Fernández Díaz: «Si el PSOE hubiese reformado el Código Penal no viviríamos esto»

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, asegura que, tras la salida de violadores de prisión, se están fijando medidas para proteger a los ciudadanos dentro de la legalidad

En una semana marcada por la aprobación del anteproyecto de la nueva ley de seguridad ciudadana, por el goteo de excarcelaciones derivadas de la anulación de la «doctrina Parot» y por los encuentros con sus homólogos italiano y francés, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, hace un hueco a LA RAZÓN para valorar esta vorágine. Comparte el dolor de los españoles y aplaude su carácter:

–¿Qué siente cuando ve a los terroristas excarcelados celebrar como una victoria lo que está pasando?

–Lo mismo que sienten todas las personas de bien: rabia, indignación y dolor. En primer lugar, por las víctimas, porque hay que ponerse en su lugar para entender lo que esto significa para ellas. Pero además, como ministro del Interior, duele especialmente porque ha costado mucho trabajo y mucho esfuerzo localizar, detener y poner a disposición de la Justicia a estos terroristas. Y encima, ese dolor se agrava al ver cómo se los recibe como héroes y se humilla aún más a las víctimas.

–¿El Gobierno es consciente de que los ciudadanos no entienden que no haya ni haya habido alternativa?

–Hace año y medio, cuando anunciamos que íbamos a recurrir el primer fallo de Estrasburgo a favor de la etarra Inés del Río, ya advertí en sede parlamentaria a los partidos que defendían la derogación de la «doctrina Parot» de que, si ocurriera, traería las penosas consecuencias que estamos viendo y de que iba a generar una enorme alarma social. Siento rabia y dolor, pero hay que decir también que España es un Estado de Derecho y que en casos como éste se manifiesta la servidumbre y la grandeza de la democracia. Te gusten o no te gusten, incluso cuando te repugnan, se acatan las decisiones. La alternativa al cumplimiento de la Ley es la ley de la selva y ya sabemos a lo que nos lleva. «Dura ley, pero la ley». Por cierto, a los terroristas les está sorprendiendo mucho, pero es que nosotros somos, afortunadamente, muy distintos.

–Pero la Ley lleva a que las víctimas sufran y a que ellos celebren la victoria.

–Lo esencial es que ETA ha sido derrotada. La ETA que hemos conocido, que hemos padecido durante décadas, ya no existe y no va a volver. Parece que todos los excarcelados salen triunfantes, pero han pasado 26 años de media en prisión y han sido excarcelados no porque hayan tenido éxito en su lucha, sino porque el Tribunal de Estrasburgo los ha liberado, homologándolos a asesinos en serie y otros criminales. Querían la autodeterminación y la independencia del País Vasco junto con Navarra para conseguir una Euskal Herria euskalduna y socialista. Y no han conseguido ninguno de sus objetivos.

–También hay que valorar que están en la calle sin arrepentirse y sin llegar ni siquiera a cumplir la pena máxima efectiva que se les había impuesto.

–En esto estoy de acuerdo. Evidentemente, el reproche al poder político está ahí.

–¿Y qué ha fallado?

–Fundamentalmente, que se tardó 22 años en aprobar el Código Penal de la democracia frente al Código Penal de 1973, que contemplaba la redención de pena por trabajo y, por la cual, por cada dos días de trabajo, tenías uno de redención de pena. Una vez aprobada la Constitución, que abolió la cadena perpetua y la pena de muerte, el máximo de condena según el Código Penal del 73 era de 20 años, con independencia de que hubieras cometido uno o múltiples asesinatos. Eso se sabía y lo normal era que los gobiernos que hubo hasta el 95, cuando se reformó por fin el Código Penal para corregir esta injusticia, lo hubieran arreglado antes.

–Entonces gobernaba González. ¿Dice que la culpa es del PSOE?

–Efectivamente, gobernaba el PSOE. Y no fueron pocas las veces que el PP, desde la oposición, pidió que se cambiase el Código Penal. Pero el PSOE se negó. Si se hubiera hecho antes, no hubiera sido preciso que, por la vía jurisprudencial, hubiera tenido que actuar el Tribunal Supremo y lo que estamos viviendo sería diferente porque el fallo de Estrasburgo sólo afecta a delitos cometidos con anterioridad al 95.

–Habrá escuchado que hay quien dice que lo que «estamos viviendo» es continuidad del proceso de negociación con ETA de Zapatero.

