Griñán vuelve al punto de mira

La Junta andaluza mostró ayer su «satisfacción» por el impulso al caso por parte de la instructora. Ésa era la consigna oficial. Pero había trasfondo. Ayer mismo, Griñán presidía la firma de un pacto con empresarios y sindicatos que llegan meses negociando. Desde el Ejecutivo, lamentaban que la «operación Heracles» había dinamitado la fotografía. Incluso algunos, los más aventurados, recordaban otras decisiones de Mercedes Alaya que habían coincidido con épocas preelectorales. En la Junta de Andalucía hay voces que quieren que la instrucción finalice cuanto antes para disipar dudas sobre posibles imputaciones de más altas responsabilidades. Sería la única forma de soltar lastre de un caso que se arrastra desde 2010. Los actuales imputados ya están «amortizados» y el riesgo radica en que –en expresión de la jueza– se siga subiendo «escalones de la pirámide». El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera del bipartito se expresaba ayer en esta línea: «La juez es consciente de la necesidad de concluir cuanto antes esta investigación, que ya dura demasiado». La realidad es que el fraude de los ERE pudo pararse en 2005, año en el que el interventor general de la Junta de Andalucía emitió su informe especial, en el que advertía de que la Consejería de Empleo estaba otorgando subvenciones «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento administrativo establecido». En la práctica, lo que el órgano de control señaló es que se estaba repartiendo el presupuesto público sin control a priori ni a posteriori, según la voluntad –propia o por imperativo– de la dirección general de Trabajo y Seguridad Social. Ese texto, dirigido a José Antonio Griñán –por entonces consejero de Economía y Hacienda en el Gobierno de Manuel Chaves– se quedó en una estantería y nunca llegó a su destinatario, según ha asegurado la actual consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, en esa fecha número dos del hoy presidente andaluz. Este agujero en la Administración andaluza es el que da origen a toda la trama y facilita la aparición de intermediarios, beneficiarios indebidos, comisionistas, empresas pantalla y despachos de abogados para facilitar el retorno del dinero al circuito legal. Y esta vía es la que, con una decisión política, pudo frenarse. Hasta 15 informes emitió la Intervención General sobre este asunto. «¿Quién no estaría de acuerdo en que habría sido oportuno (oportuno, que no legalmente preceptivo) que el consejero de Hacienda (el actual presidente de la Junta) hubiera adoptado medidas para corregir algunas de las importantes deficiencias puestas de manifiesto en las auditorías?», escribió el ex interventor general Manuel Gómez a los diputados andaluces en la comisión de investigación creada en el Parlamento. Esa sombra aún perdura y estará presente hasta que Alaya cierre el caso. Hasta entonces, todas las miradas estarán puestas en Griñán.

Las claves que apuntan al presidente de la junta

Este diario ha ido informando puntualmente de los indicios que tanto la Guardia Civil como la jueza Mercedes Alaya implicaban al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en la «trama de los ERE».