Iceta: «El 1-O no va a llegar tan siquiera a un 9-N»

El líder del PSC pone la mano en el fuego por sus alcaldes: «Los ayuntamientos donde vive la mayoría de catalanes van a decir que frente a una ley ya suspendida no cabe la cesión de locales para un referéndum».

Miquel Iceta (Barcelona, 1960) nos cita cerca de su domicilio el viernes por la tarde tras haber sobrevivido a las 48 horas de mayor furia y desafío que se recuerdan en el Parlament de Cataluña. El líder del PSC, a quien es muy difícil ver fuera de sus casillas, saltó de su escaño en varias ocasiones para denunciar el atropello de Junts pel Sí y la CUP durante la tramitación de la ley del referéndum y de la ley de transitoriedad jurídica. Iceta no es un amante del verbo grueso ni de las alharacas. Al contrario. Su tono habitual es el del respeto al adversario y el de la ironía. Pero algo se rompió esta semana. A Iceta tan sólo le consuela que cada vez queda menos para que pase el 1 de octubre, el día del referéndum que, a su entender, no será tal. El problema es que de aquí a entonces todavía falta mucha batalla política por librar y las heridas pueden multiplicarse.

–Nunca le había visto tan enfadado en el Parlament como esta semana.

–Es que nunca habían pisoteado mis derechos de esta manera. En el Parlament recuerdo discusiones muy duras, pero nunca se habían saltado el reglamento y nos habían privado de derechos tan básicos como pedir un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias. Admito que mi actitud fue más dura que de costumbre, pero la verdad es que se cruzaron demasiadas rayas.

–¿Cuáles le parecieron los momentos más graves?

–Hubo una acción concertada entre la mayoría de la Mesa y los grupos de Junts pel Sí y la CUP que impulsaban las leyes de ruptura. Se usó el artículo 81.3 como una patente de corso para liquidar derechos de la oposición. Fue totalmente abusivo. ¿En qué cabeza cabe que no se puedan presentar enmiendas a la totalidad, que se bloquee el acceso a la opinión jurídica de los letrados del Parlament o que se impida la petición de dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias? Esto no había pasado jamás.

–¿Qué consecuencias cree que va a tener la aprobación de estas leyes de ruptura?

–Las consecuencias pueden recaer sobre la Mesa del Parlament porque el Tribunal Constitucional (TC) ya advirtió a la Mesa que debía evitar que el pleno se pronunciara sobre un referéndum. A quien corresponde decidir las consecuencias jurídicas es a los tribunales, pero es muy difícil no ver que se han desoído las instrucciones del TC y que, por tanto, va a haber sanciones.

–Me refería también a las consecuencias sociales y políticas. ¿Las bases sociales del independentismo se ensanchan o se reducen después de lo ocurrido esta semana?

–Desde luego no se ensanchan. Ahora bien, tampoco creo que cause muchos movimientos porque el debate sobre la independencia se ha convertido en una cuestión casi religiosa: unos creen una cosa y otros creen la contraria. Esto indica un grado de cultura democrática deficiente porque no se puede justificar de ninguna manera la anulación de derechos, y en este caso hablo de los de la oposición en el Parlament. Creo que Joan Coscubiela (Catalunya Sí que es Pot) estuvo muy acertado al decir que la democracia no sólo es la regla de la mayoría, sino también el respeto a las minorías.

–¿Ha tenido la oportunidad de hablar con Puigdemont o con los dirigentes del PDeCAT y Esquerra sobre lo sucedido esta semana?

–Ellos están con un discurso que se puede sintetizar en: «No nos ha quedado otro remedio, no teníamos otro camino y estábamos comprometidos con llegar hasta el final». Algunos admiten en privado que no se han cuidado lo suficiente las formas. Lo cierto es que, hasta ahora, ellos decían que sólo se cargarían el Estatut y la Constitución si la mayoría de catalanes votaba «sí» a la independencia, pero es que se lo han cargado antes de que la gente vote.

–Puigdemont dirigió el jueves una carta a todos los alcaldes dándoles 48 horas para confirmar los locales de votación en el referéndum. ¿Le sorprendió?

–Lo que me sorprende es que se salten sus propias previsiones porque quien pide esto es la Junta Electoral, no la Generalitat. Aquí ha habido un intento de centrifugar responsabilidades. ¿Qué sentido tiene que la Generalitat pida locales en municipios donde tiene espacios de titularidad propia? Han intentado utilizar este tema para desgastar alcaldías y para mover mayorías municipales. Los ayuntamientos donde vive la mayoría de ciudadanos van a decir que frente a una ley ya suspendida no cabe la cesión de locales.

–¿No tiene dudas, en este sentido, sobre lo que va a ocurrir en los 122 ayuntamientos catalanes que tienen un alcalde del PSC?

–No. Es que no es concebible desbordar la ley tal y como han ido las cosas porque no hay ningún vacío jurídico. Ha habido una suspensión del TC de la ley del referéndum comunicada a todos los ayuntamientos. He visto estos días informes jurídicos, incluso de secretarios de ayuntamientos que son de sensibilidad independentista como Castell-Platja d’Aro, que son contrarios a cualquier vulneración de la legalidad. Un ayuntamiento no puede promover la ilegalidad; no te puede enviar una carta con el nuevo valor catastral de la vivienda y otra diciendo que se va a saltar la ley con el referéndum. «¿Y yo por qué voy a pagar el impuesto sobre la vivienda?», podría alegar cualquier ciudadano.

