Fin a los rumores de crisis de Gobierno

«No estamos en eso». La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, respondió ayer así de tajante cuando se le preguntó por los rumores sobre esa posible remodelación del Gabinete de Rajoy que ciertos sectores vienen alimentando durante todo el verano. En las quinielas se han manejado incluso los nombres de algunos de los titulares de cartera que han tenido un mayor desgaste en lo que va de legislatura o que, supuestamente, están más alejados del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Estos rumores de cambios se han extendido también a la dirección del partido, por el coste que está dejando la gestión del «caso Bárcenas». El pasado lunes este periódico adelantó que Rajoy mantiene sus ritmos y no baraja cambios inminentes en su Gabinete ni tampoco por el «caso Bárcenas», salvo que se sustancie alguna «sorpresa» significativa en el ámbito judicial. La elección del «cabeza de lista» para las elecciones europeas marca, en cualquier caso, el punto de inflexión en relación a este debate.

Ayer la vicepresidenta enfrió estas especulaciones con la advertencia de que lo que ocupa y preocupa en estos momentos al Ejecutivo es cumplir con la agenda de reformas que se ha fijado para los próximos meses, y con la que se ha comprometido ante las autoridades comunitarias. Santamaría negó incluso que los ministros estén comentando entre ellos, o le hayan preguntado, por esa supuesta intención del presidente del Gobierno de acometer una remodelación ministerial.

En lugar de hablar de cambios la vicepresidenta marcó una intensa agenda reformista para las próximas semanas, después de casi dos años de legislatura en los que el Gobierno ha aprobado «hasta 120 iniciativas con rango de ley» que afectan a todos los ámbitos, entre los que resaltó el fiscal y el financiero. El mensaje con el que Moncloa quiere arrancar el nuevo curso político gira de nuevo alrededor de las reformas y de dos objetivos básicos, mantener la estabilidad para crear empleo y consolidar la recuperación económica.

Dentro de los proyectos en línea de salida están las pensiones, delicada materia en la que se espera que este mismo lunes la ministra de Empleo, Fátima Báñez, anticipe los ejes de la reforma que presentará el Gobierno sobre la base del informe de los expertos y después de reunirse con los sindicatos. También en la cartera de trabajo del Ejecutivo entran otras cuestiones como la revisión del mercado laboral, cambios en materia de telecomunicaciones o medioambientales y el paquete de regeneración democrática que el presidente del Gobierno anunció en el Debate del Estado de la Nación, que se celebró a finales de febrero. Este verano, en la comparecencia extraordinaria en el Senado por el «caso Bárcenas», ratificó su intención de promover justo a la vuelta de las vacaciones este refuerzo legislativo de los controles de la financiación de los partidos, de los tesoreros y de los cargos públicos. Incluye una modificación del Código Penal para endurecer los delitos, e incluir el de la financiación irregular, y también agilizar los procedimientos y ampliar los plazos de prescripción.

Entre las actuaciones inmediatas estará también la primera concreción legislativa del denso informe sobre la reforma de las administraciones públicas que Moncloa presentó en los últimos días de junio. Después de realizar aquella auditoría completa de todo el sector público español, para hacerlo «más eficiente, cercano, fiable y transparente», el Ejecutivo se comprometió a poner en marcha una Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración, que, con un coste cero, debería hacer un seguimiento del cumplimiento de las medidas incluidas en el documento y elaborar informes trimestrales, y otro anual, más exhaustivo. El primer informe se conocerá en septiembre. La previsión del Gobierno es ahorrar más de 37.000 millones de euros entre 2012 y 2015 gracias a la racionalización de las estructuras públicas, la reforma de la Administración local y el adelgazamiento del sector público. El Gobierno está trabajando intensamente en la eliminación de duplicidades entre administraciones.