–Los hechos hablan mejor que las palabras. Había unos miembros de ETA acogidos en Noruega y esperando una interlocución con el Gobierno que nunca se ha producido. No ha habido ninguna negociación ni la va a haber y este Gobierno no cree en procesos de paz porque en España no ha habido una guerra con dos bandos enfrentados, sino unos terroristas que asesinaban y unas víctimas que sufrían. Desde que llegamos al Gobierno, las Fuerzas de Seguridad del Estado no han dejado de actuar en ningún momento y hemos puesto a disposición judicial a 84 personas por su pertenencia y vinculación a ETA, no sólo en España, sino fundamentalmente en el exterior. Recientemente, la Guardia Civil detuvo a toda la dirección nacional de Herrira, que se había subrogado a actividades en apoyo de los presos de las ilegalizadas Gestora Pro Amnistía y Askatasuna. El Estado de Derecho no ha dejado en ningún momento de actuar ni lo hará; éstos son los hechos.

–¿Y en política penitenciaria? Esperanza Aguirre sigue quejándose de que Bolinaga esté en la calle...

–Precisamente, en materia penitenciaria el reproche que se nos hace es por no adaptarla a la nueva realidad y nuestra respuesta es que estamos abiertos a la reinserción de los presos siempre que cumplan los requisitos: arrepentimiento y petición de perdón; que asuman las responsabilidades civiles anexas a sus condenas, y que colaboren con las autoridades civiles en la resolución de sus crímenes.

–¿Y el colectivo de presos etarras está por la labor?

–No, y por eso sostengo que en lo sustancial no ha cambiado nada. ETA está derrotada, no se va a negociar con ella, no se ha cambiado la política penitenciaria y el Estado de Derecho no está en suspenso y seguirá actuando hasta conseguir la disolución incondicional de ETA.

–¿No habrá más excarcelaciones de presos, salvo las que prevé la «doctrina Parot», entregue o no entregue ETA las armas?

–Puedo asegurarlo con total seguridad. No va a haber más excarcelaciones que las que se deriven del cumplimiento de las condenas establecidas por los tribunales y en el marco de la Ley.

–¿Hay síntomas de que puede estar a punto de producirse la disolución de ETA?

–No voy a entrar en ese debate porque no quiero contribuir a la teatralización que pretende ETA. Si quiere entregar las armas que las entregue. Las Fuerzas de Seguridad tienen verificadores para comprobarlo. Si es coherente con el cese definitivo de su actividad terrorista, tiene que asumir que ha sido derrotada y disolverse. Que no tiene cabida en nuestra sociedad. Si no lo hace por las buenas será por las malas y quedará reducida a unas siglas como ha ocurrido con los Grapo.

–Hablaba antes de la derrota policial de ETA, ¿sostiene que también está derrotada políticamente?

–No ha conseguido los objetivos para los que utilizaba el terrorismo, sin duda. Pretendía una Euskadi unificada con Navarra, independiente y euskaldun, y el País Vasco y Navarra siguen siendo una comunidad autónoma y una comunidad foral con niveles de autogobierno muy elevados, pero garantizados por la Constitución.

–Pero la izquierda abertzale no ha renunciado a su pasado ni se arrepiente de él. Sólo han ajustado cosméticamente sus estatutos a la nueva realidad.

–Durante muchos años le dijimos a ETA que si quería participar en las instituciones legales tenía que hacerlo por la vía pacífica. En los 80 y en los 90, Herri Batasuna tuvo diputados en el Congreso y en el Parlamento vasco y ETA estaba en plena actuación terrorista.

–Y la victoria de la democracia fue expulsarles de las instituciones. ¿Ya no hay marcha atrás?

–El Tribunal Constitucional, cuando legalizó a Sortu, estableció un decálogo de actuaciones que, en el supuesto de que fueran grave y reiteradamente realizadas, podrían dar lugar a un incidente de ilegalización sobrevenida. Entre ellas, el enaltecimiento del terrorismo y la humillación de las víctimas. Ya he dicho en varias ocasiones que el contador se ha puesto en marcha y de todas las actuaciones de ese decálogo tiene conocimiento la Fiscalía para los efectos oportunos. Ahora bien, una iniciativa de este tipo hay que iniciarla cuando hay suficiente fundamente jurídico para ganar.

