ETA reconoció como falsas las torturas a los terroristas de la T4 que avala el Tribunal de Estrasburgo

El TEDH condena a España a pagar 50.000 euros a los terroristas de la T-4 por «daños morales».

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó ayer a España a indemnizar con 50.000 euros a dos etarras, Igor Portu y Mattin Sarasola, por, según la sentencia, haber recibido «trato inhumano y degradante» tras su detención.

En medios antiterroristas ha llamado la atención esta sentencia, cuando es conocido, porque están judicializados, que el que entonces era jefe de los citados etarras y de los «comandos», Garikoitz Azpiazu, «Txeroki», reconocía, en unos documentos que se le incautaron en el momento de la detención que los pistoleros, autores del atentado contra la T-4 del aeropuerto de Barajas, habían mentido en sus denuncias contra la Guardia Civil. Todo ello, siguiendo un guión marcado por la propia ETA. En concreto, decía «Txeroki» que «lo relacionado con las torturas falsas sufridas por Igor en manos del enemigo está en buen camino». «Visto el resultado que estamos obteniendo y el daño que le causamos al enemigo, es muy importante que los militantes interioricen bien en la eskola (los cursillos de formación y adiestramiento que reciben los etarras) la importancia que tiene el tener preparada la cantada, igual que hace el talde de Igor». «Prepararla juntos y repetirla», anima a sus interlocutores, a quienes saluda con un «¡Aúpa tú!» antes de enviarles un «abrazo revolucionario». La sentencia no tiene ningún efecto, ni sobre los guardias que participaron en la detención ni contra el Estado, ya que el dinero deberá descontarse de las cantidades millonarias que ambos deben en concepto de responsabilidad civil. Portu y Sarasola fueron condenados a 1040 años.

El testimonio de los detenidos, que es falso según «Txeroki», señala que durante el viaje que les llevó al cuartel de Intxaurrondo fueron golpeados por miembros de la guardia civil . El juzgado número 1 de San Sebastián investigó estos hechos y condenó a cuatro agentes de la Guardia civil por «delitos de torturas graves». El Tribunal Supremo anuló esta sentencia un año después al alegar, entre otros factores, que las heridas se habían producido debido a la resistencia mostrada durante los arrestos, por parte de los terroristas que intentaron huir, y a que las acusaciones por tortura habían sido dictadas por la banda terrorista ETA, dentro de su modus operandi habitual de denuncias falsas.