ERE fase II: cerco al presidente y su cúpula

El secreto de sumario ha tocado a su fin. La cúspide de «la pirámide» en el «caso ERE» queda más cerca, bajo el apremio a la jueza de superiores instancias judiciales. Alaya ya habló en los autos de «imputados que estarían situados en el último escalón». Investiga ojo avizor al infinito. Múltiples veces ha apuntado la ausencia total de procedimiento administrativo en las ayudas concedidas a prejubilados y empresas. La presunta trama coincide en parte con un marco temporal en el que el presidente andaluz, José Antonio Griñán, era consejero de Economía y Hacienda, departamento del que depende la Intervención General. Aunque Griñán asegura, «no hay nada en absoluto que pueda imputárseme», el PP mantiene que puede verse afectado. La cabeza del león. La lista de políticos hasta la cola es larga. Desde Chaves, al que le atañe todo el periodo investigado, a Manuel Recio, ex consejero de Empleo entre 2010 y 2012 y cuyo director general, Daniel Alberto Rivera, está imputado. Sin olvidar a la viceconsejera de Economía con Griñán, Carmen Martínez Aguayo; el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo (la agencia IDEA, antiguo IFA, dependiente de su departamento, pagaba por orden de Empleo y se investigan otras ayudas con el mismo modus operandi que el «fondo de reptiles»); Martín Soler, sustituto de Vallejo en Innovación; o los ya imputados Antonio Fernández, ex consejero de Empleo entre 2004 y 2010; Agustín Barberá, ex viceconsejero de Empleo entre 2004 y 2010; Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo entre 1999 y 2008; Juan Márquez, ex director de Trabajo entre 2008 y 2010; Antonio Rivas, ex delegado de Empleo en Sevilla entre 1999 y 2009; y Juan Rodríguez Cordobés, predecesor en el cargo. También está imputado el ex parlamentario andaluz y ex dirigente del PSOE de Sevilla Ramón Díaz. Capítulo aparte es el caso de José Antonio Viera, a quien la Guardia Civil atribuye un «papel esencial» como consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico entre 2000 y 2004, factótum del convenio que en 2001 habilitó el «fondo de reptiles». Como ocurre con Chaves, su posible imputación obligaría a la juez a que, como diputados en el Congreso y aforados, el caso se derivara al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El nombre de Gaspar Zarrías, ex vicepresidente andaluz, es otro de los que pululan por los juzgados. También el del viceconsejero Justo Mañas. El titular de Justicia, Emilio de Llera, reitera que el caso se limita «a dos o tres personas». Más de una quincena de dirigentes están señalados. Varios gobiernos están siendo escrutados. Alaya ha ampliado la investigación a tres fondos diferentes a los ERE. Se investigan 18 millones concedidos a través de los programas Fomento Industrial, Desarrollo Tecnológico y Servicio Andaluz de Empleo, dependientes de la Consejería. La jueza Alaya también ha abordado los departamentos de Agricultura y Pesca, Innovación y Turismo, por su relación con el Instituto de Fomento de Andalucía. El gabinete jurídico de la Junta y la Intervención General no han escapado al escrutinio. Alaya también requiere a la Junta los documentos sobre la investigación interna que arrancó hace dos años, con la actualización de los intrusos en los ERE. Toda una Administración en entredicho, sin descartar una posible financiación irregular en el seno del PSOE. Los socialistas, paradójicamente, la única dimisión que piden es la del líder de la oposición Juan Ignacio Zoido, al que acusan de «mentir» tras denunciar que Griñán siguió dando ayudas tras el escándalo. El PP habla claramente de «un saqueo desde la Junta» y considera que el presidente acabará imputado. «Cuesta creer que no conociera 17 avisos del interventor». En la comisión de investigación del Parlamento, IU, socio del PSOE en la Junta, llegó a apuntar a Chaves y al actual presidente. Guerrero, pieza clave en el proceso y la persona sobre la que la Junta deriva el peso del fraude, implicó a Chaves y Griñán. «No tengo responsabilidad política en los ERE», asegura José Antonio Griñán. La jueza Alaya trabaja para dictaminar si tuvo responsabilidad penal.