Tribunal Constitucional

El Gobierno insta al TC a anular la Comisión del Proceso Constituyente

La vicepresidenta del Goberno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros
La vicepresidenta del Goberno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministroslarazon

El Gobierno sigue dejando señales de que la situación de interinidad en la que se encuentra la política nacional no afecta a la vigilancia del Estado de Derecho para garantizar que la ley se cumple en Cataluña.

El Gobierno sigue dejando señales de que la situación de interinidad en la que se encuentra la política nacional no afecta a la vigilancia del Estado de Derecho para garantizar que la ley se cumple en Cataluña. Rajoy recurrirá ante el Tribunal Constitucional la comisión de estudio sobre el proceso constituyente que se puso en marcha el pasado jueves en el Parlament. Así lo anunció ayer la vicepresidenta, quien explicó que presentarán un incidente de ejecución por el supuesto incumplimiento de la sentencia del TC que suspendió la declaración independentista aprobada en noviembre.

Moncloa sostiene que esa comisión busca burlar la suspensión del TC para sentar las bases desde las que impulsar la creación de la Nación catalana al margen de la Constitución. No puede ser legal una comisión para activar un proceso declarado ilegal por el Constitucional, según explicó Santamaría. Por primera vez apelan al artículo 92 de la Ley Orgánica del TC. Esta reforma habilita al Constitucional para suspender a los cargos públicos que incumplan sus sentencias. Aunque el Parlament plantea que es una comisión de estudio, desde el Gobierno advierten de que la creación de una comisión de estudios en un proceso constituyente sí tiene efectos jurídicos inmediatos.

Moncloa también recurrirá la nueva Consejería de Exteriores catalana porque entiende que asume competencias que no le corresponden. El Consejo de Estado emitirá un informe para la interposición de un conflicto positivo de competencias con la Generalitat en relación a la creación, la denominación y las funciones de esa Consejería que dirige Raül Romeva. El Gobierno cree que vulnera la competencia exclusiva del Estado en materia internacional.

Ciudadanos apoyó la decisión de actuar ante el TC contra la comisión del proceso constituyente, mientras que el PSC se desmarcó y fundamentó su crítica al PP en la «incoherencia» que entiende que implica llevarla al TC y, sin embargo, participar en ella. C’s y el PSC no lo hacen.