El fiscal general del Estado ha cargado con dureza en el Congreso contra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de que el órgano de gobierno de los jueces considerase su nombramiento para el cargo "inidóneo" y de que el Tribunal Supremo (TS) advirtiese una "desviación de poder" en su decisión de ascender a la máxima categoría de la carrera a su antecesora Dolores Delgado. En su comparecencia en la Comisión de justicia tras ser renovado al frente del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz se ha mostrado visiblemente molesto con la actuación de lo que ha calificado como "tribunal de honor" respecto a su pronunciamiento sobre su designación como fiscal general.

García Ortiz, que ha reiterado su apoyo expreso a los fiscales del "procés" (como ya hizo ayer tras la celebración del Consejo Fiscal), ha justificado su silencio sobre la ley de amnistía en que no le corresponde "juzgar ni explicar acuerdos de naturaleza política". "Nunca adoptaré -ha recalcado- posiciones partidistas ni actuaré conforme a criterios políticos". "Mantendré siempre una posición objetiva y neutral y no emitiré ninguna declaración política partidista", ha añadido.

El fiscal general sí se ha pronunciado sobre posibles citaciones a los fiscales para que declaren en comisiones de investigación. "El ordenamiento jurídico impide la citación de jueces y fiscales en una comisión parlamentaria", ha dejado claro coincidiendo con el dictamen del CGPJ. García Ortiz ha insistido en que las comisiones constituidas en el Congreso tras los pactos de investidura del PSOE con los partidos independentistas a cambio de hacer presidente a Pedro Sánchez no tienen el objetivo de "revisar ni los procedimientos ni la respuesta de los tribunales ni la responsabilidad de jueces y fiscales en esos procedimientos".

Pero ha sido la reprobación del CGPJ la que ha concentrado sin duda buena parte de sus reproches. García Ortiz ha asegurado al respecto que "es a esta cámara y no a otros órganos, a la que corresponde valorar los méritos e idoneidad del fiscal general del Estado". Y ha achacado a la "menguada mayoría" del actual Consejo (los ocho vocales que firmaron ese informe) "haberse atribuido una función de fiscalización de la actuación del fiscal general del Estado, como si se tratara de un órgano jerárquicamente superior".

"Ni los jueces ni su órgano de gobierno eligen en España a los fiscales", ha recalcado al tiempo que insistía en que la autonomía del Ministerio Público "se predica tanto del Ejecutivo como del Poder Judicial". Además, ha afeado a esos ocho vocales que defendieran "justamente lo contrario" a cuenta del nombramiento de José Manuel Maza como fiscal general.

"Sin rigor"

El CGPJ, se ha quejado, se pronunció "sin darme ningún tipo de audiencia". "Se convirtió nuevamente en un tribunal de honor al que fui sometido, pero sin un expediente previo, sin alegaciones y sin rigor", ha añadido, "atendiendo a un novedoso e interesado criterio de oportunidad".

Respecto a una supuesta "desviación de poder" en el ascenso de Dolores Delgado (uno de los motivos del CGPJ para no considerarle idóneo para el puesto), se ha reafirmado en que ese nombramiento se hizo "atendiendo a los más estrictos principios de mérito y capacidad". "Mantengo sin ambages que solo la atribución de la primera categoría al fiscal del Estado saliente le asegura una absoluta independencia de criterio en su mandato", ha defendido.

Y en cuanto a otro de los reproches que le hizo el Consejo, su "deficiente dirección para el correcto funcionamiento de la Fiscalía" ante la aplicación de la ley del "solo sí es sí", ha calificado de "insólita" esa afirmación, que considera una "clara injerencia" y un "inadmisible ataque a la autonomía de todos los fiscales".

En su intervención en el Congreso, García Ortiz -sin aludir directamente a las acusaciones de "lawfare" del independentismo- ha mantenido que el fiscal general "es la mejor garantía del trabajo diario de todos los fiscales, velador y valedor de quienes ejercen y han ejercido su función como custodios de nuestro ordenamiento jurídico desde una posición de absoluta imparcialidad".

"No me verán tomando postura en cuestiones políticas"

Y sin referirse tampoco a la ley de amnistía, ha intentado justificar su silencio (ayer mismo se opuso a que el Consejo Fiscal valorase la medida). "Las instituciones públicas y quienes temporalmente las dirigimos tenemos un deber inexcusable de imparcialidad en el ejercicio de nuestra función. Es una obligación constitucional y legal, pero también es una obligación ética y moral", ha defendido. "Solo así las instituciones democráticas y el Ministerio Fiscal pueden ser baluarte de los derechos y libertades del conjunto de la ciudadanía".

"Puedo decirlo más alto, pero no más claro: respetaré el principio de separación de poderes, consustancial al Estado de derecho, y respetarlo significa evitar cualquier injerencia en las funciones constitucionalmente atribuidas a cada uno de los tres poderes del Estado", ha dicho para sustentar su posición de no inmiscuirse en la tramitación parlamentaria de la proposición de ley del PSOE.

"No me verán tomando postura en cuestiones estrictamente políticas, pues la confianza de la ciudadanía en los servidores públicos tiene como cimientos no solo nuestra imparcialidad, sino también la apariencia de imparcialidad", ha recalcado.

Y por si quedaba alguna duda, ha vuelto sobre el asunto: "No pretendo ser un comentarista de la actividad política o judicial. Me mantendré siempre, y así mantendré a la institución, en el espacio de los jurídico. Si el fiscal general del Estado abandona ese escenario, se coloca en un lugar idóneo para la contienda mediática, para el activismo asociativo y no para el recto desempeño de su función constitucional".

"Yo no entiendo que se puedan decir determinadas cosas del fiscal general...", ha lamentado García Ortiz en su turno de réplica a los representantes políticos. "Hay una especie de bula respecto al fiscal general", se ha resignado. "Espero contribuir a un cierto sosiego institucional y a reforzar el respeto a las instituciones. Fuera de las instituciones no hay nada, es el vacío absoluto", ha advertido.

De Rosa: "Atacar al Supremo y al CGPJ no es la mejor carta de presentación"

El representante del PP en la comisión de Justicia, el diputado Fernando de Rosa, ha reprochado a García Ortiz que "atacar al Tribunal Supremo y al CGPJ como carta de presentación en esta comisión no es lo más adecuado para alguien que pretende ser fiscal general del Estado y debe defender el principio de legalidad". "Creía que tenía mayores alturas de miras", ha lamentado.

Y ha recordado al diputado socialista Joaquín Martínez Salmerón que "estos vocales que ahora son la encarnación del maligno han sido elegidos también con los votos del PSOE en este Parlamento".

De Rosa ha criticado que el fiscal general no quiera pronunciarse sobre la ley de amnistía cuando, ha recalcado, "la lucha contra el terrorismo y la corrupción, dos de los pilares de la Fiscalía, se ponen en entredicho con esa ley".

Asimismo, el diputado del PP ha censurado su circular sobre la aplicación de la polémica ley del "solo sí es sí", que considera "nefasta para las víctimas".

Según De Rosa, el representante del PSOE le ha hecho un "flaco favor" a García Ortiz porque "no ha encontrado ningún argumento para defender su idoneidad salvo atacar al Partido Popular. El mismo Grupo Socialista reconoce que usted no tiene mérito ni ningún tipo de idoneidad".

Y tras recordarle que el Tribunal Supremo "le ha dicho que incurre en desviación de poder" (en relación al ascenso de Dolores Delgado), le ha pedido que "reflexione" y "recapacite": "No asuma este cargo, porque esta usted llevando a la Fiscalía a una situación límite por su confrontación con el Poder Judicial".