La Abogacía del Estado dice que «sólo el pueblo español tiene derecho a decidir»

La declaración de soberanía que el pasado 23 de enero suscribieron CiU, ERC, ICV y la CUP además de cinco diputados del PSC en el Parlament de Cataluña, supone un «desafío abierto» a la Constitución.

La declaración de soberanía que el pasado 23 de enero suscribieron CiU, ERC, ICV y la CUP además de cinco diputados del PSC en el Parlament de Cataluña, supone un «desafío abierto» a la Constitución. Así lo explica el recurso de la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional y que el pasado 11 de abril tuvo entrada también en la Cámara autonómica. «Esta afirmación de soberanía del pueblo catalán es, ni más ni menos, que un acto de poder constituyente», «un desafío abierto contra la Constitución y especialmente contra una de sus cláusulas capitales» el precepto que recoge la unidad de la nación española.

La primera parte de la impugnación, la dedica la representación de los Servicios Jurídicos del Estado a legitimar la impugnación de la decisión del Parlamento catalán, ya que de ella se deriva «efectos jurídicos concretos y reales» que tienen relevancia en todos los « ciudadanos y ciudadanas de Cataluña» y a las relaciones entre el Parlamento y el Ejecutivo autonómico.

Posteriormente, entra a analizar el núcleo de la resolución soberanista. La conclusión de la Abogacía del Estado es clara: vulnera los artículos 1.2 –La soberanía nacional reside en el pueblo español–, 2 –unidad de la nación española–, 9.1 –los ciudadanos y los poderes públicos está sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico– y 168 -hay que seguir los trámites previstos para la reforma de la Carta Magna–. «No se necesitan demasiados razonamientos para demostrar la radical inconstitucionalidad del contenido de la resolución» citada, afirma al respecto la Abogacía del Estado.

Así, respecto al primero de esos preceptos, se afirma que declarar soberano «de presente y en el acto, al pueblo catalán» como «sujeto político y jurídico» constituye una «infracción evidente» de lo dispuestos en el art. 1.2 de la Constitución.

Además, añade en el recurso, reconocer la soberanía del pueblo catalán «supone atribuirle el derecho de secesión, que podrá ejercitar si esa es su voluntad; esto es, supone atribuir al pueblo catalán el poder de disolver, por su sola y exclusiva voluntad, lo que la Constitución proclama –en su art. 2– indisoluble, y dividir lo que la norma supremo declara indivisible».

De esta forma, la Abogacía del Estado viene a concluir que el «derecho a decidir» del pueblo catalán sólo podría existir cuando, culminada una reforma constitucional de acuerdo con lo dispuesto en el art. 168, «el pueblo español soberano lo reconociera, de acuerdo con el procedimiento constitucionalmente prescrito para ello». Por ese motivo, añade al respecto, no puede aceptarse que la titularidad de ese «derecho a decidir» esté ya atribuida, como se recoge en la resolución impugnada, al «pueblo de Cataluña, aunque deba encauzarse su ejercicio en un "proceso"».

Insumisión

Pero no sólo ello, sino que la mencionada resolución del Parlamento Catalán aparece como un «acto visible de insumisión a la Constitución», lo que supone un ataque frontal al art. 9 de la Carta Magna. Y es que, añade en este punto, «ninguna asamblea legislativa autonómica puede tomar una resolución para impulsar políticas de contradicción con la Constitución».

El resumen de todos los argumentos esgrimidos por la Abogacía del Estado los sintetiza en su párrafo final: «Sólo el pueblo español es soberano. Sólo el pueblo español, y no una de sus fracciones, puede ser "unidad ideal de imputación del poder constituyente y, como tal, fundamento de la Constitución y del Ordenamiento". Sólo después, no antes, de un nuevo acto constituyente del soberano pueblo español –que incluye al pueblo catalán y a todos los demás "pueblo de España", podría el pueblo de Cataluña, de manera jurídicamente legítima, declararse a sí mismo soberano. Sólo una decisión soberano del pueblo español podría reconocer de manera constitucionalmente válida la soberanía del pueblo de Cataluña».

Los partidos que apoyaron la declaración defendieron el texto y el presidente de ERC, Oriol Junquera, denunció que el Estado siempre se ha dedicado a «minimizar» la voluntad de los catalanes; mientras que la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, respondió que el recurso es legítimo puesto que la declaración de soberanía se sitúa fuera de la legalidad.

ERC no apoyará las cuentas de Mas

El nuevo objetivo de déficit que el Gobierno ha fijado para las comunidades autónomas no satisface a la Generalitat, que ya avisó el viernes de que no contempla hacer unos presupuestos con un límite del 1,2 por ciento del PIB. Pero aún convence menos a ERC, que ayer confirmó que no piensa apoyar unas cuentas con este objetivo de déficit. Básicamente, porque no está dispuesta a avalar unos recortes de 3.800 millones de euros, el ajuste que tendría que hacer la Generalitat con un límite de déficit del 1,2 por ciento, según cálculos de la Generalitat. ERC teme que para un partido de izquierdas, respaldar un recorte de estas dimensiones sería como clavarse las tijeras en el vientre.