ETA impone que el Foro Social no le pida el desarme unilateral

MADRID-Al final ETA se ha salido con la suya y, en las conclusiones del Foro Social, que se celebró en Pamplona y Bilbao en marzo, no se ha incluido ninguna exigencia para que entregue las armas y se disuelva de forma voluntaria. Las conclusiones, presentadas ayer en San Sebastián, en lo que ha sido la reedición de la Conferencia Internacional celebrada en el Palacio de Ayete en 2011 (sin el relumbrón de entonces), han sido calificadas de «vergonzosas» por expertos antiterroristas. Subrayan que, pese a que pueda parecer sorprendente, son una versión alambicada de la «Alternativa KAS», promovida por la banda y su entramado desde la década de los setenta para alcanzar la amnistía, la expulsión de las Fuerzas de Seguridad y la independencia del País Vasco.

«Tiempo prudencial»

Los mismos expertos llaman la atención sobre la cita que se hace, en dos ocasiones, al «tiempo prudencial» en el que se deben poner en marcha las conclusiones. Se trata de un aviso de que en este caso hay que actuar con rapidez, ya que la demora puede traer consecuencias que no se dicen. El Foro Social no se apea de la necesidad de diálogo (negociación) que viene exigiendo ETA desde octubre de 2011: desarme que incluya la referida expulsión de la Policía, la Guardia Civil y los Ejércitos; «solución integral» para los presos, que es tanto como decir una amnistía encubierta; impunidad para los etarras que se encuentran huidos (se pide para ellos la justicia transicional y que se tenga en cuenta que, según el Foro, estamos en un «proceso de paz»); garantía de los Derechos Humanos (con la creación de un organismo para controlar si se cumplen en España), y una «comisión de la verdad», por la que, en teoría, tendrían que pasar todos, aunque lo que subyace es «juzgar» la actuación de los que evitaron que el número de víctimas de ETA haya sido mayor. Sobre el «desarme» de ETA, se pide «el diseño de un proceso controlado, ordenado y consensuado», en ningún caso la exigencia de que la banda dé el paso de una forma unilateral. Tras la citada advertencia al «tiempo prudencial», se recomienda, tal y como adelantó ayer LA RAZÓN, «la intervención y colaboración de organismos facilitadores independientes», nunca las Fuerzas de Seguridad de España y Francia. Donde las conclusiones cobran su mayor arrogancia, según las citadas fuentes, es en la parte relativa a los presos y los huidos. Se pide textualmente la adecuación de «la legalidad a la realidad y aplicar una justicia de carácter transicional». No sólo eso, sino que se modifiquen los «aspectos de la política penitenciaria que contravienen los derechos humanos», lo que, dicho en una España que se rige por principios democráticos, roza el insulto. Aquí también se vuelve a lo del «tiempo prudencial» y se pide a los reclusos, si las exigencias anteriores hubieran sido aceptadas –lo que es materialmente imposible– que reconozcan el daño causado. De pedir perdón a las víctimas, ni una palabra.

O los autores del texto desconocen la realidad española, o actúan con fines inconfesados, ya que no se les ha ocurrido otra cosa que nuestro país «implemente las reformas legislativas necesarias para asegurar que los Derechos Humanos y libertades democráticas estén plenamente garantizados, configurando los mecanismos necesarios para ello. Como primer paso, una entidad independiente debe evaluar la situación». Es decir, que un órgano, promovido por ellos, se dedicaría a controlar a una democracia como la española.

Impunidad

Las conclusiones se extienden en un alegato a que nunca puede haber impunidad. Aunque no lo dicen, las fuentes consultadas señalan que meten en el mismo caso a los terroristas y a los que los combatían y combaten. Para permitir la vuelta de los etarras clandestinos, señalan que «los estándares internacionales sí permiten que la aplicación de la justicia tenga en cuenta el contexto de un proceso de paz». Es decir, que puedan volver a su casa sin necesidad de pasar por los tribunales.

A los del «Foro» parece gustarles eso de las comisiones de vigilancia de los demás y proponen, en lo que respecta a las Fuerzas de Seguridad y los Ejércitos, presentes en el País Vasco y Navarra, que se «redimensione el número y sus funciones» y que se les controle. En el colmo de la creatividad, exigen que se forme «una base de datos oficial, pública y completa de todas las víctimas y vulneraciones de derechos humanos, para preservar la memoria de lo sucedido antes de que se pierda o se vuelva borrosa».