Para conseguir una financiación autonómica que no discrimine a ningún español se debe regular el régimen foral existente. Éste es uno de los avisos que realiza el comité de sabios al que ha recurrido el Gobierno valenciano para que diseñe las bases de un modelo de financiación en el que no haya autonomías marginadas.

Tras un exhaustivo análisis de la manera en la que el Ejecutivo central reparte los recursos, urge a revisar el «cálculo realista del cupo del País Vasco y Navarra para garantizar la solidaridad interritorial de toda España». Uno de los firmantes del informe, el economista Ramón Tamames, aseguró que se ha sido «excesivamente generoso» con estos territorios, a los que llegó a calificar de «paraísos fiscales».

Es decir, estos expertos apuntan éste como único camino que puede seguir la reforma del sistema de financiación, que se abordará a partir de 2015, para poner más dinero encima de la mesa y compensar por fin a aquellas regiones que se califican como históricamente maltratadas.

El informe está suscrito por cinco premios Jaime I de Economía: José Barea, Jaime Lamo de Espinosa, Pedro Schwartz, Ramón Tamames y Juan Velarde. Son todos economistas de reconocido prestigio y forman parte del Alto Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana. Remitirán este documento al grupo presidido por Manuel Lagares y que trabaja en la reforma fiscal.

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, les encargó este trabajo con el objetivo de desentrañar los problemas del reparto de los recursos existentes en España. El documento, que se entregó el lunes al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, será el arma que use el presidente valenciano para reclamar una mejora en la financiación. Sin gritos, sin opciones que encaminen hacia el separatismo, pero con firmeza. «Abanderamos este proyecto para todos», insistió Fabra, «para que todos los españoles tengan asegurados los servicios básicos».

Lo cierto es que no le queda otra opción. Los expertos afirman que la situación actual de la Comunidad Valenciana es muy difícil, ya que padece un «déficit crónico estructural» que plantea problemas muy serios a medio y largo plazo que, de no resolverse, obligarán a plantear la devolución de competencias autonómicas.

El documento también incide sobre una cuestión capital para la imagen de la Generalitat. Afirma que las deudas acumuladas no se han producido por un exceso en el gasto, sino por unos ingresos insuficientes.

Realizada esta aclaración, Tamames apuntó a la necesidad de reducir la Administración. Instó a recortar empresas y fundaciones públicas y a reducir el número de diputados y senadores. «Un diputado nos cuesta 250.000 euros al año».