Génova insiste en que sólo tienen una caja y en A

La Razón
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El Partido Popular contestó ayer al último auto del juez Pablo Ruz, sobre una supuesta contabilidad en B dentro del partido, ratificándose en la posición que ha mantenido hasta ahora ante este delicado asunto y que formalizó el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Congreso a principios de agosto.

El Partido Popular contestó ayer al último auto del juez Pablo Ruz, sobre una supuesta contabilidad en B dentro del partido, ratificándose en la posición que ha mantenido hasta ahora ante este delicado asunto y que formalizó el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Congreso a principios de agosto. Es decir, que volvió a insistir en que sólo tiene una única contabilidad, que en ella están anotada todos los cobros y los pagos y que no han manejado dinero en B. Por tanto, según Génova, el problema es del ex tesorero Luis Bárcenas, que es quien «debe» explicar qué irregularidades ha cometido en el ejercicio de sus responsabilidades y de dónde ha sacado la fortuna que se le ha encontrado en el extranjero.

No obstante, el auto del juez Ruz reaviva un asunto que en Génova confiaban en que se fuera apagando poco a poco y despierta también la preocupación interna.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se limitó ayer, tras el Consejo de Ministros, a expresar su respeto por las decisiones judiciales. Y sin ir más allá en relación a Bárcenas, colocó el foco en el plan de regeneración democrática que el Gobierno ha trasladado a los grupos parlamentarios para que ofrezcan sus aportaciones.

Estas reformas legislativas, que ayer anticipó este periódico, estarán aprobadas antes de fin de año, con independencia de que haya o no consenso con los partidos.

El Ejecutivo insiste en que quiere el mayor acuerdo, y en que por eso ofrece a los partidos que hagan sus aportaciones antes de que los proyectos pasen por el Consejo de Ministros. Pero si no colaboran, seguirán adelante y mantendrán esa mano tendida a buscar aproximaciones en el trámite parlamentario.

Este plan para reforzar la lucha contra la corrupción incluye una nueva ley de control económico-financiero de los partidos, que delimita las obligaciones y responsabilidades de los tesoreros de las organizaciones políticas.