El fiscal no avalará que Sánchez vaya a la investidura

El candidato se queja de que Rovira no está presa y denunciará su situación en Estrasburgo.

Jordi Sánchez, el candidato a president preso en la cárcel madrileña de Estremera, planteó ayer una doble vía con el objetivo de salir unas horas del centro penitenciario para acudir a la Cámara, pronunciar su discurso de investidura, y, en caso de ser elegido, regresar a prisión con los honores de presidente. Por un lado, presentó una petición al magistrado del Tribunal Supremo que instruye el «caso del procés», Pablo Llarena, en el que le pide que le conceda la libertad provisional o, alternativamente, le otorgue un permiso para ir presencialmente al pleno. Y, de forma paralela, su defensa instó al Tribunal Constitucional a que le conceda la libertad provisional hasta que resuelva el recurso que presentó contra el auto de prisión, recurso que fue admitido a trámite.

Comenzando por la petición al TC, todo hace indicar que será rechazada en estos momentos, ya que el recurso se está tramitando, y, junto a ello, se encuentra a disposición del juez Pablo Llarena. Si finalmente el Alto Tribunal le diese la razón en la impugnación realizada, entonces sí quedaría en libertad, pero el TC no prevé en estos momentos adelantar esa excarcelación.

De esta forma, las únicas esperanzas de que Jordi Sánchez pueda acudir al Parlament y pronunciar su discurso de investidura pasan por que el juez Llarena le conceda la autorización correspondiente. Hasta el momento, el magistrado no ha solicitado informe al respecto al Ministerio Fiscal –la vez que pidió salir de la cárcel para ir a votar no se lo requirió por motivos de urgencia– aunque si lo solicita, que por plazo debería de ser hoy, la respuesta del Ministerio Público sería negativa a tal pretensión, según señalaron a este periódico fuentes jurídicas.

Y esta misma línea es la que, en un principio, parece que es la que mantendrá el instructor de la causa, Pablo Llarena, quien ya denegó a Oriol Junqueras, Joaquim Forn y al propio Jordi Sánchez la petición de acudir a la Cámara catalana para que pudieran votar y dejó en manos de la Mesa la fórmula para que optaran a delegar su voto.

El magistrado consideraba que permitir que pudiese acudir al Parlament podría, entre otros motivos, ocasionar problemas de orden público, ya que es prácticamente seguro que en las inmediaciones de la Cámara catalana se congregarían no pocos miles de personas en apoyo no sólo al candidato, sino a quienes se encuentran presos por la causa secesionista.

Reiteración delictiva

Junto ello, el pasado 6 de febrero, el magistrado le denegó la libertad provisional al apreciar riesgo de que su salida de prisión provocase «movilizaciones multitudinarias » como las que «favorecieron un estallido social». Una reiteración delictiva que podría ocasionar, advertía, «una irreparable reacción violenta contra la convivencia y contra la organización territorial del Estado».

Además, destacaba cómo Sánchez formó parte de una candidatura (JxC) «que proclama el objetivo de restablecer la dinámica política» que derivó en las conductas ahora investigadas por ser constitutivas de un supuesto delito de rebelión o de sedición, de los que está imputado.

Argumentos muy similares podría utilizar ahora el magistrado para denegarle, por tercera vez, la salida de prisión; esta vez, aunque sea para volver a la cárcel como president.

Sánchez está en prisión desde el pasado 16 de octubre por orden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, ratificada por el Supremo.