El fiscal general del Estado ha hecho oídos sordos al criterio mayoritario de los vocales del Consejo Fiscal y ha seguido adelante con la propuesta de nombramiento del nuevo fiscal de Sala de delitos contra la Administración Pública, que ha recaído finalmente en Emilio Sánchez Ulled. Para los siete vocales disconformes, que según las fuentes consultadas se han negado a votar, Álvaro García Ortiz estaba obligado a aplazar la designación mientras siguiese imputado, dado que este fiscal de Sala será precisamente el encargado de fijar criterio sobre el delito de revelación de secretos por el que le investiga el Tribunal Supremo (TS) por la filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador.

No obstante, fuentes de la Fiscalía General del Estado señalan que la negativa a votar de los vocales disconformes se ha debido exclusivamente a sus discrepancias sobre la necesidad de crear la fiscalía de Sala de delitos contra la Administración Pública, y no a la petición de abstención que reclamó por carta la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF)

Dado que el fiscal general se ha negado a desistir del nombramiento, los seis vocales de la Asociación de Fiscales y la vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) se han negado a participar en la votación, según las fuentes consultadas, aunque sí lo han hecho en el resto de nombramientos. Entre ellos, el del fiscal de Sala de Delitos Económicos, puesto para quien García Ortiz propondrá a Fernando Rodríguez Rey.

Sánchez Ulled fue el fiscal del «caso Palau» y del «caso 9N» (la consulta soberanista en Cataluña en 2014) y exfiscal de Anticorrupción en Barcelona, y ha trabajado durante muchos años en Bruselas como consejero de Justicia en la Representación Permanente de España ante la UE.

En la terna figuraban otros cinco candidatos, entre ellos el fiscal del Tribunal Supremo Álvaro Redondo; el fiscal del Tribunal de Cuentas Carlos Castresana; la fiscal Anticorrupción Concepción Sabadell; y Virna Alonso, fiscal decana de Delitos Económicos en la Fiscalía Provincial de Madrid.

Reforzar la lucha contra la corrupción

La AF cuestiona la creación de la nueva fiscalía especializada, que entiende que puede colisionar con la Fiscalía Anticorrupción. Sin embargo, según informa la Fiscalía General del Estado, tanto esta fiscalía como la de Delitos Económicos se crean "en el marco del Plan de Regeneración Democrática", aprobado por el Gobierno en septiembre del pasado año, y "reforzarán la lucha contra la corrupción de manera complementaria a la Fiscalía Anticorrupción, una fiscalía especial que se ha convertido en un referente.

La celebración del Consejo Fiscal ha venido precedida de la petición expresa de la Asociación de Fiscales, la más representativa de la carrera, a García Ortiz para que desistiese de seguir adelante con el nombramiento, dado que considera incompatible que estando investigado precisamente por un delito contra la Administración Pública -revelación de secretos- sea él quien proponga el nombramiento del nuevo fiscal de Sala encargado de combatir estos delitos.

Ayer mismo, la Asociación de Fiscales remitió una carta a García Ortiz en la que -además de reiterar su oposición a la creación de esta Fiscalía especializada que considera que colisiona con Anticorrupción- calificaba de inadmisible que el fiscal general "pueda proponer el nombramiento del fiscal que podría estar encargado de intervenir en un procedimiento que le afecta personalmente o, en todo caso, que podría fijar los criterios de actuación en un asunto por el que está siendo investigado el propio fiscal general".

La AF ve un "interés personal" en la designación

Para la asociación, García Ortiz debía abstenerse por "tener interés personal en el asunto" -pues defiende que el nombramiento puede generarle un "beneficio o ventaja personal" dada su situación procesal- y le pidió que renunciara a la propuesta: "No comprometa más la imagen de nuestra institución, no la someta nuevamente a escarnio, poniendo en entredicho su imparcialidad y neutralidad".

"La causa de abstención -le recordaba la AF- no exige la influencia real y efectiva en el asunto, sino la mera posibilidad de influencia", algo que aprecia puesto que la posición del Ministerio Fiscal en un procedimiento no es "irrelevante", al margen de que existan otras acusaciones personadas en la causa.

La AF ponía además de nuevo de manifiesto que la nueva fiscalía de Sala puede entrar en conflicto con "instituciones que en la actualidad funcionan muy adecuadamente en la lucha contra la corrupción" y advertía de que "cambiar o alterar lo que funciona adecuadamente va más allá de los riesgos razonables".