El Tribunal Supremo (TS) ha recibido una nueva exposición razonada en la que se pide proceder penalmente contra Luis 'Alvise' Pérez.

En esta ocasión, una jueza de Madrid reclama que se indague en si cometió un delito de revelación de secretos al difundir en su canal de Telegram mensajes de wasap que se intercambió el exsecretario de Estado de Interior Francisco Martínez con periodistas, policías y hasta con miembros de su familia.

Como se recoge en el auto al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid traslada al alto tribunal, donde está aforado el denunciado como eurodiputado, que el líder de Se Acabó la Fiesta (Salf) difundió mensajes que se expurgaron del sumario del "caso Kitchen" por parte de la Audiencia Nacional.

No se incluyeron en los tomos de las actuaciones por no estar vinculados a la causa en que se investigó el supuesto espionaje al extesorero popular Luis Bárcenas.

La jueza Carmen Rodríguez-Medel señala al TS que, tras haber tomado declaración a Martínez y a un periodista afectado, ha constatado que "se revelaron chats que hasta entonces no habían salido en la prensa" y que "tenían que ver, por ejemplo, con sus hijos menores de edad".

Esta revelación, según apunta el auto, causó un "perjuicio" tanto a Martínez como al profesional del periodismo dado que se expuso "su número de teléfono personal" y supone que "se han revelado conversaciones entre un periodista y su fuente", lo que "afecta a la confianza que debe generar" el primero en su "actividad profesional".

Estas 23 conversaciones aparecieron en el canal de difusión de contenido que tiene Alvise en la citada plataforma el 10 de julio de 2023, pese a su exclusión judicial por parte del Juzgado Central de Instrucción número 6.

Ahora, el Supremo tendrá que decidir si abre una nueva causa contra el parlamentario europeo. Se le investiga ya por la difusión de una PCR falsa de Salvador Illa, en relación a la presuntamente financiación ilegal de su campaña de las últimas europeas y por acoso a una fiscal valenciana.

Recientemente, el alto tribunal rechazó investigarle por un delito de desórdenes públicos relación a protestas de Ferraz. Y, además, está pendiente que una jueza de Sevilla decida si eleva o no al TS el investigar al polémico político por haber vinculado al colectivo gitano con la trágica muerte del joven Álvaro Prieto.