González Pons y el conde de Fontao declaran como testigos

La investigación del «casoNóos» se traslada esta semana fuera de los juzgados de Palma de Mallorca. Primero en Madrid y, después, en Barcelona, el juez José Castro y el fiscal Pedro Horrach afrontarán cerca de 40 interrogatorios, la mayoría a testigos, con dos comparecientes estrella: el abogado José Manuel Romero, asesor legal del Rey, y el vicesecretario de Estudios y Programas del PP, EstebanGonzález Pons.

Ambos declararán hoy en Madrid como testigos, aunque por motivos diferentes. El conde de Fontao tendrá que explicar su papel en la transición de Iñaki Urdangarín delInstituto Nóos –que abandonó en marzo de 2006 (aunque según Anticorrupción se trató de un mero artificio)– a la Fundación Deporte y Cultura e IntegraciónSocial (FDCIS), creada en diciembre de ese mismo año y en la que el duque de Palma presidía el consejo asesor. González Pons, por su parte, será interrogado en relación a la firma del convenio entre Nóos y la Generalitat, en 2005 (cuando él era conseller), para la organización en Valencia de unos Juegos Europeos que no llegaron a celebrarse y por los que la asociación sin ánimo de lucro que presidía Urdangarín ingresó 382.000 euros. Anticorrupción quiere esclarecer si ese convenio respetó la normativa de contratación pública.

La citación de Romero estaba en el aire desde que el ex socio de Urdangarín, Diego Torres, aportó al juez una serie de correos que dejaban traslucir la tutela ejercida por el conde de Fontao en las actividades profesionales del duque de Palma tras su salida de Nóos. Tras hacerse público ese intercambio de mensajes, el conde de Fontao se apresuró a desmentir a través de un comunicado que asesorara al yerno del Rey en sus negocios y precisó que, tras instarle a dejar el Instituto Nóos por indicación de Don Juan Carlos, se encargó de aconsejarle para que no reincidiera en los mismos errores (como de hecho sucedió con la Fundación Areté, que Romero le conminó a disolver por ser una mera «reproducción» de Nóos).

González Pons ya fue citado a declarar como testigo el 15 de mayo del pasado año, comparecencia suspendida sine die posteriormente por el magistrado al caer en la cuenta de que ese día se celebra en Madrid la festividad de SanIsidro (curiosamente, en esta ocasión Castro ha reincidido al citar en un principio al diputado del PP ayer, festivo también en Madrid, lo que le obligó a rectificar y retrasar la citación 24 horas).

La comisión judicial también indagará en estas primeras comparecencias en la génesis del convenio firmado entre Madrid 2016 y laFundaciónDeporte yCultura, por el que esta última ingresó 120.000 euros sin que haya quedado constancia documental de los trabajos realizados, según Anticorrupción. En relación a este asunto declararán como testigos Antonio FernándezArimany, ex director general de la oficina olímpica, y Beatriz Valencia y Óscar de Lama, enlaces de Madrid 2016 con la fundación de Urdangarín y Torres.

El único imputado al que se iba a tomar declaración hoy era RobertCockx, supuesto testaferro de Urdangarín en Suiza, para interrogarle en relación a su mediación en el pago de 375.000 euros por parte de Aguas de Valencia (Agval) a una cuenta suya en el país helvético en 2009 por labores de asesoramiento que habría prestado, según la investigación judicial, el duque de Palma, algo que éste siempre ha negado.Pero el pasado jueves el juez Castro suspendió esa comparecencia a instancias de la defensa de Cockx.

El magistrado sí tomará declaración para aclarar este asunto, aunque en calidad de testigos, a José María Treviño, la persona a la que, según la Fiscalía, recurrió Urdangarín para buscar inversiones en el extranjero para Agval, y a Francisco Javier Jiménez Andrade, asesor fiscal de Treviño y encargado de contactar con Cockx para, en opinión del juez Castro,«mantener la opacidad de la transacción».

Levantada la imputación a Boixareu y Giró

El juez Castro decretó ayer el archivo provisional de la causa en relación al empresario catalán Joaquim Boixareu y al consultor Valentí Giró, con lo que levanta la imputación a ambos en la investigación sobre el Instituto Nóos, después de que los dos prestaran declaración voluntariamente en los juzgados y corrigieran su testimonio inicial. El juez destaca que ambos tienen en común haber «sucumbido» a las proposiciones planteadas por Iñaki Urdangarín como favores de apariencia inocua y haberse prestado a dar como testigos unas versiones de los hechos que coincidieran con las de otras personas, razón por la que el magistrado decidió imputarlos en aquel momento.