Caso Bárcenas
Hacienda concluye que ni Rajoy ni el PP cometieron delito fiscal
No hay indicios de que el presidente percibiese 90.000 euros de Bárcenas
Hacienda ha descartado la posible comisión de delitos fiscales en los supuestos sobresueldos que, según el ex tesorero Luis Bárcenas, el PP habría repartido entre sus altos cargos.
Hacienda ha descartado la posible comisión de delitos fiscales en los supuestos sobresueldos que, según el ex tesorero Luis Bárcenas, el PP habría repartido entre sus altos cargos. Los técnicos de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) concluyen –en un informe remitido el pasado 25 de septiembre al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz– que, aun en el caso de que los papeles de Bárcenas fueran ciertos, ni la formación ni el propio Mariano Rajoy ni los dirigentes que presuntamente recibieron pagos en negro pueden ser acusados de delito fiscal. La Agencia Tributaria subraya que los desembolsos realizados en 2007 ya han prescrito y los del año siguiente (tanto respecto al Impuesto sobre la Renta como el de Sociedades) no superarían la cuota mínima defraudada (120.000 euros) a partir de la cual una irregularidad se convierte en delito. Respecto a los ejercicios de 2009 y 2010, Hacienda no los ha analizado «porque no están contabilizados» en las hojas manuscritas aportadas por Bárcenas.
Los técnicos reconocen «la dificultad existente para conocer con precisión el contenido real de los apuntes» por su «doble terminología» a la hora de recoger los supuestos ingresos y pagos.
En cuanto a los supuestos perceptores de sobresueldos en 2007 señalados por Bárcenas en sus papeles (entre ellos, además de Rajoy, los ex secretarios generales del PP Ángel Acebes y Javier Arenas), la Agencia Tributaria asegura que la cantidad total de esos hipotéticos pagos asciende a 86.400 euros, que supondría que el PP debería haber retenido 41.652 euros para pagar a Hacienda, un montante que «no alcanza la cuantía del tipo delictivo». En todo caso, y dado que el plazo de prescripción de cinco años empezó a contar el 20 de enero de 2008, el posible delito fiscal «pudiera estar, en caso de haberse cometido, prescrito», pues la querella de Izquierda Unida se interpuso el pasado 28 de febrero.
En 2008, los pagos en supuestos sobresueldos (entre cuyos destinatarios figuran, según los papeles de Bárcenas, Rajoy, María Dolores de Cospedal y Acebes, entre otros) arrojan una cuota a pagar de apenas 34.000 euros, muy lejos de los 120.000 euros que delimitan la frontera del delito fiscal. El informe hace estos cálculos dando por buenas las anotaciones de Bárcenas, quien explicó al juez Pablo Ruz que en 2009 y 2010 también entregó 90.000 euros a Rajoy y Cospedal, cantidades que los peritos no tienen en cuenta por no quedar lo suficientemente probado que se les dieran.
En cuanto a los 226.000 euros que Bárcenas atribuye a «J. Rojo/Valls» y «entrega a J.I. de Ramón Arig.», Hacienda aventura que esas cantidades podrían corresponder a gastos electorales y, al no ser esas personas las directamente beneficiarias, «no procedería retener ninguna cantidad».
El informe, de 42 páginas, también aborda las supuestas donaciones recibidas por el PP y recuerda que la normativa aplicable (desde julio de 2007, la Ley de Financiación de Partidos Políticos) establece que los partidos «sólo estarán obligados a presentar la declaración del Impuesto de Sociedades cuando obtengan rentas no exentas», eximiendo del pago aquellas obtenidas para la financiación de las actividades que constituyen su objeto o finalidad específicos.
Eso sí, los técnicos plantean la duda de si esa exención está vinculada al hecho de que no se incumple la propia ley de financiación de partidos (percibiendo, por ejemplo, donaciones por encima del límite legal), algo que, añade, no resuelve ni esa normativa ni la del Impuesto de Sociedades.
Por tanto, la Agencia Tributaria se remite al análisis de la contabilidad del PP efectuado por el Tribunal de Cuentas, que en 2007 «no indica que existan gastos que no procediesen conforme a la normativa vigente», para concluir que «no se encuentran argumentos para denegar» que esos gastos pudiesen deducirse por estar destinados a financiar los gastos del PP. Respecto a 2008, el PP no presentó el Impuesto de Sociedades al considerar «que todas las rentas estaban exentas». Los papeles de Bárcenas, no obstante, recogen cobros por algo más de un millón de euros y pagos de 1.464.710 euros que, con la misma argumentación, Hacienda considera que al aplicarse a financiar los gastos del partido estarían exentos de tributar por el Impuesto de Sociedades (expresando de nuevo los técnicos sus dudas de que las exenciones puedan aplicarse si se demuestra que se ha infringido la ley de financiación de partidos).
Aunque los papeles fueran ciertos
El informe de los peritos del Ministerio de Hacienda hace todos los cálculos referidos dando por buenas las anotaciones de Luis Bárcenas, si bien observa que la autenticidad del contenido de los manuscritos es objeto aún de investigación judicial. Según el documento, los supuestos pagos de 2007 están prescritos y los de 2008 no superan la cuantía mínima para ser delito.
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