Estrasburgo avala la ilegalización de ANV

El tribunal europeo concluye que era un «peligro para la democracia». Constata el «apoyo político total de ANV a ETA-Batasuna»

Nuevo juicio al «comando otazua» de ETA. Los integrantes del «comando Otazua» de ETA, Iñigo Zapirain, Beatriz Etxeberria y Daniel Pastor (en la imagen), fueron juzgados ayer en San Fernando de Henares por un delito de integración en banda terrorista y otro de depósito de explosivos. Hace un año, en un juicio anterior por intento de asesinato al mismo comando hubo insultos a un guardia civil, al tribunal y gritos a favor de ETA.
Nuevo juicio al «comando otazua» de ETA. Los integrantes del «comando Otazua» de ETA, Iñigo Zapirain, Beatriz Etxeberria y Daniel Pastor (en la imagen), fueron juzgados ayer en San Fernando de Henares por un delito de integración en banda terrorista y otro de depósito de explosivos. Hace un año, en un juicio anterior por intento de asesinato al mismo comando hubo insultos a un guardia civil, al tribunal y gritos a favor de ETA.

«Un gran peligro para la democracia española». Ésta es una de las conclusiones a las que ha llegado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que, en una sentencia hecha pública ayer, avala la ilegalización en 2008 de ANV. Es más, determina, al igual que hizo el Tribunal Supremo, «que existen lazos entre el partido demandante y Batasuna-ETA», incluida una vinculación financiera.

Si bien es cierto que Estrasburgo reconoce que la disolución de un partido supone una injerencia en el ejercicio del derecho a la libertad de asociación, aclara que la disolución de ANV, llevada a cabo por el Supremo y confirmada después por el Constitucional, era «necesaria en una sociedad democrática» para «mantener la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades de los otros».

La sentencia también especifica que la formación ilegalizada jamás condenó los atentados de la banda terrorista e incluso participó en homenajes a miembros detenidos o fallecidos de ETA. Por no hablar de que, según el fallo, quedaría demostrada la integración de miembros de Batasuna en ANV.

La «confusión» entre Batasuna y ANV, según Estrasburgo, se reflejó en «la línea de conducta política e institucional» y en «el empleo de términos amenazantes idénticos a los empleados por Batasuna y Segi en los carteles pegados en Bilbao con fotos de políticos» del PSE y el PNV. Por ello, Estrasburgo ha decidido no suscribir la tesis de ANV, según la cual la ilegalización dictada por el Tribunal Supremo no se ajustaría a la Ley Orgánica de Partidos Políticos (LOOP) de 2002. Además, el fallo del TEDH establece que España no violó el Convenio Europeo de Derechos Humanos –los artículos 10 y 11– y echa por tierra la tesis de ANV.

EAE-ANV, fundada en 1930, dispone ahora de un plazo de tres meses para solicitar su reenvío a la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo para que vuelva a examinar el caso, en el que se ha seguido la línea marcada en junio de 2009 cuando se decidió la ilegalización de Batasuna y Herri Batasuna.

En España, las reacciones no se hicieron esperar. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, celebró la sentencia porque da la espalda a quienes «querían utilizar la democracia para socavar la propia democracia» y apuntó que pone de manifiesto que las decisiones previas de los tribunales españoles «son conformes a las normas de convivencia que nos hemos dado todos los europeos». Ante la posibilidad de que el Gobierno pudiera actuar ahora también contra Bildu, el Ejecutivo recordó que el visto bueno para que Bildu se presentara a las últimas elecciones no es «un cheque en blanco». Y lanzó una clara advertencia: «El Gobierno está vigilante» con Bildu, al que recordó que las líneas trazadas por la resolución del TC son «severas y exigentes». O, lo que es lo mismo, si Bildu incumple los criterios del Constitucional, «incurriría en una situación de ilegalización».

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, también aplaudió la sentencia porque, a su juicio, avala la lucha contra el terrorismo desarrollada por el Estado y es una buena decisión para los intereses de España.

Desde su partido en el País Vasco, su presidente, Antonio Basagoiti, consideró que la ilegalización de formaciones como ANV obligó a ETA a anunciar «que no pegaba más tiros» y que su ratificación por el tribunal europeo es para «felicitarse».

El portavoz de UPyD en el País Vasco, Gorka Maneiro, opinó que la sentencia avala la petición de su formación de reclamar la ilegalización de Amaiur, Bildu y EH Bildu. Destacó que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya dado «especial importancia» a que ANV «nunca condenó los atentados de ETA», informa Efe.

Las víctimas exigen la ilegalización de Bildu y Amaiur

«Refuerza nuestra idea de que hay que exigir la ilegalización de Bildu y Amaiur», manifestó ayer la presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, apenas se hizo público el fallo de Estrasburgo. Este aval a la ilegalización de ANV «demuestra lo importante que era la Ley de Partidos y que hay que respetarla», señaló. A su juicio, que la Justicia europea dé por buenos los vínculos de ETA con ANV pone de relieve que «por mucho tiempo que pase, cuando insistes en algo, tienes pruebas y lo puedes demostrar lo que ocurre es que se ilegaliza la formación sospechosa». «Lo que no se pelea no se consigue y nosotros seguiremos luchando por lo que es justo para las víctimas de ETA», aseguró Pedraza. Y, aunque esperan «no tener que hacerlo solas», nada les «frenará».

No fue la única en mostrar su alegría por la decisión de la Corte europea. La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco, aseguró que «la ilegalización de ANV es uno de los mejores homenajes que se le puede hacer hoy en día a todas y cada una de las víctimas del terrorismo». Así valoró la hermana de Miguel Ángel Blanco, el concejal de Ermua asesinado por ETA en 1997, la decisión de Estrasburgo. Blanco subrayó que las víctimas han «apelado a la justicia» para que sus derechos «se vean cumplidos» y «se haga justicia», de modo que «quienes, a día de hoy, no han pedido la disolución de ETA, no han condenado todo el daño cometido, no se han arrepentido de cada atentado terrorista y, sobre todo, no han pedido perdón», no puedan «formar parte de la vida democrática sin haber dado esos pasos», informa Ep.