El Tribunal Constitucional está cada vez más cerca de pronunciarse sobre la Ley de Amnistía aprobada por el Congreso y todo apunta a que será antes de verano. Tal y como informa LA RAZÓN, los letrados del Tribunal Constitucional ya tienen lista la ponencia para avalar esa Ley que pretende eximir de responsabilidades penales a los responsables del «procés», aunque todavía se desconoce el detalle del contenido. En todo caso, los autores del borrador de la sentencia son todos letrados adscritos y afines a magistrados progresistas. Ninguno de esos letrados ha superado oposición y todos han sido designados a dedo (son puestos de libre designación) por los magistrados.

En concreto, para ser letrado del Tribunal Constitucional hay dos vías, recogidas en el artículo 44 del Reglamento de Organización y Personal: a través de concurso-oposición (funcionario de carrera) o a través de la libre designación (adscripción temporal por un periodo de tres años). En este sentido, según fuentes consultadas, antiguamente tenían mucho más peso los letrados que accedían por concurso-oposición, mientras que ahora van ganando terreno los de libre designación y eso, según las mismas fuentes, va en detrimento de la «independencia».

En este sentido, los cinco letrados, coordinados por el vicesecretario general del Constitucional, Juan Carlos Duque, que han redactado la sentencia son de adscripción temporal, por lo que tienen un mayor vínculo con los propios magistrados, que ahora son mayoritariamente de corte progresista tras la última renovación del Pleno. Esto allana más el camino para respaldar las leyes del Gobierno, como la amnistía. Para el acceso como letrado de adscripción temporal, además de reunir determinados requisitos (ser profesor de universidad de disciplinas jurídicas; juez o fiscal; funcionario del grupo A en condición de licenciado en Derecho; o, abogado), también debe de ser propuesto por tres de los doce magistrados del tribunal y contar con el aval de otros siete.

Y, en este sentido, los cinco letrados que han elaborado la ponencia que llevará la vicepresidenta progresista, Inmaculada Montalbán, a Pleno están adscritos a magistrados progresistas, salvo una que forma parte del equipo del vicesecretario general. Así, según ha podido saber LA RAZÓN, entre los letrados intervinientes están: María Martín (letrada de Ramón Sáez); Ignacio Rodríguez (Juan Carlos Campo); Eleuterio González (Cándido Conde-Pumpido); y, Margarita Beladíez (Juan Carlos Duque). Además, en función de las fuentes consultadas, aparecen: Tomás de la Cuadra (Cándido Conde-Pumpido); Alejandra Boto (María Luisa Segoviano); o Alicia Alonso (Inmaculada Montalbán).

Todos ellos son profesores de derecho administrativo o penal, salvo Eleuterio González e Ignacio Rodríguez, que forman parte de la carrera fiscal. No hay ningún catedrático. Además, el vicesecretario general, que coordina a todo el equipo que ha redactado esta ponencia, es letrado del Parlamento de Asturias.

El mismo Juan Carlos Duque también ha liderado los trabajos de la ponencia de otro asunto delicado para el Constitucional y para el Gobierno del PSOE: la sentencia del «caso de los ERE» de Andalucía, que ha acabado anulando la condena a Manuel Chaves y ordenando a la Audiencia de Sevilla que dicte una nueva sentencia. Este episodio ha desatado una grave crisis ya que la Audiencia de Sevilla se ha planteado acudir a Europa para consultar por la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional, una maniobra que ha puesto muy nervioso al propio Cándido Conde-Pumpido.

De esta manera, las fuentes consultadas consideran que «el grado de independencia» de los letrados adscritos «es menor» que los funcionarios de carrera, que obtienen su plaza por concurso-oposición y de eso se aprovechan los propios magistrados para «orientar» en la elaboración de los informes.

Cabe recordar que para acceder a letrado del Tribunal Constitucional como funcionario de carrera los requisitos son mucho más exigentes, según el Reglamento de Organización y Personal: para ser admitido al concurso-oposición será necesario haber accedido, por la condición de licenciado en Derecho, a un cuerpo o escala del grupo A o también a la carrera judicial o fiscal.

A partir de ahí, en la fase concurso, que vale el 70%, se apreciarán los méritos académicos y profesionales de los aspirantes; mientras que la fase de oposición constará de dos ejercicios con entre 50 y 100 temas a estudiar.