El PP incide en su ofensiva contra el "cupo catalán": "Estamos dispuestos a usar todas las herramientas políticas y judiciales"

El eje del acuerdo entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa es el pacto fiscal, que conlleva la soberanía de Cataluña para recaudar y gestionar todos los tributos que se soportan en territorio catalán. Sin embargo, materializar ese acuerdo parece que va a ser un reto complicado teniendo en cuenta todo el rechazo que genera tanto en la mayoría de investidura como, sobre todo, en la oposición. En este sentido, el PP, por voz de la dirigente Carmen Fúnez, ya ha advertido que va a hacer todo lo posible para evitar la ruptura de la "caja común". "Desde el PP, estamos dispuestos a usar todas las herramientas políticas y judiciales para defender nuestro Estado del bienestar y solidaridad", ha afirmado Fúnez en una rueda de prensa este lunes.

De hecho, políticamente, el PP ya se ha puesto manos a la obra para tratar de retratar al PSOE con el "cupo catalán" porque ya registró a finales de junio una moción para medir el grado de apoyos que tiene Pedro Sánchez en el Congreso para contentar a Esquerra con la reforma de la financiación autonómica. Judicialmente, de momento, parece que poco puede hacer porque la ley que incorporará esa reforma todavía ni se ha diseñado y, por tanto, poco margen hay para presentar acciones.

La moción tiene doce puntos y ya adelantó LA RAZÓN. En el primer punto, el PP insta al Gobierno a abandonar la "bilateralidad" con Cataluña para el acuerdo del nuevo sistema de financiación y apuesta por "garantizar la multilateralidad y transparencia" para que ninguna autonomía quede relegada y perjudicada por beneficiar a los independentistas con la entrega de toda la recaudación fiscal. Es decir, el PP quiere evitar que el Gobierno se vuelque primero en negociar con la Generalitat y luego con el resto.

En el segundo punto, los populares también reclaman que el inicio de la negociación del sistema de negociación tenga como punto de partida la convocatoria de una Conferencia de Presidentes autonómicos para que cada mandatario pueda dar su opinión y un Consejo de Política Fiscal y Financiera para que los consejeros de Hacienda también puedan expresarse. El tercer punto pasa por "cuantificar" el "incremento de los fondos" a las autonomías y garantizar que "nadie pierde y todos ganan": "Se debe garantizar la suficiencia financiera y la prestación de los servicios en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional".

El cuarto punto de la propuesta en materia de financiación que recoge la moción del PP es la creación de un "fondo transitorio" para "atenuar los problemas actuales" que tienen las autonomías mientras se negocia el nuevo sistema. El quinto punto apuesta por "respetar" las especialidades de Ceuta y Melilla y la insularidad de Canarias y Baleares. El sexto punto aboga por modificar el reglamento del Consejo de Política Fiscal y Financiera para dotar a los consejeros autonómicos de Hacienda de mayor capacidad de decisión frente al Gobierno (ahí se suelen decidir medidas como los objetivos de deuda o déficit).

El séptimo punto de la moción insta al Gobierno a analizar datos para elaborar el nuevo sistema de financiación para que se tenga en cuenta el "futuro gasto en sanidad y políticas sociales derivados del envejecimiento". El octavo punto, en la misma línea que el anterior, apuesta por tener en cuenta variables como la dispersión, despoblación, envejecimiento o reto demográfico para elaborar el nuevo sistema de financiación.

El noveno punto insta al Gobierno a incluir la "cogobernanza" de los fondos europeos en el nuevo sistema de financiación; y, el décimo, a analizar los fondos existentes. Finalmente, el penúltimo punto insta al Gobierno a "respetar" las capacidades normativas de las autonomías, en alusión a la creación de impuestos estatales que ha impulsado Moncloa para reponer el tributo de Patrimonio por la puerta de atrás porque hay autonomías del PP que lo tienen prácticamente bonificado; y, el último punto reclama establecer una "cláusula" para que cualquier decisión "unilateral" del Gobierno lleve adherido la "financiación necesaria para su cumplimiento".