–La derogación de la «doctrina Parot» está también dejando en la calle a violadores reincidentes y asesinos múltiples. Como ministro del Interior, ¿puede garantizar que, dentro de la Ley, harán lo necesario para que estos criminales excarcelados no vuelvan a hacer daño a la ciudadanía?

–Faltaría a la verdad si dijese que puedo garantizarlo con una seguridad del cien por cien. En el marco de la Ley estamos adoptando todas las medidas que podemos para garantizar la seguridad de la gente. La libertad vigilada se establece en 2010 con medidas anexas de seguridad para terroristas y para los autores de delitos contra la libertad y la integridad sexual. En la vigente reforma que se tramita en el Congreso se han incrementado notablemente los delitos a los que se puede aplicar. Pero los que cometieron sus delitos antes del 95, una vez en la calle, son libres absolutamente. Ahora bien, teniendo en cuenta que son libres totalmente pero que no se han rehabilitado y pueden volver a reincidir, en el marco de la Ley se están estableciendo las medidas necesarias para garantizar la seguridad a unos ciudadanos que están legítimamente escandalizados por lo que ha ocurrido.

–¿Por qué es necesaria una nueva Ley de Seguridad Ciudadana?

–Es necesaria porque está en trámite la reforma del Código Penal, que despenaliza las faltas, unas porque pasan a ser delitos leves y otras porque pasan a ser infracciones administrativas. En la medida en que esas conductas antisociales y antijurídicas dejan de estar en el Código Penal, si no las trajéramos a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana quedarían en el limbo jurídico, sin ningún tipo de reproche, ni penal ni administrativo. Por lo tanto, sólo ya la despenalización de esas conductas hace absolutamente imprescindible la reforma de la ley. A partir de ahí, han transcurrido 22 años desde la aprobación de la vigente ley y, en esos años, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo ha ido definiendo y perfilando nuevos fines y principios a los que deben acogerse los poderes públicos, en este caso, el Ministerio del Interior y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para garantizar la seguridad ciudadana con pleno respeto, como no puede ser de otra manera, a los derechos fundamentales y a las libertades públicas de los ciudadanos. Además, hay una moción del Congreso que insta el Gobierno a esta reforma.

–Desde la izquierda se sostiene que es mejor que las infracciones estén reguladas en el Código Penal porque, al intervenir un juez, hay mayores garantías que si están en manos de la Administración.

–Esa crítica no tiene el más mínimo fundamento. Toda sanción administrativa está sometida al eventual recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa y, por lo tanto, en última instancia también el juez. Y el derecho penal es la última «ratio» del derecho sancionador. El reproche penal, por su propia naturaleza, siempre es más duro que la sanción administrativa.

–Y se dice que con esta ley buscan reprimir las protestas y no beneficiar a los ciudadanos. ¿En qué se puede beneficiar el ciudadano de esta ley?

–La sociedad quiere seguridad porque sin seguridad no hay libertad ni una convivencia normal, libre y pacífica. Esta ley va a dar seguridad con pleno respeto a las libertades y a los derechos de la gente. En ella se reconocen determinadas conductas antisociales que merecen claramente un castigo social y que atentan contra la seguridad y la pacífica convivencia ciudadana. Sólo debe asustar y debe preocupar a los violentos y a los que hacen del incumplimiento de la ley su norma.

–¿A qué conductas se refiere? ¿Los escraches son conductas antisociales?

–En España, el derecho fundamental de reunión y manifestación se ejerce de manera absolutamente continuada. Es uno de los países donde se ejerce con mayor normalidad y frecuencia, hasta el punto de que raro es el día en que no se producen manifestaciones. En la inmensa mayoría de supuestos, ese derecho se ha ejercido sin problemas, se ha cumplido la Ley y no ha habido violencia. Pero hay grupos claramente radicales, antisistema, que se introducen en esas manifestaciones y que a los primeros que dañan es a los propios convocantes o manifestantes; que provocan altercados y daños a la convivencia, que hacen daño al mobiliario urbano, que generan violencia urbana... Todas esas conductas, en la medida en que no sean constitutivas de delito, van a tener con esta ley un claro toque de atención en términos de sanción administrativa.

Por otra parte, ahora también es frecuente que esas personas violentas, extremistas de uno u otro signo, quieran llevar a cabo esas conductas desde el anonimato, sin poder ser identificadas. En esta ley también se contempla esa realidad, que hace 22 años no tenía la frecuencia que tiene en estos momentos. Podría aludir también a conductas que tiene que ver con la protección que merecen las infraestructuras críticas, a la prostitución en las proximidades de centros o lugares donde hay menores, al botellón...

