España encabeza el incumplimiento de la normativa comunitaria

España está entre los tres países con más procedimientos de infracción de normativa de la Unión Europea, de toda la comunidad. Y no es una apreciación subjetiva, sino que son palabras de la propia institución europea en el último report que ha emitido, y que analiza exclusivamente el nivel de cumplimiento de la normativa europea por cada país miembro.

España está entre los tres países con más procedimientos de infracción de normativa de la Unión Europea, de toda la comunidad. Y no es una apreciación subjetiva, sino que son palabras de la propia institución europea en el último report que ha emitido, y que analiza exclusivamente el nivel de cumplimiento de la normativa europea por cada país miembro.

En el año 2016, la Comisión Europea recibió más de 750 quejas del Reino de España, de las que 149 eran relativas a justicia y protección de los consumidores, dos de los temas más sensibles que existen y que requieren de máxima protección.

La proteción de los consumidores: Todavía una asignatura pendiente para España

Uno de los asuntos que el reino de España no lleva muy bien es la protección de los consumidores. Un ejemplo lo tenemos en la crisis financiera vivida en todo el mundo, y que inició paso gracias a las llamadas “hipotecas subprime” de EEUU. Las entidades financieras otorgaron préstamos, muchos de ellos, sin garantías plenas -análisis de scoring- de devolución. Efectivamente, la crisis llegó y dejó a miles de consumidores sin ahorros y sin vivienda, mientras veían que las entidades financieras eran rescatadas por el gobierno.

Un buen ejemplo: La todavía no traspuesta directiva 2014/17/UE

Marzo de 2016 era el plazo máximo para poder trasponer en cada estado miembro la Directiva 2014/17/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial.

Uno de los problemas principales ha sido la pérdida de confianza por parte de los consumidores en el sistema financiero económico del país, y por ello, las instituciones europeas creyeron de vital importancia poner remedio al asunto, legislando así para ofrecer una mayor transparencia para los consumidores.

Una posible solución: Reclamar directamente a Europa

Como se ha mencionado, las directivas comunitarias deben ser traspuestas en cada país miembro para que los usuarios y consumidores puedan alegarla, mediante una norma interna, ante los órganos jurisdiccionales.

No obstante, y en caso de que el estado miembro -como es el claro ejemplo de España con la Directiva 2014/17/UE- infrinja e incumpla la obligación que tiene de trasponer una norma comunitaria a nivel interno, el ciudadano afectado tiene derecho a reclamar el perjuicio causado. Y ello lo puede hacer por una doble vía: en primer lugar, presentando una denuncia o Queja formal ante la Comisión Europea, alegando incumplimiento de su estado; y, en segundo lugar, solicitar, mediante responsabilidad patrimonial del Estado, que España le indemnice por tal infracción.