España clama por mantener la «doctrina Parot»

Ni jóvenes, ni adultos, ni ancianos. Si algo parece haber puesto de acuerdo a la mayoría de españoles es que no quieren que mañana a las 11:30 horas, los 17 jueces que integran la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) anuncien que España tiene que derogar la «doctrina Parot». Y es que a la inquietud del Gobierno, que en los últimos días ha mostrado su preocupación por el sentido del fallo, también se suma el sentir mayoritario de la ciudadanía, que no quiere ver cómo más de sesenta etarras y seis violadores y asesinos múltiples salgan a las calles. Así se desprende de la última encuesta de NC Report para LA RAZÓN, en la que ocho de cada diez personas, el 82,8 por ciento de los encuestados, se muestran en contra de que salgan de forma prematura estos criminales. Únicamente es un 13,7 por ciento de los españoles los que están a favor de que estos reclusos salgan a la calle.

Y es que este más que probable revés desde Estrasburgo a la «doctrina Parot» no sólo es considerado una afrenta para las víctimas del terrorismo. También lo es para el resto de españoles. No en vano, tres de cada cuatro encuestados no quieren que se condene a España por mantener en prisión a Inés del Río, sanguinaria etarra del «comando Madrid» que está condenada a 3.826 años de prisión por el atentado en la plaza de la República Dominicana de Madrid que costó la vida a 12 policías en 1986. En concreto, un 76 por ciento de los encuestados no está de acuerdo con que la Gran Sala de Estrasburgo acabe condenando a España, mientras que un 20,6 por ciento sí está a favor de que se derogue esta medida penitenciaria, pese a que está avalada por las más altas instancias judiciales españolas, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

Desde el Ejecutivo se ha reconocido que es la última oportunidad que le queda al Estado para mantener en las cárceles a Henri Parot –quien precisamente da nombre a esta doctrina al ser el primero al que el Tribunal Supremo le aplicó la misma en febrero de 2006–, los sanguinarios hermanos Troitiño o José Antonio López Kubati, entre otros, dado que no queda ninguna herramienta jurídica que pueda frenar su puesta en libertad. Si Estrasburgo condena a España, violadores, asesinos y terroristas condenados a amplísimas penas de prisión habrán permanecido en prisión menos de los 30 años que persigue la «doctrina Parot». Un objetivo que también piden ocho de cada diez españoles. Ante la pregunta de si está de acuerdo en que los criminales con mayores condenas cumplan al menos 30 años en prisión, un 79,7 por ciento de los españoles se decanta por el sí, mientras que tan sólo un 17,9 por ciento considera que no deben cumplir la pena máxima estipulada en la actualidad.

Beneficios penitenciarios

En términos generales, el sondeo realizado entre el 15 y el 19 de octubre refleja la opinión mayoritaria de que los grandes criminales –como es el caso de los presos que saldrían de forma inminente si Estrasburgo tumba la doctrina– no deben siquiera acceder a beneficios penitenciarios que les permitan rebajar sus condenas. Así, el 81 por ciento de los ciudadanos se muestra en contra de que puedan conseguir estos privilegios. Por contra, únicamente un 14,8 por ciento de los encuestados se muestra a favor de que puedan conseguir beneficios penitenciarios como cualquier otro recluso condenado a penas muy inferiores.

Además, la encuesta arroja que el 72 por ciento se decanta por que los beneficios penitenciarios se apliquen sobre el total de la condena impuesta, y no sobre el tiempo máximo legal de reclusión. A favor de esta última opción está el 19,5 por ciento de los españoles. O, lo que es lo mismo, casi tres de cada cuatro está a favor de la sentencia 197/2006 del Tribunal Supremo, por la cual las redenciones de la pena por beneficios penitenciarios no se descuentan de estos 30 años, sino de cada una de las condenas impuestas.

Todo indica que el TEDH acabará por «tumbar» la «Parot». Pero de no hacerlo, o de hacerlo de forma parcial y que no todos los etarras acaben saliendo de prisión, no significa que la ciudadanía no abogue, por lo general, por un endurecimiento de las penas. En este sentido, un 69,4 por ciento es partidario de elevar las condenas para casos que creen especial alarma social. Sólo un 25,1 por ciento cree que no habría que modificar la ley para este cometido. Y precisamente, sobre uno de los puntos clave del Proyecto de Reforma del Código Penal, la cadena perpetua revisable, el 74,9 por ciento de los españoles se muestra a favor de ella para los más peligrosos criminales, mientras que un 21,6 por ciento se muestra en contra.