–El caso es que decenas y decenas de ayuntamientos han firmado decretos de «pleno apoyo» al referéndum del 1 de octubre.

–Eso no es así, ninguno ha hecho un decreto. Lo que han hecho es contestar una carta del presidente de la Generalitat. Si hubieran hecho un decreto sería recurrible. Creo que esa carta del president estaba escrita con muy mala intención porque daba 48 horas a los alcaldes para confirmar los locales de votación y añadía que, si no recibía contestación, daba por hecho que podía contar con los mismos espacios que se utilizaron en las elecciones al Parlament de 2015. Y daba estas 48 horas para que dijeran algo antes de que el TC actuara contra la ley del referéndum, pero el TC actuó antes de esos dos días, como era obvio que iba a suceder.

–Esta semana hemos visto a agentes de la Guardia Civil registrando una imprenta en Constantí (Tarragona) y ayer mismo la sede de un semanario en Valls. ¿Ve oportuno requisar urnas o cualquier tipo de material electoral o puede ser contraproducente?

–Yo creo que todos estamos de acuerdo en que todas las fuerzas y cuerpos de seguridad están para prevenir la comisión de delitos. Su obligación es intervenir, sobre todo cuando ya tienen instrucciones concretas de la Fiscalía y de los jueces.

–Rajoy habla a menudo de actuar con proporcionalidad en Cataluña. ¿Es un aspecto clave?

–El presidente del Gobierno también habla muchas veces de mesura. Yo creo que lo que hemos visto hasta ahora demuestra proporcionalidad y mesura, pero también creo que actúa demasiado a rebufo de la Generalitat. No hemos llegado hasta aquí por casualidad y el Gobierno también tiene su responsabilidad en que la situación en Cataluña se haya extremado.

–¿Qué opinión tiene sobre el eventual uso del artículo 155 de la Constitución para obligar a la Generalitat al cumplimiento forzoso de sus obligaciones legales?

–Me resisto a entrar en la especulación porque no sabemos los siguientes pasos de la Generalitat. Los socialistas vamos a estar al lado del Gobierno en el mantenimiento de la legalidad y el respeto del Estado de Derecho.

–De momento, nada parece disuadir a la Generalitat de seguir adelante con el referéndum. ¿Usted cree que realmente se va a votar la independencia el 1-O?

–Lo que no podemos hacer es equiparar la presencia de alguna urna en algún sitio a un referéndum. No sé si eso puede ocurrir, pero lo que seguro que no va a ocurrir es la celebración de un referéndum efectivo y vinculante como el prometido. Si la pregunta es si la Generalitat o las entidades independentistas pueden realizar un determinado simulacro de votación en determinadas poblaciones, pues no lo sé.

–¿Quiere decir que la jornada del 1 de octubre será semejante a la del 9 de noviembre de 2014?

–No, me atrevo a ir más allá. Tan siquiera va a llegar a 9-N. Y con eso no quiero decir que no vaya a pasar nada. Referéndum no va a haber, y lo que haya será una cosa que ni tan siquiera se acercará al proceso de participación del 9-N.

–Puigdemont dijo hace pocas semanas que la Generalitat tiene 6.000 urnas para el referéndum. ¿Se lo cree?

–Es que la propia duda demuestra frente a qué estamos. ¿Cómo se puede realizar un referéndum efectivo y vinculante y, al mismo tiempo, esconder las urnas? A mí me parece que esto es la prueba de que no estamos ante un proceso con garantías.

–Vayamos ahora al 2 de octubre, al día siguiente. ¿Qué intuye?

–Yo creo que estamos en el camino de unas elecciones. Hasta hace poco pensaba que se iban a producir este mismo otoño, pero después de escuchar algunas declaraciones del propio presidente de la Generalitat, pienso que quizás las alargan hasta marzo o abril. En cualquier caso, el Govern se habrá quedado sin programa.

–¿Veremos a partir de entonces la misma tregua que parece existir ahora entre populares y socialistas?

–Los socialistas hemos demostrado, una vez más, que cuando hay problemas de Estado actuamos por encima de las discrepancias políticas. Defender la legalidad constitucional es uno de esos asuntos de Estado.

–¿Le decepciona la actitud de Podemos, de Catalunya Sí que es Pot, del movimiento que orbita entorno a Pablo Iglesias y Ada Colau?

–No me gusta criticar por criticar porque la intervención que más me ha gustado en los plenos de esta semana es la de Joan Coscubiela, de Catalunya Sí que es Pot. Pero este espacio político tiene que aclarar si da validez a lo que se pretende hacer el 1 de octubre y si están a favor o en contra de la independencia.

–¿Qué resultados puede dar la comisión sobre Cataluña en el Congreso?

–Seamos sinceros, a corto plazo es muy difícil que los haya porque hay puntos de partida muy distantes. Pero sí es muy útil para demostrar que existe la voluntad política de cambiar cosas, y esto contribuye a desarmar el planteamiento de los independentistas de que no hay otra España posible. Al margen de esta comisión, hay asuntos que pueden abordarse. Temas como la financiación, las inversiones, la cultura o el desarrollo del Estatut pueden afrontarse. El PDeCAT ya ha dicho que participará porque, de hecho, la propuesta inicial fue suya, y ERC creo que dice que no hasta el 1 de octubre; luego, ya veremos qué dicen.