En España se registran cada día 100 manifestaciones

Manifestarse en España se ha convertido en los últimos años en una especie de costumbre que lleva todas las semanas a la calle a miles de españoles por diferentes motivos, aunque los principales suelen ser los relacionados con el empleo, la crisis y los políticos. Es un derecho que ejercen sin problemas los ciudadanos, quienes secundaron, sólo en 2012, 44.233 manifestaciones, esto es, 120 cada día. Una cifra esta que supone más del doble que las convocadas en años anteriores, cuando apenas se superaban las 20.000 protestas anuales. Y es que, la sociedad tomó más las calles en contra del conjunto de medidas que anunció el Ejecutivo en su primer año de Gobierno. Y en lo que se refiere a 2013, las cifras que maneja Interior rondan las 24.000. Es decir, en los casi dos años de legislatura popular se han registrado en el conjunto de España, al menos, 68.233 manifestaciones, casi 100 diarias.

No existe ninguna traba para celebrar una manifestación, sólo unos requisitos mínimos que obligan a comunicarlo previamente a la autoridad competente, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración de orden público. Y esos datos que se piden no son otros que los de los organizadores, itinerario, propósito y medidas de seguridad previstas o que requieren. Sólo en 2012, por ejemplo, se prohibieron 290.

En cuanto a las comunidades que más manifestaciones viven, Andalucía gana con más de 7.700 sólo en 2012. Tras ella se sitúa la Comunidad Valenciana, con 3.974, y el País Vasco, con 3.916. Madrid, pese a haber sido el epicentro de las protestas contra el Gobierno y de los famosos «Rodea el Congreso», vivió el pasado año 3.186 manifestaciones, la séptima comunidad con más concentraciones. Los que menos toman las calles: asturianos, ceutíes y melillenses; apenas sumaron 230 en 2012 entre todos.

A partir de ahora, con la nueva Ley, manifestarse será igual de fácil y seguirá estando permitido. El único requisito que habrá que cumplir sí o sí será el de comunicarlo a las autoridades. De lo contrario, sí que habrá sanción.

En otros países el derecho a manifestarse exige prácticamente los mismos requisitos:

ITALIA

El derecho a manifestarse, contemplado por la legislación, está sujeto a la solicitud a las administraciones públicas de las autorizaciones pertinentes, que pueden variar según el tipo de concentración. Es siempre necesario realizar un preaviso a la jefatura de Policía de la localidad donde se realizará la manifestación, indicando quién la promueve, el recorrido que seguirá la posible marcha y el número de personas que se espera convocar. También debe solicitarse un permiso por la ocupación de suelo público y otro especial si van a repartirse octavillas o cualquier otro tipo de propaganda. Italia no cuenta con una ley específica sobre el vandalismo y, para estos casos, se aplica la normativa relativa al daño y «afeamiento y ensuciado» de bienes o espacios públicos o privados, con agravantes en caso de que sean de interés cultural. Las penas pueden llegar hasta el año de cárcel.

REINO UNIDO

Es obligatorio también que las manifestaciones sean notificadas a la autoridad correspondiente y Policía por lo menos seis días antes del evento. Se han de proporcionar la fecha, hora, ruta propuesta, numero estimado de participantes y el nombre y dirección del organizador. Por otra parte, aunque no hay ningún requisito legal de notificar a la Policía una protesta estática, se recomienda facilitar los mismos datos para facilitar la organización. Si no se sigue el procedimiento legal, los manifestantes están sujetos a sanciones e incluso pueden ser arrestados. Las consecuencias, sin duda, son más severas si la protesta se realiza en lugares claves, es decir, al lado de edificios como el Parlamento o Downing Street, donde las medidas de seguridad son distintas.

FRANCIA

Las manifestaciones, de corte político o social, forman parte del día a día. Hasta 3.000 por año se han llegado a registrar. Pero si el derecho de huelga está inscrito en la Constitución, el de manifestarse no figura de manera explícita. Aunque sí lo reconoce la Convención Europea de Derechos humanos y Libertades fundamentales, de la que Francia es firmante. La organización de una manifestación está regulada por un decreto ley de 1935 que exige a los convocantes una declaración previa. Tres de sus responsables deben formalizarla al menos con tres días de antelación ante el ayuntamiento o la prefectura correspondiente, indicando nombre y domicilio, día y hora de la manifestación así como el itinerario detallado y número de personas que se esperan. Las autoridades pueden rechazar la solicitud o prohibir una concentración si consideran que supone una «amenaza grave al orden público».

Por otro lado, en Francia los actos vandálicos que se derivan de estas movilizaciones están castigados con 3.750 euros y «trabajos o servicios de interés general» si se trata de daños leves. Pero puede elevarse a 30.000 euros y dos años de cárcel en caso de importantes desperfectos. Además, dichas penas se agravan hasta los 75.000 euros y cinco años de prisión si el bien deteriorado es, por ejemplo, de utilidad pública o mobiliario urbano.