En definitiva, la ley de seguridad es la ley de derechos que unos ejercen respetando la libertad de todos. De quienes se manifiestan en su derecho y respeta la libertad de quien no lo hace.

–¿Se incluyen también acciones contra radicales, como los de ultra derecha que irrumpieron en un acto de CiU en Madrid con motivo de la Diada?

–Por supuesto. Incluye comportamientos como el de Blanquerna o como el que el señor Rubalcaba padeció hace unos días en la Facultad de Químicas de la Universidad de Granada, donde quiso dar una conferencia y un grupo de personas se lo impidió. La ley, evidentemente, no distingue de colores o posiciones ideológicas. Yo creo que la seguridad y la demanda de seguridad es transversal, no es patrimonio ni de la derecha ni de la izquierda. Tengo que decir también, por ejemplo, que la ley va a permitir garantizar que no se perturbe el normal funcionamiento de las corporaciones públicas y el ejercicio de la legítima autoridad.

–¿Cuál será la sanción en casos así?

–Es una infracción grave, que sería sancionada con una multa que va de los 1.001 euros a los 30.000 euros. En principio, lo de la universidad tendría la misma sanción. Tengo que decir que las cuantías de las sanciones, de las que se ha dicho que son muy elevadas, son las mismas que se contemplan en una ley que data de hace 22 años.

–¿Le preocupa la amenaza del PSOE de que esta ley va a traer una oleada de protestas callejeras y que ellos van a estar en ellas?

–Me preocupa la irresponsabilidad de que una persona muy cualificada del Partido Socialista haya podido decir semejantes palabras. No deja de ser paradójico que, al día siguiente de estas palabras, se produjera un incidente, lamentable y que condeno, como no puede ser de otra manera, en la Universidad de Granada y que afectó al secretario general del PSOE.

–Desde que ustedes llegaron a La Moncloa se ha estado pronosticando que su política iba a hacer que «ardiesen las calles». ¿De quién es el éxito de que eso no se haya producido? ¿De los ciudadanos que se están comportando bien? ¿De las Fuerzas de Seguridad del Estado?

–De todos. Es fruto del civismo de la gente y de la profesionalidad de la Policía. Sólo en el 0,9% de los supuestos ha sido necesario que las Fuerzas de Seguridad correspondientes tuvieran que usar sus medios de defensa. En la inmensa mayoría de los casos, por ser zonas urbanas, la Policía Nacional y, en otros casos, la Guardia Civil.

–Cambiando de tercio, ¿han tomado ya una decisión sobre las concertinas en la valla de Melilla?

–España tiene, como todo Estado, el derecho y la obligación de velar por el control de sus fronteras. España, en tanto que es frontera exterior de la Unión Europea, tiene una obligación adicional. Hemos de procurar, como es lógico, que las personas que entran en nuestro país lo hagan legalmente. En el caso de Ceuta y, singularmente, de Melilla, somos conscientes de que para personas que viven en zonas del África subsahariana, el Sahel, por mucho que en Europa y en España estemos en crisis, siempre esto es un destino muchísimo más atractivo. Esto es humano, absolutamente legítimo, y lo respeto profundamente. Pero España tiene la capacidad de acogida que tiene y nosotros no estamos en condiciones de acoger a todas las personas que quieren entrar en nuestro país, y de aquí al resto de la Unión Europea, para conseguir unas condiciones de vida más dignas y más adecuadas.

–Pero el debate no está tanto en si hace falta una política de inmigración ordenada, sino en los medios que se utilizan.

–La política de inmigración que estamos siguiendo es un modelo a nivel europeo. Se basa en tres pilares: prevención con los países de origen de esa inmigración, cooperación con los países de origen y tránsito y, en última instancia y en el marco de la Organización Mundial de Migraciones, el impulso de políticas de repatriación voluntaria de aquellas personas que han sido objeto de las mafias que trafican con personas y quieren regresar a sus países de origen.

