Granados actuaba de conseguidor y Cofely era la empresa pivote

El principal detenido en la 'operación Púnica', Francisco Granados, hacía las labores de conseguidor de la trama desarticulada por la Guardia Civil. El que fuera 'número dos' del Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid hacía valer su influencia en los despachos de alcaldes municipales para lograr las adjudicaciones públicas a cambio de comisiones ilegales, según las investigaciones realizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado. Fuentes de la investigación han explicado a Europa Press que, aunque Granados llevaba al menos tres años fuera de la primera línea política, era la persona que conectaba a las instituciones públicas con los empresarios implicados en la trama. Sólo en los dos últimos años esta red defraudó 250 millones de euros.

La Guardia Civil ha detenido y trasladado al ex secretario general del PP de Madrid y exalcalde de Valdemoro, Francisco Granados, a los calabozos del cuartel del Instituto Armado de Las Rozas, uno de los más grandes de la Comunidad de Madrid, han informado a Europa Press fuentes de la investigación. Estas mismas fuentes han informado de que el político va permanecer allí hasta que pase a disposición del juez central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. Se le acusa de numerosos delitos que van desde el blanqueo de dinero a organización criminal. Granados ha permanecido toda la mañana presenciando el registro en su domicilio.

En este caso, según las mismas fuentes, era la empresa Cofely -filial de la multinacional francesa GDF Suez- "la compañía sobre la que pivotaba gran parte de la trama" y la que se benefició de la mayoría de las adjudicaciones públicas, aunque no era la única. Su sede en Madrid ha sido registrada durante horas por los efectivos de Guardia Civil.

Cofely presta servicios de eficiencia energética y en su propia página web anuncia que en 2013 resultó "adjudicataria del contrato de servicios energéticos para diversas instalaciones municipales (edificios, alumbrado público y semáforos) del Ayuntamiento de Parla". El contrato tenía una duración superior a 15 años y una cifra de negocios global de 54,7 millones de euros.

Según indica, a cambio "tiene previsto conseguir unos ahorros energéticos cercanos al 40 por ciento en el alumbrado público y de más del 6 por ciento en el consumo eléctrico de los edificios, lo que supone la disminución de casi 1.000 toneladas anuales de CO2". En eso consiste básicamente el negocio de eficiencia energética. Precisamente el alcalde de Parla, el socialista José María Fraile, es otro de los arrestados este lunes.

La Fiscalía Anticorrupción emitió a primera hora un comunicado en el que daba cuenta de 51 detenidos, pero fuentes de la investigación confirmaron a Europa Press que en torno a las 18.00 horas eran 30 las personas arrestadas en Madrid, León, Murcia y Valencia. En la nómina figuraban los alcaldes de seis municipios madrileños, concejales y técnicos entre otros cargos públicos así como empresarios. También ha sido arrestado el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez.

Anticorrupción habla de "una trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías en los que la connivencia de los ediles municipales y funcionarios, con empresarios de sociedades constructoras, obras y servicios energéticos, y el concierto venal con intermediarios y sociedades instrumentales, les han estado asegurando a aquellos el éxito en las adjudicaciones públicas y como contrapartida el cobro de comisiones ilegales, a costa de las Haciendas Municipales y Autonómicas".

Aunque Granados figura como el elemento principal de la trama hay otros detenidos a los que la Guardia Civil también otorga el papel de conseguidores. Es el caso del ex alcalde de Cartagena en la década de los noventa, el socialista José Antonio Alonso Conesa o el empresario David Marjaliza.

Delitos

En concreto a la trama se le imputan los delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la administración y organización criminal.

La macroperación desplegada este lunes tiene por objeto "la detención de los sospechosos, la adopción de las medidas cautelares para asegurar la recuperación de los productos y ganancias del delito y las responsabilidades civiles derivadas de estos".

Además de los 51 detenidos en las citadas provincias, se han practicado 259 Mandamientos a Registros de la Propiedad con peticiones de anotaciones preventivas de prohibiciones de disponer, vender, gravar oenajenar de las personas físicas y sociales investigadas en aras de iniciar las acciones de recuperación de activos.

Además se han ordenado 400 mandamientos dirigidos a entidades bancarias y compañías aseguradoras acordando los bloqueos de cuentas corrientes, valores, y cualquier otro producto con la prohibición expresa de realizar cualquier movimiento de fondos. Por ultimo se han dictado también 30 Embargos preventivos de Vehículos de alta gama de los principales investigados.

La operación la dirigen la Fiscalía Anticorrupción y el juzgado de instrucción número seis de la Audiencia Nacional, en manos del magistrado Eloy Velasco. Las fuentes consultadas no descartan que haya más políticos implicados en la operación. Granados tuvo que renunciar tanto a su acta de diputado en la Asamblea de Madrid como la de senador el pasado mes de febrero a raíz de salir a la luz una presunta cuenta en Suiza con 1,5 millones de euros -él sólo confirmó haber tenido 300.000 euros en cuentas de Suiza antes de dedicarse a la política-, informa Ep.