Fernández Díaz trató con imputados de otros partidos temas de su seguridad

El ministro del Interior, Jorge Fernández, fue contundente en las explicaciones de su reunión con Rato, que justificó en los problemas de seguridad que tenía por las amenazas que estaba sufriendo.

«El encuentro no versó para nada sobre la situación procesal del señor Rato, sino sobre una cuestión tan sensible como su seguridad y la de su entorno más próximo. El señor Rato vino a hablar conmigo de una fundada preocupación, que afecta a su seguridad, son cuestiones que merecen mi atención y por eso se hizo en Interior, era una preocupación fundada», y se llevó a a cabo «con luz y taquígrafo, porque no tenía nada que ocultar». En caso contrario, si pensara que era algo «ilegal», le habría recibido «en una gasolinera –en alusión al encuentro que tuvo el ex dirigente del PSOE José Blanco con un imputado del “caso Campeón”– o en un piso franco». Éste fue el motivo que originó que Jorge Fernández recibiese en su despacho oficial al ex vicrepresidente del Gobierno y ex director general del FMI Rodrigo Rato, el pasado 29 de julio, según explicó ayer el titular del Ministerio del Interior en su comparecencia en el Congreso.

Y, junto a ello, fue tajante al afirmar que no ha realizado ninguna gestión en favor de Rodrigo Rato: «No he intercedido por el señor Rato ante ninguna autoridad, ante ninguna institución o autoridad, ni siquiera conozco el contenido de las investigaciones, ni el detalle de los auxilios que los órganos judiciales han pedido o puedan pedir, en tanto en cuanto Policía Judicial, a la Guardia Civil o la Policía Nacional, en asuntos en los que el señor Rato pueda estar personalmente afectado, que no los conozco porque ni los puedo conocer ni los debo conocer». Y, además, aseguró que nadie puede, porque «legalmente es imposible y se cometería un gravísimo delito», que se pueda interferir o influir en las actuaciones de la Policía Judicial o de los jueces.

Pero, además, y dirigiéndose con la mirada de forma fija a las filas socialistas, reveló que se ha reunido con imputados y condenados de otros partidos para abordar también cuestiones que afectaban a su seguridad. «Son decenas y decenas y decenas de personas y algunos de ellos muy relevantes y que han llamado ellos para tratar de asuntos como los que yo estoy tratando y no voy a dar nombres. Se extrañarían y se sorprenderían», y algunas de esas personas «han sido imputados o condenados y tienen protección. Y no me hagan ir más allá porque son personas que merecen todo mi respeto», afirmó al respecto el titular de Interior.

En cuanto a la reunión que mantuvo con Rodrigo Rato, señaló que se produjo a instancias del afectado y que en la misma se abordó la preocupación que tenía por la posible reducción del servicio de escolta, «que mantiene como todos los ex vicepresidentes», en un momento en que estaba recibiendo mensajes amenazantes para él y su familia.

Obligado a romper su deber

Esas amenazas se habrían producido a través de más de 400 tuits, pero no sólo por ese canal. «No sólo hay tuis amenazantes, estamos hablando de amenazas, que no voy a concretar ni detallar», que son las que le llevan a «considerar que recibiría a esa persona», afirmó al respecto.

En ese contexto, Fernández Díaz insistió en que en ningún momento se trató la situación procesal de Rodrigo Rato, para quien, al igual que para el resto de imputados en otras causas, reclamó que se respete su derecho a la presunción de inocencia. Además, aseguró que hacía mucho tiempo, «meses o años» que no había visto antes a Rato.

En otro momento de su intervención acusó a la oposición, especialmente al PSOE, de haber provocado que haya tenido que romper la prudencia del contenido de este tipo de reuniones, donde se tratan cuestiones tan sensibles como la seguridad de las personas: «Pensaba que podía contar con los responsables públicos, al menos de los conocedores de la materia sensible y compleja de que se trata, de que aceptasen como explicación el “carácter personal” de la reunión y que diesen crédito a lo que se expuso en el comunicado» que emitió su departamento.

Por ello, criticó que se hubiese visto obligado a tener que romper el «deber de reserva en relación a la cuestión planteada», y a una máxima de los ministros de Interior, como es no desvelar asuntos que afectan a la seguridad de las personas; cuestiones que ha tenido que dejar al lado por toda la «especulación sobre el contenido» de la citada reunión con Rato y porque, en alusión a la oposición, «muchos de ustedes no conceden al ministro del Interior ningún margen de confianza adecuado a la naturaleza» de la materia abordada en la misma.

Ironía y crítica por la denuncia

Junto a todo ello, y respuesta a la oposición, señaló que informó de esa reunión al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el pasado día 8, cuando trascendió a la opinión pública.

Precisamente, Rajoy se mostró satisfecho con las explicaciones «pertinentes» dadas por el titular del Interior: «Ha dado explicaciones donde las tenía que dar, en el Parlamento, de una manera rápida e inmediata», a la vez que criticó a la oposición por el uso de la mencionada reunión, ya que «lo único que le interesa es hacer todo lo posible para ver si puede pescar algo en río revuelto». En cuanto a la denuncia del PSOE, ironizó por el contenido de la misma y la redacción «notable». «No se puede andar así por la vida», afirmó.

Asociaciones de jueces creen que no hay delito

Las asociaciones de jueces no ven delito en la reunión del ministro del Interior y critican la decisión del PSOE de presentar una denuncia por estos hechos, al que acusan de llevar la contienda política a los tribunales. El portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, señaló ayer que el mero hecho de celebrarse la reunión no implica delito alguno, pese a que éste hecho sea «moral o éticamente reprobable». Con esa opinión coincide el portavoz del Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo, quien tampoco ve en la actuación de Fernández Díaz ninguno de los tres delitos que le ha atribuido el PSOE –prevaricación, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos–. «Es lamentable que se utilice la Justicia para conseguir rédito mediático», aseguró. Para el portavoz de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, Pablo Llarena, el propio Constitucional tiene establecido que las denuncias tienen que estar asentadas en sospechas fundadas y en este caso no se dan los supuestos. «La prevaricación exige un pronunciamiento en una resolución administrativa que aquí no se ha dado, sobre la revelación de secretos no alcanzamos a saber cuáles son los secretos que se han podido desvelar y el hecho de que una persona se reúna con otra no supone ninguna omisión del deber de perseguir delitos», aseveró Llarena en declaraciones a Ep.

Minority Report y los códigos de Cuba y Corea

El portavoz de UPN, único grupo de la oposición que apoyó al ministro, Carlos Salvador, criticó al PSOE por interponer una denuncia sin tan siquiera escuchar las explicaciones del requerido. «Presenta una querella –se trata de una denuncia– que está a medio camino entre la película Minority Report y el Código Penal cubano, que tipifica la conducta predelictiva». Fernández Díaz también tiró de legislación extranjera para definir esa denuncia: «Desde el punto de vista jurídico, da vergüenza ajena leerla, es propia del Código Penal de Corea del Norte».

Las frases sobre la reunión

«No versó para nada de la situación procesal de Rato, sino de una cuestión tan sensible como es su seguridad»

«Parece mentira que alguien pueda dudar de que el ministro pueda llevar a cabo la más mínima interferencia en investigaciones»

«He aprendido mucho estos días; a no ser un ingenuo ni a confiar necesariamente en el sentido de la responsabilidad»

«Le llamé el día que salió publicada –día 8–para explicarle lo sucedido en un encuentro que no tiene más secreto»