Sentadas esas premisas, nosotros tenemos el deber y la obligación de velar para que nadie entre en nuestro país ilegalmente. Y son miles las personas que quieren hacerlo por vía marítima o terrestre. Hay que recordar la llamada «crisis de los cayucos» de los años 2005 y 2006.Por ejemplo, en 2006 llegaron a las Islas Canarias más de 30.000 personas de forma ilegal por vía marítima. Y entraron por la valla de Melilla más de 16.000 personas. Eso dio lugar a que se establecieran, a nivel nacional y con la cooperación de la agencia europea Frontex, medidas tendentes a hacer más seguras nuestras fronteras, a la vigilancia marítima de nuestras costas y también a reforzar las vallas de Ceuta y de Melilla para hacer frente a esas oleadas de inmigración.

El desarrollo ha sido extraordinario, de tal suerte que, por ejemplo, por vía marítima el año pasado entraron irregularmente en España unos poquitos centenares de personas. En la medida en que cada vez les es más difícil llegar por la vía marítima, lo intentan hacer por vía terrestre y, por eso, la presión que existe en torno a Ceuta y, sobre todo, en Melilla. La otra vía se les ha cerrado y, cuando se les cierra una puerta, las mafias que trafican con estas personas buscan otra.

–Entonces, ¿las concertinas se quedan?

–En última instancia, nuestras fronteras han de ser seguras y la gente que entra tiene saber que debe hacerlo de acuerdo con la Ley, no ilegalmente. El PSOE instaló las llamadas concertinas y reforzó las vallas de Ceuta y de Melilla y, mientras no se demuestre lo contrario, no hay un método más eficaz para hacer frente a este problema.

Si se nos ofrece una alternativa distinta a las concertinas, estamos abiertos a estudiarla, entendiendo que lo que no podemos hacer es renunciar a la obligación de impedir que se entre ilegalmente en nuestro país. Hasta ahora, nadie nos ha planteado una alternativa viable. El PSOE ha presentado en el Congreso una proposición no de ley orientada no a evitar la entrada ilegal, sino a detectar cuantitativa y geográficamente dónde están los inmigrantes. Ése no es el problema, ya tenemos información. De lo que se trata es de tomar medidas que eviten la intrusión ilegítima en nuestro país, no de que nos digan cuántas personas quieren entrar ilegalmente y dónde se encuentran. Y tengo que decir que las mafias que hacen este tráfico criminal de personas están muy atentas al debate que se está produciendo en España.

–Para terminar, Cataluña. ¿Cómo ve la evolución del problema?

–Lo más preocupante es la fractura social que se está produciendo en una comunidad que ha crecido y se ha constituido con ciudadanos de toda España. En la Transición, en Cataluña se gritaba «libertad, amnistía y, hoy más que nunca, un solo pueblo» porque se quería poner de manifiesto que Cataluña es fruto del mestizaje. Sin embargo, lo que hoy algunos pretenden es dividir a la propia sociedad catalana en dos pueblos, y eso exige un plus de responsabilidad por parte del Gobierno para compensar el déficit de algunos dirigentes catalanes.

–¿Qué más puede hacer el Gobierno de Rajoy para evitar esa fractura?

–El Gobierno ya ha dicho con claridad que va a cumplir y a hacer cumplir la Ley, empezando por la Constitución y por sus artículos 1 y 2, en los que se establece que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española y que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español. Sobre la unidad de España decidimos el conjunto de españoles.

–¿Cree que de verdad acabarán intentando celebrar una consulta ilegal?

–Estoy convencido de que el «seny» volverá. Si hay algo que va en contra de la realidad histórica de Cataluña es lo que se está produciendo ahora.

–Sin embargo, cada vez se oyen más voces, y no nacionalistas, que se suman a la idea de que hace falta negociar un nuevo estatus, una nueva relación de España con Cataluña, y reconocerles una nueva financiación.

–Estamos viviendo los frutos de aquella desafortunada iniciativa del Estatuto catalán, en la que el gobierno socialista dejó fuera al PP. Ahora el Gobierno está ayudando intensamente a Cataluña a salir de la crisis después de que los 8 años de Gobierno tripartito dejaran a la Generalitat con una deuda insostenible y sin acceso a los mercados nacionales e internacionales. El Gobierno ha aportado a la Generalitat recursos por valor de 29.000 millones de euros, porque tiene la obligación de ayudar, pero también conviene que los catalanes lo sepan. Aquí estamos ante un problema de prioridades. Unos priorizan quimeras que hacen un profundo daño a Cataluña y otros se están preocupando de garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos y el pago a proveedores.