¡Es la economía...!

Las medidas dictadas por el populismo han puesto en riesgo la recuperación y el empleo. Las señales de frenazo son preocupantes.

¿Qué podemos decir de los primeros cien días del gobierno de minoría absoluta de Pedro Sánchez? Nada bueno.

Han sido cien días de improvisaciones y mensajes contradictorios más orientados a los favores debidos a sus socios de moción de censura que a fortalecer la recuperación.

Ante una desaceleración moderada en la que España seguía liderando las estimaciones de crecimiento y empleo de la eurozona, el Gobierno ha decidido tomar el camino más peligroso, el de los anuncios maximalistas: la amenaza a creadores de empleo con enormes subidas de impuestos y entregarse a las exigencias de Podemos de gastar mucho más e incumplir nuestros objetivos de déficit en los próximos años.

Ningún país responsable decide poner escollos al crecimiento, el empleo y la inversión y aumentar déficit estructural –endeudarse más con gasto corriente– ante un cambio de política monetaria y subidas de tipos.

Las señales de frenazo económico son preocupantes. El consumo minorista caía en España en julio un 0,4% mientras crecía en las principales economías europeas una media del 2%. La afiliación a la Seguridad Social perdía en agosto casi 203.000 asociados, el peor mes de agosto desde 2008, y un 40% peor de lo habitual en este mes. La contratación laboral se desplomaba un 23,2%.

Estos datos se pueden achacar a distintos factores, pero nadie puede negar el efecto «frenazo» de incertidumbre e inseguridad inversora que producen los anuncios de enormes subidas de impuestos y revertir las principales reformas llevadas a cabo en España. Son los agentes económicos domésticos los que dejan de consumir o contratar ante la incertidumbre.

Cuando Pedro Sánchez llegó a la presidencia con una moción de censura pactada con partidos de signos opuestos y políticas antagónicas, muchos comentaristas apostaban a que buscaría el centro. Se equivocaron: ha vuelto la política de los «globos sonda», esa que consiste en hacer enormes anuncios que afectan a la economía «a ver qué pasa» y luego desdecirse como si fuera una broma.

El ataque a las grandes empresas fue inmediato. El presidente anunciaba en televisión que «constataba» que España «recauda poco»: recaudamos menos sobre PIB porque tenemos una cuña fiscal sobre la inversión, el empleo y el ahorro superior a la media de la OCDE y de Europa. Según datos de Eurostat y PWC las familias y empresas españolas sufren una de las mayores cuñas fiscales de nuestro entorno.

Las grandes empresas pagan un 19% de tipo efectivo sobre su base imponible, y los bancos un 20%. Una fiscalidad superior, en tipo efectivo y en cuña fiscal total, a la mayoría de los países europeos.

La guerra al diésel fue también otro factor de incertidumbre e irresponsabilidad. España fabrica alrededor 1,2 millones de vehículos diésel al año y el sector da trabajo a más de 40.000 personas. Además, el diésel contamina menos que la gasolina. ANFAC (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones) demuestra que los nuevos vehículos diésel emiten menos CO2 que los de gasolina y hasta un 84% menos de óxido de nitrógeno. El impuesto «al diésel» lo pagan los consumidores y afectará a más de 11 millones de consumidores.

Los «impuestos verdes» son más costes que el consumidor medio pagará en la luz, los servicios y su vivienda, en términos generales. Además, ya existen: España recaudó más de un 5% del total de ingresos fiscales en la llamada «fiscalidad verde», más de 20.700 millones de euros en 2017.

El mal llamado impuesto a la banca funciona como un impuesto regresivo, es decir, afecta a los consumidores, depositantes y familias con menores recursos porque la capacidad de asumir mayores costes es mucho más limitada.

Como con el diésel, el «impuesto a la banca» parece otro «globo sonda» dudoso, añadido a la irresponsable decisión de acabar con los acuerdos con Arabia Saudí que casi dejan sin empleo a la bahía de Cádiz.

Anunciar un «tipo mínimo de Sociedades» del 15% sobre el resultado contable a empresas que facturen más de 8 millones de euros no solo es un escollo a la inversión y la contratación, es una locura legal. Supone instaurar la doble imposición unilateralmente. Lo mismo que las subidas a las mal llamadas «rentas altas». Un sueldo de 60.000 euros o 150.000 euros ya paga el 48% de impuestos incluyendo la parte autonómica. El 10% más rico recauda el 48% del impuesto de la renta, y pasa más de 177 días al año trabajando para pagar impuestos.

Imponer un tipo mínimo del 15% a empresas y arrebatar más de la mitad de sus ingresos a los trabajadores va contra los principios constitucionales de capacidad económica, igualdad y no confiscatoriedad.

Por supuesto, las subidas de impuestos incluyen aumentar la cuota a más del 70% de los autónomos y, además, subir impuestos directos e indirectos que, aparte de ir contra la lógica, no solucionan los problemas de pensiones o déficit.

Los anuncios de enormes impuestos con nombres engañosos se han acompañado de promesas de subir gastos para pagar los favores derivados de la moción de censura socialista. El subterfugio de decir que es para pagar las pensiones o el estado de bienestar se desmontaba cuando se rechazaba cualquier mejora de la eficiencia de la administración, en un año en que solo Cataluña y Andalucía gastarán 28.000 millones de euros en administraciones paralelas.

Lo más grave de estos cien días es que se ponga en peligro la recuperación y el empleo con peligrosas improvisaciones y medidas dictadas desde el populismo. La irresponsabilidad la pagamos todos.