miembros de esta trama exigían un depósito previo mínimo de 120.000 euros para acceder con ventaja a las adjudicaciones de contratación pública, aunque la cantidad podía variar en función del presupuesto de la construcción a ofertar. Este depósito se destinaba a un fondo perdido que «finalmente se repartía entre los políticos y funcionarios involucrados en los hechos, así como en el pacto implícito y apalabrado de un 3 por ciento en dinero negro, una vez acabada la obra, sobre el total del presupuesto final». La Fiscalía investiga si este dinero negro era colocado en cuentas legales, si se repartía o se blanqueaba.

Los delitos en los que han podido incurrir los integrantes de esta trama son prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsificación documental, infidelidad en la custodia de documentos, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos y omisión del deber de impedir delitos o de promover su persecución.

La investigación golpea de lleno a la cúpula del PSC. Bustos convocó una rueda de Prensa poco después de conocerse su imputación, y pidió que «la Justicia tiene que actuar con rapidez para poder demostrar que mi actuación al frente del Consistorio ha sido honesta y transparente, en todo momento he cumplido estrictamente la ley». «Estoy muy tranquilo», insistió.

Por su parte, Fernández, que ha dirigido la campaña electoral del PSC, supeditó mantener sus cargos a que se confirmara su imputación, hecho que ocurrió pocos minutos después de esta declaración. También dijo que está «tranquilo».